Probablemente, desde fines de 2019 venimos hablando de que Chile vive un momento histórico. El estallido social, el proceso constituyente, la pandemia, la aparición de viejos y nuevos problemas, la innovación de los actores. Pero, ¿qué es lo que asigna historicidad al proceso que vivimos y sobre el cual tendremos que pronunciarnos el próximo 4 de septiembre? ¿Será acaso la emoción de que estamos ante la oportunidad de definir el devenir de las próximas décadas?
Me parece que, a pocos días de concurrir a decidir sobre el texto constitucional, es del todo pertinente preguntarnos qué significa este momento en la vida social e individual. El cómo se concibe la naturaleza del proceso político también habla de cómo concebimos la democracia. Es así como Jürgen Habermas señala que una concepción dialógica entiende la política como un proceso de razón y no exclusivamente de voluntad, que permite llegar a acuerdos sobre aquellos aspectos de la vida que se refieren a las relaciones sociales de las personas. Y si algo caracteriza al actual proceso constituyente es la apertura de un diálogo sobre nuestra convivencia social y política.
Si bien es claro que el impulso de cambio constitucional se remonta al propio origen autoritario de la Constitución de 1980, que hubo reformas sustantivas en 1989 y 2005, y un proceso participativo e institucional en 2016, no es hasta noviembre de 2019, luego de un mes de álgidas movilizaciones sociales, cuando un acuerdo político amplio abrió uno de los principales candados de la democracia: la posibilidad de un cambio constitucional.
La reforma al capítulo XV de la Constitución dibujó los contornos del proceso y la ciudadanía decidió por amplia mayoría, en la primera elección efectuada en pandemia, un camino institucional de transformaciones que distintos grupos de la sociedad chilena visualizaban como necesarios, concernientes al reconocimiento de que los avances democráticos del país estaban siendo restringidos por una rigidez institucional y por una desigualdad que no solo era económica y social, sino que se expresaba en desigualdades de género, de etnias, de territorios e identidades.
La elección de la Convención, con nuevas reglas electorales, dio representación a grupos que no habían participado de la toma de decisiones: las mujeres en paridad, los pueblos indígenas, movimientos sociales y territoriales, identidades diversas, encontrándose en el mismo espacio con los partidos políticos tradicionales y nuevos. Se mostró una sociedad que va más allá de las élites, diversa, que se mueve en espacios separados. La inclusión de estos nuevos actores es ya un signo de historicidad.
De forma paralela,
la política regular siguió su curso. Se eligió un nuevo gobierno y Congreso en pleno proceso constituyente. En esa arena, los partidos políticos jugaron como siempre, y la configuración de un gobierno liderado por un joven Presidente convive con un Congreso donde se representan las fuerzas políticas. Hemos visto convivir dos políticas diferentes: la política constituyente y la política regular.
De este proceso surgió un texto constitucional que propone un Estado social y democrático de derecho, regional, plurinacional y ecológico
