Falta de tiempo para hacer campaña y dificultades para conseguir votos para postular a cargos internacionales fueron algunos de los argumentos que consideró el Presidente Gabriel Boric para no respaldar la candidatura del abogado Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Entre las razones, la cancillería también señaló que "el escenario de intercambio de apoyos –mecanismo a través del cual un país respalda la candidatura de un tercero a cambio del voto en una elección de su propio interés– es particularmente preocupante para la candidatura de Chile al Consejo de DD.HH." de las Naciones Unidas.
De esa forma, notificó del interés por destinar todos los esfuerzos al ingreso del país a esa instancia, decisión que fue adoptada por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera en 2021. "El apoyo que le ha prestado el actual gobierno debe entenderse
como una política de Estado y una prioridad de la agenda de política exterior", señalaron.
La determinación fue cuestionada por ex cancilleres y actores diplomáticos, quienes han hecho ver tanto en público como en privado que un cupo en la Corte es mucho más relevante que sumarse a un consejo en el que Chile ya ha sido parte en tres periodos: En 2008-2011; 2011-2014; y 2017-2020.
No obstante, el tema de DD.HH. es uno de los ejes de la política exterior del Ejecutivo, lo cual fue refrendado el 5 de mayo pasado, cuando la titular de la cartera, Antonia Urrejola, presentó formalmente la candidatura al órgano con sede en Ginebra, en compañía de su par de Justicia, Marcela Ríos.
En esa oportunidad, la secretaria de Estado dijo que "esta candidatura tiene como base el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los DD.HH., el fomento de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable, ejes rectores de nuestras políticas públicas y también de nuestra política exterior".
"La perspectiva de DD.HH. atraviesa transversalmente a las políticas públicas y a las relaciones internacionales. La conciencia de esa realidad, así como el compromiso profundamente democrático del Gobierno de Chile en este sentido,
ha sido manifestado de manera explícita por el Presidente Gabriel Boric", agregó.
Asimismo, Urrejola recordó que "Chile ha participado activamente en paneles, resoluciones y mecanismos en un amplio espectro de tópicos relativos a DD.HH., tales como la prevención de la tortura, el derecho a la verdad, justicia y reparación y la promoción y protección de los derechos de los niños", entre otros.
En esa línea, recalcó que "tenemos la convicción de que el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos, juegan un rol muy concreto y central en la alerta temprana y prevención del deterioro de la situación de derechos humanos en el mundo. Ello es fundamental en el cuidado y la consolidación de nuestra democracia".
En qué está la postulación
Chile está desarrollando una activa campaña para conseguir los votos necesarios para ser elegidos en el Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas para el período 2023-2025. Según comentan desde la cancillería, pese a las dificultades para obtener respaldos hasta ahora se han logrado un importante número de Acuerdos de Apoyos Recíprocos.
Es decir, ya cuentan con naciones que acordaron apoyar la candidatura a cambio de que nuestro país respalde a esos terceros países en otras postulaciones al sistema de Naciones Unidas. También se han recolectado "apoyos simples", en reconocimiento al compromiso de Chile con la promoción y el respeto a los derechos humanos.
La elección será en octubre próximo y se disputarán dos vacantes reservadas para América Latina, las cuales
serán disputadas también por Costa Rica y Venezuela, que va a la reelección. De triunfar, Chile será parte de la instancia con sede en Ginebra desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cabe recordar que el Consejo de DD.HH. es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas. Está conformado por 47 estados y busca promover y proteger los DD.HH. en todo el mundo. Fue creado en 2006 y sus países miembros son elegidos por la Asamblea General de la ONU a través de votación directa y secreta.
Al momento de escoger a los postulantes, dicha instancia analiza la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las promesas y compromisos en este sentido voluntarias. La membresía se basa en una distribución geográfica equitativa.
Los escaños se distribuyen de la siguiente manera: 13 asientos para África, 13 para el Asía Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 para Europa Occidental y otros Estados y 6 para Europa Oriental. Actualmente, los de nuestra región son ocupados por Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Venezuela.
La membresía del Consejo implica la responsabilidad de defender unos estándares altos de derechos humanos. Éste es un criterio sobre el cual los propios Estados han insistido cuando adoptaron la resolución 60/251 en marzo de 2006 para crear el Consejo de Derechos Humanos.
