Luego de un extenso debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el Gobierno logró la aprobación de la solicitud de prórroga del estado de excepción constitucional que está vigente en las provincias de Arauco y Biobío y la Región de La Araucanía, la primera realizada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Pese a que hubo algunos parlamentarios oficialistas que votaron en contra, la iniciativa contó con el respaldo mayoritario de los miembros de Apruebo Dignidad (Chile Digno y Frente Amplio) y el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR), quienes coincidieron en la efectividad de la medida para disminuir los hechos de violencia en la macrozona sur.
Asimismo, existió una buena evaluación respecto a la ejecución del Plan Buen Vivir que fue diseñado por el Ejecutivo, el cual busca intensificar la llegada del Estado a las zonas afectadas por atentados incendiarios y otros delitos. Sin embargo, la duda que ahora se abre es por cuánto tiempo se debe extender la presencia militar en la zona.
Mientras en Apruebo Dignidad insisten en que la extensión del estado de excepción no debe extenderse más allá en el tiempo, en el Socialismo Democrático están por apoyar su prórroga por el tiempo que sea necesario, mientras existan actos delictivos graves en los territorios que son reclamados por el pueblo mapuche.
La primera señal al respecto la dio el jefe de la bancada de diputados del FA, Gonzalo Winter (CS), quien señaló que "los estados de excepción, si uno mira su nombre, deben ser estrictamente excepcionales", junto con recalcar que la decisión de alargar su vigencia debe estar supeditado al éxito del Plan Buen Vivir.
"Nosotros creemos en el Plan Buen Vivir, es una medida innovadora, de avanzada y que cambia el rumbo de la forma en que los gobiernos se habían relacionado con esta zona y creemos, la mayoría de nuestra bancada, que la forma de implementar el plan buen vivir y los proyectos de dialogo que están avanzando correctamente", agregó.
En ese contexto, Winter remarcó que
"confiamos en que nuestro Gobierno va a aplicar el estado de excepción excepcionalmente y con estricta atención a los DD.HH.", además de recordar que "hay parlamentarios dentro de la bancada del FA que creen que esto (el Plan Buen Vivir) se puede hacer sin un estado de excepción".
Una mirada similar planteó la diputada Alejandra Placencia (PC), quien a nombre de la bancada de Chile Digno (PC, FRVS) indicó que "dentro de nuestras intervenciones así lo hemos planteado, el estado de excepción y las medidas, que justamente son excepcionales dentro de este periodo, se van evaluando semana a semana".
"Eso, en el caso de nuestro comité, por supuesto también va a ser parte de los puntos de evaluación. Cuando veamos que esto (el estado de excepción) ha ido instalándose y avanzando las medidas integrales, debería ir retrocediendo la acción de intervención militar en la zona o policial", agregó.
Desde RD, en tanto, el diputado Jaime Sáez, destacó que "el estado de excepción constitucional y el consiguiente despliegue de las fuerzas armadas, ha implicado una objetiva baja en los hechos de violencia y ha permitido ganar tiempo. No obstante, se han registrado hechos de violencia que le han costado la vida a algunas personas".
"Esto indica que, evidentemente, la militarización en el sur del país no es la solución al conflicto y que más bien responde a la incapacidad que tenemos de, mediante el uso y el control de las policías, poder establecer mayores condiciones de orden y seguridad en términos generales", enfatizó.
La mirada en el PS, PPD y la DC
Una vez que se aprobó la prórroga en la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada del PS, Marcos Ilabaca, valoró la decisión de la sala y destacó que "el trabajo que se está desarrollando en La Araucanía va en un camino correcto. Creemos que el establecimiento de estas dos medidas deben ir caminando hacia delante".
En ese contexto, el legislador socialista manifestó que "debe estudiarse la posibilidad de aplicarse un Estado de Excepción Constitucional completo, tal como la Constitución establece. Esperamos ver cómo avanza la aplicación de esta prórroga para poder ver en el futuro -espero- a los delincuentes con menos espacios donde movilizarse".
En la misma línea, el diputado independiente que es parte de la bancada del PPD,
Jaime Araya, sostuvo que "hay dos lecturas respecto de la excepcionalidad, una temporal, que uno pueda decir que es un tiempo más o menos restringido, y otra tiene que ver con la excepcionalidad de las condiciones".
"Me parece que nosotros tenemos que considerar todo el tiempo que sea necesario excepcional", agregó, junto con advertir que la medida debe permanecer siempre que exista gente "que actúe de manera terrorista, o sea, que dispare y mate gente sin ninguna razón, que se corten rutas, que haya bloqueo de rutas principales".
Una mirada intermedia planteó el senador de la DC, Francisco Huenchumilla, quien si bien no es oficialista, se alineó de alguna forma con aquellos que tienen una mirada más crítica de la presencia militar y su colaboración con las fuerzas policiales en el control del orden público en la macrozona sur.
"Siempre he dicho que los estados de excepción tienen dos problemas. Uno, que es un remedio para los síntomas de la enfermedad política y social que tenemos en el sur, y además involucramos a las fuerzas armadas en tareas que no son propias de ellas, porque en el fondo les estamos diciendo que se encarguen del orden público", dijo.
En ese sentido, lamentó que "eso no ha resultado, aquí está pendiente la tarea de los gobiernos de distinto signo que nunca han querido entrar al fondo del tema, que tienen que darle satisfacción con una respuesta concreta respecto de la usurpación de las tierras que hicieron del pueblo mapuche y el rol de las forestales".
"El estado de excepción es una medida que puede dar cierta tranquilidad en el instante, porque violencia hay en el sur, pero no es la solución de fondo", recalcó.
