El superintendente de Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra, se refirió esta mañana a los cargos que está formulando ese ente a la minera Ojos del Salado por el socavón de más de 60 metros de profundidad que apareció a fines de julio en Tierra Amarilla.
Según comentó, se acusa a la compañía principalmente por dos cargos: sobre extracción y existencia de infraestructura minera en lugares no considerados en el permiso ambiental.
"Uno es la sobre extracción, que la empresa estaría extrayendo más mineral que lo que su permiso ambiental le permite. Y otro de los cargos es que habría infraestructura minera en lugares del subsuelo donde no estaba considerada su evaluación ambiental y esto qué produce finalmente, que como el terreno que en Tierra Amarilla es bastante poroso, se tenga que reacomodar frente a esta sobre extracción y se genere el socavón", explicó en Radio T13.
De acuerdo con el superintendente, la empresa empezó a sacar más minerales de los que podía extraer y llegó a lugares no contemplados en la evaluación ambiental, lo que impactó en un acuífero.
"Las obras llegan a tal nivel que llegan al nivel de un acuífero y cuando ocurre el socavón, como que se pincha el acuífero, que es como una laguna subterránea. El problema de hoy, más que el socavón mismo, es el agua que está pasando abajo", afirmó.
Se trata de un caudal de agua que está llegando a la mina y está calculado en 350 litros por segundo. "Eso ha acumulado un 1.300.000 metros cúbicos, que si lo pensamos es como el agua que se necesita para Tierra Amarilla por cinco años. Son cientos de piscinas olímpicas".
En ese marco, Ibarra aseguró que se están buscando las soluciones para que el agua deje de filtrar y que por el momento se está almacenando en niveles inferiores de la minera.
"Se están viendo soluciones para sacarla, bombeándola, tratándola. La primera acción que se tiene que tomar es hacer un muro para que no se siga filtrando. Pero acá estamos hablando de un acuífero que es del sector 4 del Río Copiapó, que saben que allá hay mucha sequía y este acuífero ha sido muy impactado, así que es muy compleja la situación", remarcó.
El error de la minera y las sanciones
El error de la minera, según la Superintendencia, sería el incumplimiento de las condiciones del permiso ambiental, no de la concesión.
"Aquí operan dos permisos: la concesión, que autoriza a la extracción, pero luego hay un permiso ambiental que pone condiciones ambientales sobre cómo hacer esa explotación. Y acá estamos en un radio de concesión que la minera tiene, pero el permiso ambiental le dice que tienen que sacar hasta esta cantidad y actuar en estos lugares, porque es un modelo geológico que considera la calidad del suelo, el agua. Es el permiso ambiental más que la concesión el que se incumple en nuestra investigación", contestó el superintendente.
Por el momento, la autoridad explicó que el socavón está controlado y que los estudios técnicos realizados descartan otros agujeros debajo del área poblada.
El proceso seguirá con un plazo de 15 días para que la minera se defienda, presente pruebas y pueda cuestionar la tesis de la autoridad. O también tienen 10 días para presentar un programa de cumplimiento por los cargos formulados, asumiendo que cumplieron la infracción y que pretenden volver al cumplimiento.
"Las sanciones que se arriesgan en este caso son de hasta 17 mil UTA, que en pesos chilenos son 12.300 millones de pesos y también se arriesga la clausura del proyecto y revocación", recordó Ibarra.
No obstante, aseveró que "estas últimas sanciones hay que pensarlas muy bien, porque el momento económico en el que estamos, la pérdida de empleos que significa, es una cuestión que la autoridad no puede obviar y tenemos que considerarlo".