"La prioridad se centra en canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido hacia insumos, hacia maquinarias". Esos fueron los últimos dichos con los que Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) volvió a dar cuenta de los objetivos de la organización y, de paso, reabrir el debate respecto a las acciones del Gobierno frente a lo que, para algunos, son expresiones de amenazas.
Los dichos, se dieron sólo tres días después que el Tribunal Constitucional desechara por 4 votos contra 1 declarar inconstitucional a la CAM. En conversación con Werkén Noticias, Llaitul además dijo que los medios de comunicación "deberían retratar que nosotros respetamos la vida de los trabajadores (...) les explicamos que el problema no es con ellos, es con las empresas capitalistas que están devastando nuestro territorio".
El Gobierno, de todos modos, ya descartó presentar una querella en contra de Llaitul, y llamó al Ministerio Público a iniciar una investigación por las demandas ya cursadas bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto, pese a que ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, advirtió que el Ejecutivo debe presentar una nueva querella en contra del dirigente mapuche para iniciar una indagatoria.
El pasado 11 de mayo, Llaitul también causó revuelo tras llamar a "organizar la resistencia armada", en medio del debate que por entonces buscaba instalar el gobierno de un "estado intermedio", como parte de los intentos fallidos para no instalar un estado de excepción en la macrozona sur.
En aquella oportunidad, el líder mapuche planteó que la iniciativa de La Moneda era "la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el Gobierno lacayo de Boric. A preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche", sostuvo.
En respuesta a ello, pese a las presiones para que el Gobierno presentara una querella, el Presidente Gabriel Boric respondió que "nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas o declaraciones". Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que resultaba más eficaz incorporar el antecedente "a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva".
Luego de los dichos de Llaitul, uno de los fundadores de la CAM,
José Huenchunao, salió a respaldar los dichos del dirigente en una entrevista con Sala de Prensa, donde precisó que "
hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, resistir e incorporar las armas si es necesario. No hay ningún pueblo que se haya liberado de otra manera". Asimismo, planteó que "nosotros tendremos que apoderarnos de los colegios en territorio mapuche y decir qué se enseña de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo".
En abril, el dirigente planteó que la ministra del Interior, Izkia Siches, ya no era considerada como una "interlocutora válida" para dialogar con el Gobierno. Esto, luego que la secretaria de Estado anunciara el aumento de dotación policial y la inversión de mil millones de pesos en drones para incrementar la vigilancia en las regiones del Biobío y La Araucanía. "Con esta posición que asume, nosotros ya no la consideramos ninguna interlocutora válida para poder establecer algún acercamiento", sostuvo Llaitul.
En conversación con Werkén Noticias, también había descartado la apertura de la CAM a dialogar con el entonces Gobierno entrante. "Nosotros ya dimos cuenta en un comunicado que no tenemos la más mínima intención de dialogar, sobre todo cuando hay discursos de este tipo en que, de alguna manera, se trata de hacer un parangón artificioso con la violencia que impone el Estado y, supuestamente, con la violencia que ejerce la resistencia mapuche a la hora de confrontar con los intereses de los bienes capitales y contra la represión que se ejerce de manera brutal y criminal en el Wallmapu", remarcó.
