Tras conocerse este viernes la condena de 20 años de presidio mayor en su máximo grado contra Martín Pradenas, por los delitos de violación y abuso sexual cometidos a seis víctimas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró la sentencia y la "necesidad de juzgar con perspectiva de género".
"Creemos que el gran valor de esta sentencia tiene que ver con que los jueces y el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco consideran la necesidad de juzgar con perspectiva de género, lo que significa no desequilibrar la balanza hacia el acusado sino que sacar los sesgos ante quienes denuncian violencia", señaló Orellana.
Asimismo, la secretaria de Estado destacó la importancia de "que mantengamos actualizada nuestra legislación de acuerdo al convenio de Belem do Para".
En relación a la inconformidad por parte de la familia de Antonia Barra hacia la condena dictada por el Tribunal, la titular de Mujer expresó "compartir su frustración porque la condena que pedía Fiscalía era de 41 años. Estos 20 años corresponde a la pena por el delito más alto y lo que se pedía era la sumatoria de todos los delitos".
Fiscalía califica de "ejemplificadora" la condena
Por su parte, Miguel Rojas, de la Fiscalía de La Araucanía, valoró la determinación del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco: "Lo que se destaca de la sentencia es que han acreditado los hechos que el Ministerio Público presentó como acusaciones, y que dice relación con la multiplicidad de agresiones sexuales proferidas por el condenado en contra de cada una de las víctimas".
"En este caso se ha escuchado a las víctimas de una u otra forma y se ha establecido que las denuncias que realizaron en contra del acusado ocurrieron en la forma que ellas mismas señalaron", agregó.
Para Miguel Rojas, la pena de 20 años de presidio efectivo "es ejemplificadora": "Se trata de la tercera mayor condena de nuestra legislación y va acorde de acuerdo a la vulneración de bienes jurídicos que se acreditaron a los largo de las jornadas de juicio".
En esa línea, y en relación a la solicitud de 41 años de cárcel que pidió en su momento el Ministerio Público, el persecutor a cargo de la causa puntualizó: "Lo que nosotros solicitamos en nuestra acusación dice relación con una acumulación material de penas, se solicitó una pena por cada delito y la suma de esas penas daba cuenta de 41 años de privación de libertad".
"Lo que ha establecido el tribunal, de acuerdo a lo que señala la normativa procesal penal, es que en este caso procede en la aplicación de pena única y por eso se establece la pena de 20 años de privación de libertad", cerró.
Revisa las palabras de la ministra Antonia Orellana
