"Como Gobierno estamos trabajando firme y vamos a abordar el problema de la delincuencia sin complejos y como prioridad de Estado", dijo este jueves el Presidente Gabriel Boric, luego de presentar los detalles del plan nacional de seguridad de su administración desde la Región de Arica y Parinacota.
Tras el encuentro, realizado en el Liceo Artístico Juan Noé de Arica, el Mandatario destacó que se concordaron más de una treintena de medidas para combatir el crimen, subrayando que "tal como lo he dicho, durante toda esta gira a Arica, no vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganando espacio".
Entre sus principales conclusiones, el informe elaborado por el Ejecutivo en conjunto con las principales autoridades políticas, judiciales, de persecución penal, policiales y del sector público y que estará vigente hasta 2026, está la necesidad de fortalecer las instituciones y la gobernanza en materia de seguridad pública y prevención del delito.
Asimismo, el plan pretende mejorar la información disponible, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos, entre otras iniciativas.
Por ejemplo, en materia administrativa y legislativa, destacan el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante el mes de julio de indicaciones para su tramitación, avanzar en la reforma a las policías y a la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad.
También se incluyó el impulso a la Ley de Seguridad Privada y crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.
En el ámbito de Prevención del Delito, el Gobierno busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad.
Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades y se implementará una redistribución de los recursos policiales.
El documento también señala que se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios y se crearán grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados "Delitos de Mayor Connotación Social" con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Otras medidas
En materia de protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se ampliará el número de centros de atención para ellas y los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una política nacional para el combate frontal a estas organizaciones y desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.
En control de armas, proponen fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.
En cuanto a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
Adicionalmente, el plan contempla una serie de medidas de orden público y recuperación de espacios públicos, con acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito en espacios públicos, entre otras.
Cabe destacar que en el Consejo Nacional realizado hoy participó la ministra del Interior, Izkia Siches, los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el general director de Carabineros y el director de la PDI; entre otros.
Además, la instancia se amplió con la presencia de los ministerios de Vivienda y de la Mujer, más los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipios Rurales, así como a la Defensoría de la Niñez, entre otros.
