David Bravo fue presidente de la comisión asesora presidencial del gobierno de Michelle Bachelet sobre el sistema de pensiones, la cual pasó a la historia con su nombre: la siempre citada "comisión Bravo". El economista y actual director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC ha sido un espectador privilegiado del desarrollo de políticas públicas del país y sigue de cerca el debate constitucional.
Sobre el proceso, dice, su estado de ánimo inicial fue "optimista al momento de votar Apruebo y en el inicio de la Convención Constitucional", pero confiesa que "actualmente este ha mutado a una mezcla de frustración, por la pérdida de la oportunidad única que tuvimos con este proceso, y de preocupación por lo que se vislumbra para el futuro".
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¿Cuál es su balance del trabajo de la Convención y de los convencionales?
—Más que del proceso ahora debemos enfocarnos en los resultados: los 499 artículos. A eso me gustaría referirme con más detalle.
—El resultado parece que no será "la casa común", sino más bien una elección bastante polarizada. ¿Le preocupa o es parte de lo esperable?
—No cabe duda que desde octubre de 2019 hemos estado enfrentando una situación crítica como país, de fuerte división, cuya resolución va a marcar el devenir de las próximas décadas. Recuerdo otro momento crítico, en 1990, cuando asume el Presidente Aylwin: las décadas de progreso que siguieron se fundamentaron en el acuerdo político y el liderazgo que representó hacia la unidad nacional —civiles y militares, acuerdos sociales, etc.—. La Convención representaba un camino para construir unidad en esta etapa crítica, lo que creo no ha ocurrido.
—De lo que ya salió en el borrador, ¿vamos camino a una buena o a una mala Constitución?
—Si se plasma un texto final en base a lo que se ha mostrado en los 499 artículos, me parece que hay peligros importantes en el ámbito económico que pueden afectar seriamente la buena voluntad expresada en los objetivos y los derechos enunciados en la Constitución.
—¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan?
—Hay varios aspectos en el ámbito económico que son preocupantes. Primero, creo que la propuesta constitucional comprometerá seriamente la disciplina fiscal. Ello, porque se elimina la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias que implican gasto fiscal y tributos. Se cambia por la necesidad de concurrencia presidencial. Esto significa que, con el mayor poder que tendrá la Cámara de Diputados, podemos esperar fuertes presiones al Poder Ejecutivo. Esto afectará el gasto fiscal y se acerca peligrosamente a la situación histórica del país previo a 1970 donde fue muy difícil la disciplina fiscal y el control de la inflación consiguiente. Como esto comenzará a regir durante estos años, creo que comprometerá también, por supuesto, la gestión que puedan hacer el Presidente Boric y el ministro Marcel.
"Segundo, se elimina la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de seguridad social, sin siquiera considerar una concurrencia presidencial. Esto es objetivamente grave porque no solo significará la certeza de la vuelta de los retiros de fondos previsionales, ahora solo con quorum de mayoría, sino que también creo que dificultará la discusión y aprobación de la reforma de pensiones del Gobierno. Además, que los quorum sean tan bajos implica que se podrán cambiar aspectos sustantivos del sistema de pensiones con una simple mayoría poniendo en peligro su sustentabilidad. Esto es un error mayor".
—¿Y en el plano laboral?
—En esa materia se establece la negociación colectiva y la huelga por rama de actividad según la decisión de los trabajadores. Esto tendrá un fuerte impacto en la conflictividad laboral, que no estará restringida a los períodos entre negociaciones como es hoy. El impacto será sin lugar a dudas más sustantivo sobre las pequeñas y medianas empresas.
—¿Y en otros ámbitos económicos?
—Hay otros elementos como el tratamiento de los derechos de agua, los cambios para el sector minero y la polémica sobre las expropiaciones y su compensación que están adicionando incertidumbre relevante para cualquier inversionista nacional y extranjero. ¿Cómo se podrá aumentar el empleo y los salarios si no hay crecimiento económico?
"Todos los aspectos económicos que he mencionado, por separado, en sí marcan un quiebre de tendencia respecto del país que hemos conocido en las últimas décadas hacia un futuro de estancamiento. Pero son varios juntos".
—¿Qué aspectos del borrador le parecen bien resueltos?
—Comparto y creo que es muy interesante el consagrar la democracia paritaria, la interculturalidad, mecanismos de democracia participativa; y referirse a los derechos de las personas con discapacidad. También simpatizo con la formulación de Chile como un Estado social de derechos e incluso avanzar hacia un Estado regional. Sin embargo, en estos dos últimos casos creo que es fundamental asegurar la progresividad y la sustentabilidad fiscal de dichos derechos así como preocuparse de las implicancias sobre la disciplina fiscal de las entidades regionales.
