La ministra del Interior, Izkia Siches, participó este martes -vía telemática- en la sesión de la comisión investigadora de Orden Público de la Cámara de Diputados, donde expuso sobre las acciones que ha emprendido su cartera para enfrentar distintas aristas en relación a mejorar la institucionalidad y ejecutar acciones preventivas y fiscalizadoras en materia de seguridad, todo ello a través de cifras que dan cuenta de la labor realizada.
Esto, luego que ayer se presentaran indicaciones al proyecto que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública, que lleva más de 10 años de tramitación en el Parlamento y que apunta a robustecer la institucionalidad del Estado con mayor potestad sobre las policías, con perspectiva de género y orientación en materia de derechos humanos.
En materia de crimen organizado, la ministra expuso ante la comisión que se revitalizó el Consejo Asesor contra el Crimen Organizado, pero además se han hecho réplicas a nivel regional, lo que permite coordinar distintas entidades del Estado, como Aduanas o el Ministerio Público.
En el caso del Plan Nuestro Norte, la ministra explicó que para este 2022 se gestionó con la Diprés la incorporación de $12 mil millones para adquirir tecnología para fortalecer capacidades frente al crimen en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Según resultados de Carabineros en lo que va de 2022, se ha logrado incautar 13.917 kg. de drogas; 1.828 armas de fuego; se han desarticulado 473 bandas; y se han recuperado 13.966 vehículos. También se han detenido a más de 30 integrantes de la banda del crimen organizado "Tren de Aragua" que opera en el norte del país a través de la facción "Los Gallegos".
Plan de copamiento
En cuanto al plan de copamiento para la recuperación de espacios tras el levantamiento de restricciones de la pandemia, la ministra detalló que se han levantado mesas regionales para coordinar acciones de control, fiscalización y persecución penal del comercio ilícito. Asimismo, se están diseñando estrategias en esta línea en 10 regiones del país.
También recordó que se llevó a cabo una intervención policial en nueve estaciones de Metro de Santiago para despejar el comercio ambulante de pasillos, andenes y vías de acceso.
En el caso específico del copamiento en Barrio Meiggs -donde se requirieron en su momento más de 600 carabineros- las cifras arrojan un saldo de 236 detenidos (117 con orden vigente, 20 por infracción a la ley de Propiedad Intelectual, 12 por robos, 87 por otros delitos); 197 toldos y estructuras fueron retiradas; y se realizaron 46.738 controles preventivos.
Asimismo, esto permitió que el transporte público pudiera volver a circular por el sector tras casi dos años sin poder operar debido a la toma de la vía pública por parte del comercio ambulante. Así, se reactivaron seis servicios de la Red Metropolitana de Movilidad.
Reforzamiento de Carabineros
Siches recalcó que dentro del Plan de Reforzamiento a Carabineros, se desplegaron 700 funcionarios adicionales en el mes de mayo en 17 comunas del país y anunció que se está trabajando con la institución "para que en presupuesto 2023 podamos tener algunos incentivos para poder salir más a la calle, como contratación de personal civil y también llamado a servicio", lo que se profundizará en el transcurso de la discusión de la Ley de Presupuesto en el Parlamento.
En cuanto al Escuadrón Centauro, 27 radio patrullas compuestas por efectivos se sumaron a las labores preventivas en la RM. Este trabajo logró hacer 20.742 controles preventivos (entre el 14 de junio y el 24 de julio), se incautaron 27 armas y hubo 499 detenidos (266 con orden vigente).
En tanto, el Plan anti "encerronas", ha dejado 137 detenidos entre el 23 de mayo y el 24 de julio, de los cuales el 68% tenía antecedentes policiales.
Persecución penal: 120 querellas por LSE
En materia de persecución penal, si bien el rol principal es del Ministerio Público, "como ministerio de Interior y Seguridad Pública hemos participado parcialmente en torno a las acciones que tomamos para ser ente activo, querellante, ya sea por Ley de Seguridad del Estado (LSE) o por delitos comunes", dijo Siches.
A la fecha, detalló, ya han presentado más de 120 querellas por Ley de Seguridad del Estado, "pero también nos hemos propuesto a que esto no se delimite solamente a la querella, sino que exista un rol activo por parte del Ministerio del Interior, en solicitar, por ejemplo, una serie de diligencias".
