En medio del proceso que podría derivar en el cierre de la U. La República, se conocieron nuevos antecedentes que complican aún más al plantel estudiantil. Según un informe de la Superintendencia de Educación Superior (SES), la empresa auditoria no quiso firmar el informe por falta de información entregada por la universidad y la falta de firmas en documentos. Asimismo, se conocieron "infracciones graves a los estatutos" como transferencias desde la cuenta corriente de la universidad a las cuentas corrientes del rector Fernando Lagos por $259 millones, entre julio de 2021 y febrero de 2022. Otro de los argumentos es que se obligó a estudiantes de Enfermería de la sede de Talca a depositar los aranceles en cuentas personales dispuestas por el director y encargado de Finanzas.
