La tarde de este miércoles, se confirmó que la Policía de Investigaciones detuvo en Cañete a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco.
Según informó la Fiscalía de La Araucanía, la acción se dio "en el marco de una investigación desarrollada por Ley de Seguridad del Estado que se inició en 2020, por una denuncia presentada por el Gobierno".
"La detención fue materializada por la PDI, en Cañete, en virtud de una orden concedida por el Tribunal de Garantía de Temuco, por 3 hechos de LSE (algunos contenidos en la ampliación de querella presentada a fines de julio por Interior), hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad".
En concreto, la denuncia interpuesta en 2020 por el ex intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, se enmarca en las declaraciones de Llaitul en la jornada de lectura de condena del weichafe Daniel Canio Tracal, como autor del "delito de incendio en carácter reiterado, robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de munición".
El texto detalla que una vez terminada la audiencia en el Tribunal de Temuco, Llaitul hizo declaraciones a los medios de comunicación en relación al veredicto, "señalando que éste se encontraba en una prisión política, para luego efectuar un llamado y promoción a métodos que suponen el uso de la violencia y comisión de delitos, a fin de desconocer el fallo judicial referido y afectar las actividades forestales en la zona".
"Al efecto, Héctor Llaitul Carrillanca, aseguro que la respuesta en contra los responsables de este juicio se viene, señalado que: "es una condena política, de persecución política al pueblo o nación Mapuche a sus representantes más legítimos, los weichafes". Para a continuación hacer un llamado a las comunidades a 'estar activos en relación a lo que es la confrontación principalmente en contra las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio', pues a su juicio son estas quienes habrían presionado a las autoridades judiciales, del Ministerio Público y políticas para llevar a cabo el y condenar a Daniel Canio.
"Agrega, que se trata de una condena política y que 'la respuesta se viene'; y que se iba a activar de manera contundente 'todos los procesos de reivindicación territorial y política", como "el control territorial y las recuperaciones de tierra" y que 'las acciones van a continuar', definiendo estas 'como respuesta y resistencia al capitalismo' y que desde el momento que se condena a Daniel Canio 'no habrá un solo día de descanso, respecto de lo que son las acciones de nuestros weichafes'", señala la querella.
El texto agrega que en ese mismo contexto, y el mismo día del veredicto, comenzó a circular en redes sociales un video donde aparece Llaitul "efectuando nuevas declaraciones en un tono más agresivo e incitador a cometer hechos delictivos".
En el video, señala que "hoy día nuevamente hemos asistido a estos tribunales de mierda", cuestionando el trato de los tribunales y de la autoridades al pueblo o nación mapuche, para luego efectuar una amenaza directa al orden público señalando "después no se quejen de las acciones de resistencia (…) nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros peñis estén en la cárcel".
La querella señala que en cuanto a la CAM, "hace un llamado directo a organizaciones de resistencia territorial (O.R.T), a desarrollar con más fuerza sus procesos de lucha en contra de las forestales, a quienes define como su enemigo histórico, incitando a 'levantarse de una vez por todas en contra de las forestales (…) a un levantamiento político y militar del pueblo o nación mapuche en contra de las forestales', a quienes describe como los perros de este sistema, en cuanto forman parte de los grupos económicos, y llamando a 'afectarles su economía e inversiones'.
Finalmente, señala la acción judicial, "hace un llamado directo a la O.R.T. para que se reactiven, exigiendo un mayor compromiso de ellas, 'en el terreno tenemos que seguir trabajando, respecto de la lucha directa, con las acciones directas….en contra de nuestros enemigos históricos, el capitalismo en la zona'".
Así, los abogados que actuaron en representación del ex intendente, aclaran que "a juicio de esta parte los hechos antes descritos permiten configurar el tipo penal del artículo 6 letra c) de la Ley de Seguridad del Estado N° 12.927, lo que debe ser establecido en la investigación que se solicita se inicie a partir de la presente denuncia. Al efecto, transcribimos la norma aludida".
"Cometen delito contra el orden público: los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos", transcriben.
"En este contexto, estimamos que los hechos denunciados en la presente denuncia conllevan un mensaje para destruir, inutilizar paralizar, dañar o interrumpir actividades productivas como la forestal, junto con producir y comunicar, miedo y violencia, no sólo a quienes se desempeñan en dicho ámbito, sino que además a los habitantes de las zonas donde se desempeñan estas actividades y se relacionan con estas, en la región de La Araucanía", recalca la denuncia.
