Alessandri (UDI), Longton (RN) y Undurraga (Evopoli), los jefes de bancada de Chile Vamos.
Emol
Hasta el Palacio de La Moneda llegarán este viernes los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, pidiendo, aclarar la razón de "las comunicaciones que se buscaban establecer" con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Esto luego de que ayer el jefe de Estado aceptara la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, luego de que se conociera el llamado que habría realizado en mayo pasado una asesora de la ex titular de la cartera a Llaitul, para coordinar una conversación con él.
Ante ello los jefes de las bancadas de RN Andrés Longton, de la UDI, Jorge Alessandri y de Evópoli, Francisco Undurraga, le solicitaron además al Mandatario suspender la "campaña informativa" por el Plebiscito para abocarse al tema del crimen organizado. A la vez que anunciaron la creación de una "comisión investigadora por caso telefonazo Llaitul".
En la misiva a la que tuvo acceso Emol, los diputados expresaron su "más profunda preocupación" por el hecho, asegurando que esto "empaña el rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como querellante en la causa criminal en la que el Sr. Llaitul cumple actualmente prisión preventiva, y siembra un manto de dudas acerca del compromiso gubernamental con el combate a la actividad criminal que desarrollan organizaciones bajo el aspecto de reivindicaciones territoriales".
A su juicio, "se trata de una situación grave que genera fundadas dudas en torno a la relación de su Gobierno con organizaciones criminales que operan en la Macrozona Sur".
Rol de abogado
"Abona a esta preocupación la participación del abogado que compareció por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien en el marco de la discusión de las medidas cautelares señaló que dicha cartera de Estado se veía en 'a difícil postura de adherirnos a la posición del Ministerio Público y pedir que se decrete la prisión preventiva'", acortaron.
En ese contexto, afirmaron que es" apremiante que S.E. defina la posición gubernamental en relación con el combate contra las organizaciones criminales que siembran el terror en la Macrozona sur y particularmente de la Coordinadora Arauco Malleco, señalando si seguirá mostrando vacilaciones y dudas, las que, por cierto, quedan en evidencia de las palabras del abogado que compareció en la audiencia en representación del gobierno y de la intención de la exministra Vega de dialogar con quien ha desafiado públicamente el orden institucional".
"Es su deber, por mandato constitucional, como encargado de seguridad y orden público interior, aclarar el tenor y la razón de las comunicaciones que se buscaban establecer desde el seno de su gobierno, más si ello pudiera ser considerado un acto destinado a entorpecer la persecución penal que el propio Gobierno dice impulsar", recalcaron.
Por otra parte, Chile Vamos consideró que "es imperativo que disponga con carácter perentorio que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, particularmente su exministra y la asesora aludida, comparezcan ante el Ministerio Público y entreguen toda la información de la que dispongan".
Finalmente, los diputados explicaron que "es imperativo que S.E. ponga una pausa en sus actividades 'informativas' y retorne al Palacio de La Moneda, cuya integridad y compromiso con la persecución del crimen organizado en la Macrozona sur es puesta en cuestión".
