La sociedad tiene conflictos y desafíos que superan ampliamente las capacidades de una Constitución para enfrentarlos. Las constituciones modernas no crean las sociedades a las que sirven, ni las conducen a voluntad. Pero tienen la misión de ofrecer un marco para construir un orden básico que asegure la paz, los derechos humanos y las condiciones de un bienestar equitativo. No es poco, pero no cabe el voluntarismo de pensar que la Constitución puede y debe proporcionar las fórmulas para superar de raíz todos los conflictos y sanar todas las heridas. Tampoco se justifica el pesimismo —común en estos días— que confunde las dificultades con la imposibilidad de ofrecer resultados razonables.
Al calor de su modernización, la sociedad chilena se ha complejizado y se ha incorporado a redes globales en forma acelerada. Hoy, nuestra diversidad, nuestros malestares y nuestras demandas ya no logran ser procesadas por las instituciones existentes.
Un claro ejemplo de ello es la
crisis del sistema político, diseñado para representar a grandes conglomerados sociales, como las clases o los gremios, integrados bajo una idea común de Estado, de mercado y de nación. Pero los cambios ocurridos en la vida cotidiana de las mayorías echaron por tierra los principios tradicionales de integración y crearon un mapa de identidades y divergencias que no cabe en los marcos tradicionales de cohesión política. Esta es una de las fracturas sociales profundas que atraviesa la política chilena: por un lado, reconocer y sostener la diversidad de identidades, valores y demandas sociales, y, por otro lado, proveer principios generales de integración social que hagan posible la cohesión social y den legitimidad a las autoridades comunes.
El debate constitucional no hace más que reflejar esta disputa. Lo vemos expresado en la contraposición entre movimientos y partidos políticos; entre el énfasis de las autonomías territoriales o la unicidad del Estado, o en la reflexión sobre las ventajas de la plurinacionalidad por sobre la unidad nacional tradicional.
En definitiva, es tiempo de aceptar que la tensión entre diversidad de identidades y la universalidad de ciertos principios normativos es un hecho estructurante de nuestra realidad social actual. Muchos grupos se entienden a sí mismos y actúan en el espacio público a partir de alguna de esas alternativas. El problema no es teórico ni técnico, ni puede ser solucionado automáticamente con la adopción de una norma institucional.
Entonces, ¿la nueva Constitución es impotente frente a este conflicto, deberíamos denunciarla por utópica y sentarnos a esperar alguna solución espontánea o impuesta por alguna minoría iluminada? Creo, por el contrario, que hay espacio para un realismo optimista. Realismo en cuanto
se deben bajar las expectativas de soluciones jurídicas para problemas sociales epocales. No busquemos en el nuevo texto la respuesta a los fantasmas obsesivos ni a los maximalismos reivindicativos. Optimismo en cuanto es razonable creer que podemos darnos reglas procedimentales básicas, que permitan que procesemos la dicotomía real y persistente entre identidades y universalidad. Un procesamiento sostenido que nos permitirá fortalecer paulatinamente nuestra cohesión y disposición a los acuerdos de largo plazo que requieren la paz, los derechos y el bienestar.
¿De dónde proviene esta confianza en el proceso constitucional? De una premisa esencial: la política puede recuperar su capacidad para procesar las disputas sociales basándose en principios y reglas lo más generales y permanentes posible y en acuerdos concretos apoyados por mayorías. Hay razones para esta esperanza: esa política fue lo que nos permitió salir de la dictadura, la que sustentó el acuerdo que encaminó el cambio constitucional, y es el camino con el cual estamos definiendo un nuevo pacto social con la amplia mayoría de los 2/3 del pleno de la Convención Constitucional. Aprobar ese marco es consolidar la eficacia de la política para equilibrar las identidades particulares y valores universales en el Chile de hoy.
