Los timoneles de la oposición
Emol
La campaña que lanzó el Ejecutivo para informar de cara al Plebiscito de salida de septiembre generó diversas reacciones en entre los partidos políticos y también en la misma Convención. Mientras que desde la UDI, Evópoli, RN y el Partido Republicano acusaron "intervencionismo electoral" y anunciaron que recurrirán a Contraloría, quienes defienden su contenido aseguran que se trata meramente de difusión de información.
Esto porque el video principal difundido este sábado hace foco en cuántas personas redactaron las constituciones de 1822, 1833, 1925, 1980, y cuando llega a la de 2022, una voz en off afirma que "el proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia más de 15 millones podrán decidir si votan Apruebo o Rechazo".
"El único límite que tiene una autoridad pública para no caer en intervencionismo electoral es no usar recursos de todos los chilenos ni sus horas de trabajo para hacer campaña por su opción electoral.
Ese límite ha sido superado", acusó Javier Macaya, presidente de la UDI.
"Esto se tendrá que ver en los canales legales correspondientes, en la Contraloría y otras instancias pertinentes", afirmó.
Lo mismo señaló Francisco Chahuán, presidente de RN, quien sumó que "una cosa es la información respecto del derecho que tiene cada chileno y la obligación de sufragar, y otra muy distinta es atribuirle un valor positivo a un texto que no reúne las características necesarias para asegurar las libertades y bases de la institucionalidad democrática".
En esa misma línea, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, declaró que "la única función del Gobierno es informar y facilitar el proceso hacia el plebiscito de salida y no intencionarlo políticamente con los recursos de todos los chilenos. Pondremos a disposición toda la información para que sea la Contraloría la que evalúe si por el tono y el contenido del video, estamos frente a intervención electoral".
En tanto, la convencional de Vamos por Chile, Bárbara Rebolledo, reafirmó la idea del "intervencionismo" y afirmó que el Gobierno abandonó la neutralidad "que le exigieron a la administración anterior". "Chile pide orden público, seguridad y trabajo, no gastar $700 millones en propaganda por la opción del Presidente", tuiteó Rebolledo.
Asimismo, la bancada del Partido Republicano sostuvo que "rechazamos la propaganda política realizada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y por la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, destinada a desinformar a la opinión pública y adoptar un posicionamiento en la materia que será objeto de consulta en el Plebiscito del próximo 4 de septiembre".
Adelantaron que van a "presentar un requerimiento en la Contraloría General de la República y una denuncia en el Servicio Electoral de Chile, en contra del Presidente Gabriel Boric y de su Gobierno, para que se fiscalice, investigue y sancione la propaganda de desinformación y posicionamiento electoral que se ha comenzado a desplegar desde hoy".
