El miércoles en la tarde, y luego de una serie de presiones y críticas desde la oposición y autoridades de la macrozona sur, el Gobierno rectificó y anunció la ampliación de querellas relacionadas con la violencia rural en la zona, para que el ministerio Público investigue los dichos del líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Esto, luego que el dirigente mapuche
reivindicara una serie de ataques ocurridos en la zona en las últimas semanas, y además señalara en una entrevista con Werkén Noticias que "la prioridad se centra en canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido hacia insumos, hacia maquinarias"; dichos que fueron nuevamente interpretados como una provocación y amenazas explícitas.
Así, pese a que durante la mañana la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo afirmó que el Gobierno "ya había fijado postura" frente al tema y luego que el ministro de la Segprés, Giorgio Jackson recordara la frase que utilizó en mayo el Presidente Gabriel Boric, "este no es un Gobierno que vaya a perseguir ideas"; a eso de las 18.30 horas la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la ampliación de una querella ya interpuesta.
La querella de 2018
"Hemos optado por ampliar nuestra querella como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica y nos permite avanzar", sostuvo la secretaria de Estado, quien al otro día entregó más detalles de la acción y aclaró que "en este caso en particular, hemos ampliado esta querella sumándonos a una querella presentada en 2018, por Ley de Seguridad del Estado, artículo sexto, letra C, que ya está presentada".
La querella de julio de 2018 -durante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera- había sido presentada inicialmente contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por asociación ilícita terrorista. Según consigna El Mercurio, a partir de enero del año siguiente, la organización emitió distintos comunicados donde reivindicó ataques forerstales y se adjudicó algunos de ellos.
Frente a ello, la administración del ex Mandatario presentó en paralelo una acción penal por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resultaran responsables, y esos hechos terminaron por acumularse a la causa de 2018.
En tanto, en julio de 2021, dicha querella se amplió contra Héctor Llaitul y Juan Pichún. "El jueves presentamos un escrito con una puntualización específica respecto de dos personas, Héctor Llaitul y Juan Pichún, en calidad de imputados como líderes de esta organización ilícita terrorista llamada CAM", según confirmó al citado medio el 17 de julio del año pasado el ahora ex coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar.
Según detalló, la petición del Ejecutivo fue que "sean interrogados respecto de diversos hechos ligados a la asociación ilícita terrorista y, en virtud de ello, perseguir su detención".
El artículo sexto de la ley de Seguridad del Estado define los contra el orden público. En su letra c), apunta a que cometen este delitos "los que inciten a destruir inutilizar, interrumpir, o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública".
Siches también explicó que "es una definición que se toma para perseguir los delitos y frente a estas últimas declaraciones (de Llaitul). Acá hay una adjudicación de lo que han sido hechos constitutivos de delitos en las últimas dos semanas y, en ese mismo tenor, creemos necesario que el Ministerio Público investigue y esclarezca la responsabilidad en los últimos atentados incendiarios".
