Prensa Bancada Republicanos.
Bajo el nombre de "Ley Karina Oliva", en alusión al bullado caso de la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana indagada por presuntas irregularidades en su rendición de gastos de campaña, la bancada de diputados Republicanos impulsa una iniciativa que busca sancionar penalmente a las empresas y directivos que emitan boletas por servicios no prestados y que participen en financiamiento ilegal de la política.
"La presente iniciativa busca incluir dentro de la responsabilidad de las personas jurídicas aquellas personas jurídicas que se presten para cometer fraude a la Ley de Gasto Electoral -como el caso de la señora candidata Karina Oliva y su Fundación Chile Movilizado- y en adición incluir la responsabilidad penal de los directores, dueños y administradores de dichas personas jurídicas", se lee en texto al que tuvo acceso Emol.
En concreto, el proyecto del jefe y de la subjefa de la bancada de Republicanos, Cristóbal Urruticoechea y Chiara Barchiesi, modifica la Ley N°20.393 para establecer la responsabilidad penal de las personas naturales y jurídicas por fraude al Fisco y otros delitos en la rendición de cuentas de campaña electoral.
La iniciativa además hará cambios en el artículo 97 del Código Tributario, estableciendo que aquellas entidades con o sin fines de lucro que emitan facturas o boletas con el propósito de obtener reembolso electoral por servicios que no prestaron, se exponen a la disolución de la fundación o empresa.
Con ello, sus directivos o administradores podrían ser sancionados con una multa que va desde las 50 hasta 1.000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir, entre $2,8 millones y $56 millones.
Esto, sin perjuicio de otras sanciones como, por ejemplo, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y pérdida de beneficios fiscales u otras sanciones que ya están contempladas en la Ley Electoral.
El jefe de la bancada, Urruticoechea indicó que "las campañas son el puente, el medio para que los chilenos conozcan y elijan quién los representará como autoridad. El financiamiento de éstas debe ser totalmente transparente. Una parte importante está financiada con fondos públicos, con impuestos de todos, por lo que con mayor razón se exige claridad en su rendición".
En este sentido, el parlamentario afirmó que "el Frente Amplio, que por años basó su discurso politizando las necesidades de las personas, diciendo que venían a democratizar la política, sólo la han vulgarizado con más, con un relato donde no existe claridad sobre el destino de algunos montos de dinero. Hoy tenemos el episodio de Karina Oliva, que ha dado declaraciones públicas pero eso no basta, más aún cuando se sabe que hay más de un candidato involucrado".
Por su parte, la subjefa de bancada, Barchiesi acusó que "hemos visto públicamente cómo Karina Oliva admitió que recursos económicos asignados a su campaña política, fueron a parar al financiamiento de campañas de alcaldes e incluso diputados, amigos suyos, que hoy se encuentran en la Cámara Baja. Si bien ella ha deslizado responsabilidades de su jefa de campaña y aún no hay total claridad de los nombres, no podemos dejar pasar este tipo de irregularidades y menos que sean desviados con otros temas".
"El caso particular de las boletas de Oliva y su financiamiento irregular reflejan varias cosas con respecto a lo que estamos viviendo como país. Cosas como que nos prometieron una 'generación nueva sin manchas en política'. El Frente Amplio nos prometió un Gobierno nuevo con una lista de supermercado de sueños y beneficios sociales. Nos prometieron una convención constituyente con la lista de deseos del Viejito Pascuero. Pero la realidad es otra. Nada de eso es verdad y no podemos permitir que se vuelva a repetir", puntualizó la diputada.
