"Nosotros ya tomamos las acciones y esas son las que vamos a sostener". Así descartó la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE) contra quienes realizaron el polémico acto en Valparaíso donde se utilizó la bandera chilena de manera sexualizada, hecho que generó una condena transversal desde el mundo político.
La decisión del Ejecutivo -que sin embargo interpuso una denuncia por el delito de "atentado contra la moral, buenas costumbres y ofensas al pudor"- fue criticada por la oposición, ya que "hay un delito en específico cuando se le falta el respeto a nuestros símbolos patrios", según comentó el jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton, refiriéndose al "ultraje a la bandera".
Sus palabras se dieron mientras sus compañeros levantaban una gran bandera de Chile luego de que todo Chile Vamos y el Partido Republicano
realizaron una intervención en el hemiciclo de la Cámara de Diputados en donde cantaron el himno nacional frente a sus compañeros del oficialismo.
Las reacciones criticando la decisión del Ejecutivo siguieron con las palabras de Cristián Labbe (UDI), quien indicó que "una vez más vemos que el gobierno pierde el norte con respecto a los intereses de Chile (…) Cuando una ministra del Interior termina no querellándose quiere decir que está avalando el hecho y hoy día nuevamente este Gobierno es cómplice de algo tan grave como la violación a la bandera".
Asimismo, el diputado José Miguel Castro (RN) señaló las sanciones que esperarían para quienes "ultrajaron la bandera" al invocar la LSE. "Cuando se veja algún símbolo nacional se tomen todas las medidas judiciales y tendrá que ser el juez quien determine hasta donde podrá llegar o no con esas sanciones", dijo.
Y agregó que "si nosotros no le tomamos el respeto a nuestro himno a nuestra bandera a nuestro emblema nacional ¿Qué nos queda para el día de mañana? Queremos que sea una sanción ejemplificadora porque remeció a todo el país, y si tiene que llegar a la cárcel, por supuesto que ese sea el resultado".
Desde la bancada de la Democracia Cristiana se sumaron a los llamados para que "el Gobierno recapacite porque no solo está afectando a nuestra bandera, que por lo demás es nuestro símbolo patio, sino que a todas las personas que nos representamos en base a la bandera", como dijo la diputada Joanna Pérez.
Quien también argumentó comentando que la LSE solo puede ser interpuesta por el Ejecutivo, por lo que "es lamentable y lo rechazamos y condenamos también que hoy día el gobierno este malentendiendo y malinterpretando algo que a todas luces para cualquier jurista queda muy claro".
Su compañero de bancada, Alberto Undurraga, también comentó que "el gobierno se querelló y se valora, pero falta querellarse por ultraje a la bandera. La bandera, así como otros símbolos patrios, nos compromete a todos los chilenos y chilenas, por lo que no es un tema menor. Aquí hay un delito y la ley tiene que ser aplicada como corresponde".
Desde el oficialismo, sin embargo, respaldaron al Gobierno, y de hecho el tema fue comentado en el Comité Político ampliado de esta jornada en La Moneda, según indicó el diputado Diego Ibáñez (CS).
"Creemos que con una investigación abierta por el Ministerio Público puede haber una persecución para que este acto no vuelva a ocurrir (…) Creemos que en este caso no procede actuar de esa manera (LSE) y que ya está atajada esta situación por las querellas ya presentadas y por la investigación abierta", dijo el parlamentario.
Quien fue respaldado por Jaime Sáez, quien esbozó que "el gobierno ha tomado la iniciativa de presentar una acción judicial y yo me quedo con ese camino y con el repudio generalizado que tuvo la acción del día sábado".
Desde el socialismo democrático volvieron a condenar el hecho, pero aseguraron que no creen que la LSE sea la vía que corresponda, como lo dijo el presidente de la Cámara, Raúl Soto. "Yo creo que un acto tan condenable, tan bajo del punto de vista de lo que se mostró no merece ni siquiera una consideración del punto de vista de la Ley de Seguridad del Estado. Yo creo que sería darle una connotación o una preocupación de Estado a un tema que ya fue rechazado transversalmente, que condenamos por cierto y que además ya existen querellas presentadas", esbozó.
Leonardo Soto (PS), también se manifestó en esa línea, comentando que quienes realizaron el acto "no merecen estar en ningún espacio público ni recibir fondos públicos por este pseudo arte. Yo creo que esa es la sanción adecuada para las personas que exhibieron esa actividad que ofendió a millones de chilenos, no creo que sea la cárcel el lugar donde deban discutirse estos temas".
