La Contraloría General de la República instruyó este lunes la realización de un sumario en el Hospital Barros Luco, a raíz de una charla que realizó allí el ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, para abordar la propuesta Constitución.
De acuerdo al dictamen del organismo, se efectuó "una inspección respecto de denuncias relativas a que doña Andrea Fiabane Salas, jefa del Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, habría convocado a una reunión clínica de carácter obligatorio, dentro de su jornada laboral, a objeto de tratar temas relacionados con la propuesta de la nueva constitución, instancia a la que se habría invitado a exponer a don Gaspar Domínguez Donoso, ex vicepresidente de la Convención Constitucional".
Tras la indagatoria, la Contraloría concluyó que "se constató que el desarrollo de la actividad convocada por la jefatura del servicio de medicina del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese Hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos de utilizar el tiempo de la jornada laboral y los bienes institucionales únicamente en el cumplimiento de las funciones del servicio público respectivo".
Y "no en fines ajenos a ello, como habría acontecido en la especie, por lo que esa repartición hospitalaria deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de situaciones como la acá observada", agrega.
Asimismo, se señala que la directora del Hospital "deberá ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario, a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en la situación en cuestión, debiendo remitir a esta entidad de Control una copia del acto administrativo que disponga su inicio, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio".
Con ello, se afirma que "además, el acto administrativo que afine tal proceso sumarial deba ser sometido al pertinente control previo de juridicidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, N° 5, de la resolución N° 6, de 2019, de la Contraloría General, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón en materias de personal".
Desde el centro asistencial comentaron que una vez recibido el dictamen de la Contraloría se inició un proceso disciplinario. Además, agregaron que se reforzó en los equipos la obligación de desempeñar las funciones con estricto apego al principio de probidad administrativa.