—En el sistema político, ¿hay más peligro de ingobernabilidad o de autoritarismo?
—En el ámbito político es bastante evidente que se apunta hacia un sistema con menos contrapesos entre las distintas instituciones y con una pérdida en la representatividad al institucionalizar los cupos de pueblos originarios en la modalidad implementada para la Convención. Considero un error grave la acumulación de atribuciones en la Cámara de Diputados y el debilitamiento del actual Senado así como el de los Tribunales de Justicia.
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¿Es la plurinacionalidad un problema o una oportunidad?
—No entiendo bien por qué se escogió la plurinacionalidad. Desde el punto de vista económico creo que no debe subestimarse la magnitud del cambio asociado al reconocimiento al derecho a la autonomía y al autogobierno, a sus propios sistemas de justicia, y al reconocimiento de tierras, territorios y recursos de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Esto genera una fuente de incertidumbre enorme hacia adelante a los actuales habitantes de las zonas cuya delimitación puede ser de poca definición así como también un freno a la inversión en el país. En vez de mayor unidad nacional se puede generar mayor división y sabemos que en este ámbito la violencia es una consecuencia lamentable.
—Se ha instalado que los derechos sociales deben estar garantizados. La experiencia muestra que muchos países, mayoría de latinoamericanos, que tienen aquello no los logran satisfacer adecuadamente. En cambio, otros, mayoría de europeos, no los tienen pero los satisfacen muy adecuadamente. ¿Debiéramos haber aspirado mejor de "aspiraciones sociales"?
—Me parece que es necesario hablar con la verdad siempre. Y en esta materia, la explicitación de importantes derechos sociales debe hacerse al mismo tiempo con su condicionamiento a los recursos del país. Creo necesario que ello se hubiera explicitado en el texto. Y, por lo tanto, me preocupa que las personas piensen que una vez aprobada la Constitución ellas tienen un vale para ir al Estado a cobrar su derecho, porque se puede desatar mayor frustración. Me preocupa también que esto se traduzca en judicialización extrema para hacer valer estos derechos.
—¿Le parece que hay trampas? Por ejemplo, cuando no se elimina la educación particular, pero no se estipula que deberá existir financiamiento.
—No quisiera añadir adjetivos a una discusión que ya encuentro suficientemente cargada.
—El preámbulo, ¿instala el octubrismo como el punto de partida?
—Parte importante de los problemas que visualizo con el texto de la Constitución se basan en que se plantean soluciones con poco fundamento, básicamente exacerbadas por un mal diagnóstico que viene de octubre de 2019. En ese entonces se popularizó el que “no son 30 pesos sino 30 años” realizando una crítica infundada a un período muy positivo de nuestra historia, reconociendo la multiplicidad de problemas que tenemos por enfrentar. El preámbulo del texto constitucional continúa, a mi juicio, con esa exageración y mal diagnóstico, y pareciera incluso decir "no son 30 años sino que 200 años".
—¿Qué opina de que Fernando Atria hable de que los senadores no serán "leales" con la nueva Constitución y de la polémica de los dos tercios?
—Un mal ejemplo de una labor de ciudadanos que tenían que aportar con unidad para incrementar la confianza en Chile y sus instituciones y que aporta solo desconfianza. La asimetría de los dos tercios no tiene explicación sino en la desconfianza.
—Si gana el Rechazo, ¿cual debiera ser el "plan B"?
—Creo que será un fracaso del proceso que gane el rechazo o bien que se apruebe por un margen estrecho. El plan B debe ser tener una nueva Constitución aprobada por amplia mayoría. Después del 4 de septiembre, si ese no es el caso, el Ejecutivo y el Poder Legislativo así como los partidos políticos deberán generar un consenso para que ello ocurra.
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¿Tiene decidido su voto?
—Tengo claro que tenemos que elegir entre el texto que hoy conocemos en su versión de los 499 artículos y la actual Constitución. Si la alternativa fuera no la actual Constitución sino que la Constitución de 1980 original, que incluía un conjunto enorme de amarres de la Dictadura, no tendría más opción que votar Apruebo.
"Sin embargo, la alternativa es la actual Constitución que es muy distinta a la original de 1980. Y creo que el país puede darse una mejor versión de la Constitución actual tomando una buena parte de lo que ha salido en la Convención, pero sin comprometer la efectiva implementación de los derechos sociales en la que lo han puesto los 499 artículos. Esperaré la versión final con los artículos transitorios y la armonización. Pero si los problemas antes mencionados se mantienen, considero un deber rechazar en el plebiscito para poder aprobar una nueva Constitución que nos debería acompañar en el futuro sin comprometer nuestro desarrollo".
