"Reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha" fue una de las principales frases de la declaración que publicó el 30 de diciembre de 2021 el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en la cual la organización declaró su rechazo al gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En esa oportunidad, el dirigente criticó que la administración entrante, que había logrado hace solo una semana su paso a La Moneda, "nace pactado con la relación inter-burguesa nacional e internacional", cuestionando además "a la nueva izquierda 'hippie, progre y buena onda' y que hoy celebra un gobierno socialdemócrata".
Esa fue la primera notificación realizada por la CAM al nuevo Ejecutivo, provocando la primera diferencia interna sobre este tema. Tras conocer la postura de Llaitul, la ex jefa de campaña de Boric y futura ministra del Interior, Izkia Siches, expresó que la voluntad del nuevo Gobierno sería de
"diálogo con todos, incluida la CAM".
Sin embargo, sus expresiones fueron matizadas por el entonces Mandatario electo, quien, desde Punta Arenas y en la antesala del año nuevo, aclaró que en el Gobierno "vamos a conversar con todos aquellos que estén por el camino de la paz", evidenciando de ese modo la primera vacilación sobre el tema.
La advertencia de Llaitul complicó desde un comienzo la estrategia que Boric delineó en su programa de gobierno para hacer frente a la escalada de violencia en la macrozona sur en el contexto del conflicto mapuche, cuyos ejes serían la apertura del dialogo político y la desmilitarización de los territorios del Wallmapu.
De hecho, el lunes 14 de marzo, el jefe de Estado anunció que si bien no renovaría la medida implementada por su antecesor en el cargo, Sebastián Piñera, tampoco lo iba a suspender antes de su cierre. "Hay que hacer un retiro ordenado de las fuerzas militares", argumentó, aunque tiempo después tuvo que cambiar de postura.
Temucuicui y un nuevo portazo
Al día siguiente, Siches emprendió un viaje a La Araucanía, con el objetivo de iniciar las conversaciones con líderes del pueblo mapuche con miras a lograr la paz en la zona. Sin embargo, su gira terminó con una emboscada cuando se dirigía a Temucuicui a visitar a Marcelo Catrillanca, padre del joven mapuche asesinado en 2018.
Se trató de la segunda advertencia para el Ejecutivo, pero no la última, ya que dos semanas después se sumó una nueva declaración de la CAM. El domingo 3 de abril, el vocero de la agrupación, Juan Pichún, reiteró los cuestionamientos contra el Gobierno asegurando que su estrategia posee "claras limitaciones políticas e ideológicas".
En ese momento, el
subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recogió el guante y respondió que "si leyera el comunicado de la CAM o escuchara lo que dijo su vocero ayer (Juan Pichún), diría o están desinformados o es parte de una estrategia de instalar versiones falsas con el objeto de dificultar el diálogo".
Diez días después reapareció Llaitul, descartando a Siches como contraparte, luego de que la secretaria de Estado anunciara el reforzamiento del equipamiento de las policías en la zona del conflicto. "Con esta posición que asume, ya no la consideramos interlocutora válida para establecer un acercamiento", dijo.
Luego se aproximó el debate sobre la necesidad de renovar el estado de excepción en la macrozona sur, en medio de las presiones de los gremios de camioneros y otros actores locales que protestaron por la violencia en la provincia de Arauco, Biobío y La Araucanía. La discusión generó una división en las dos coaliciones oficialistas.
Mientras en Apruebo Dignidad existían dudas sobre solicitar el apoyo de las FF.AA., en el Socialismo Democrático defendieron la necesidad de usar esa herramienta. En el intervalo, el 11 de mayo, Llaitul realizó un llamado a las armas: "A preparar las fuerzas y la resistencia armada por la autonomía por el territorio y para la nación mapuche".
Reacción en La Moneda
En ese momento, el Gobierno endureció el tono con el líder de la CAM. La vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, condenó sus expresiones, pero advirtió que insistirían con la vía del diálogo. "Estas amenazas no nos parecen, y cuando tengamos que poner mano dura, ocuparemos las herramientas de la ley", advirtió.
"El llamado es grave, porque no nos podemos permitir enfrentamientos, porque estamos buscando una legislación que nos permita la protección y resguardo de rutas específicas, no solo por la seguridad, para poder llegar con servicios del Estado a comunidades alejadas por rutas interrumpidas", añadió.
El 16 de mayo, el Presidente Boric finalmente decidió decretar un estado de excepción "acotado", argumentando que su administración iba a actuar
"sin complejos ideológicos, como corresponde a un Jefe de Estado y a la vez llevando adelante un plan para abordar el tema de fondo", en referencia a la estrategia de "buen vivir".
Sin embargo, no hubo intención de condenar las amenazas de Llaitul por la vía jurídica, salvo por los comentarios de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien afirmó si se presentaría una querella en contra del líder de la CAM. "Obviamente que sí. Aquí vivimos en un Estado de Derecho".
"En una democracia como la que tenemos, no se puede alzar en armas contra el Estado ningún grupo (…) se van a concretar una serie de medidas para mejorar la seguridad que van a ser anunciadas mañana o pasado por el Ministerio del Interior", afirmó, lo que después fue desmentido desde esa cartera.
"No es necesario ir sumando querella sobre querella, nosotros vamos a aportar antecedentes a la denuncia que se hizo el año 2021 (…) respecto de las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas", explicó Monsalve.
Cambio de postura
El 19 de mayo, en tanto, en una actividad efectuada en Alhué, el Mandatario confirmó esa visión, señalando que "puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometen delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley (...). Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones".
Posteriormente, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Siches, fue consultada por las facultades de la fiscalía para investigar las declaraciones de Llaitul. Allí aseveró que "existen ya varias denuncias y querellas disponibles, en la cual la fiscalía al pasar los años no ha obtenido mayores resultados".
Dos semanas después, la ministra fue citada ayer a una sesión especial de la Cámara por no querellarse por los dichos del Llaitul, reiterando ante la instancia la intención del Gobierno de sumar los antecedentes a causas anteriores.
"No debemos caer en esa trampa ni en esas provocaciones", aseguró.
Sin embargo, un compendio de todas esas posturas se registró entre este martes y miércoles, donde varios ministros de Estado expresaron posturas distintas sobre una nueva intervención del líder de la CAM en la que incluso se adjudicó la realización de atentados contra maquinaria de empresas forestales.
Fue así que, en la tarde de este martes, la ministra Vallejo sostuvo que el Gobierno seguiría empujando "una salida política" al conflicto en la macrozona sur, mientras más tarde su par de la Secretaria General de la Presidencia, Giorgio Jackson, reiteró la posición de Boric al señalar que "este gobierno no va a perseguir ideas".
Finalmente, Siches indicó en la mañana de ayer que el Ejecutivo esperaba que el Ministerio Público cursara una investigación sobre Llaitul, pero después en la tarde, a eso de las 18:30 horas, terminó admitiendo que "los dichos son constitutivos de delito", por lo que anunció la ampliación de las querellas contra el dirigente.
