Carrera por ser Fiscal Nacional: Las exposiciones de los 17 candidatos ante la Corte Suprema

La primera en iniciar su exposición fue la Secretaría General de la Contraloría, Nelly Salvo, quien manifestó que "la seguridad personal y el control del orden público se ha convertido en una preocupación , la principal de la población, por ello para liderar el Ministerio Público se necesita una mirada nueva que conozca y entienda la institución".

Pero, agregó, que también se necesita alguien que "conozca las dificultades y desafíos del sistema en su conjunto, se requiere una mirada macro, capaz de dialogar con los distintos actores institucionales, partiendo por reconocer la importancia del Poder Judicial para el Estado de derecho, cuya independencia y autonomía es la principal garantía para ese Estado".

"Este sería mi primer paso en una carrera que he tenido el honor de desempeñarme en el sector público, pero además acompañada de una fuerte preparación académica" recalcó, Salvo, añadiendo que es de regiones y ha estado en el sistema público y que conoce el trabajo de la Fiscalía, tras lo cual detalló los diversos cambios que cree que debe hacerse a la institución en el próximo periodo.

En segundo lugar fue el turno del actual fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien planteó que "actualmente no estamos cumpliendo como Ministerio Público satisfactoriamente con estos estándares, por eso no nos deben sorprender las críticas, tanto de los diversos actores sociales como de la ciudadanía". Sumado a esto, apuntó que "en materia de criminalidad este momento es el más complejo al que nos hemos enfrentado como país (...) Frente a este diagnóstico, no habrá posibilidad de mejorar sin una transformación profunda de la actuación de la Fiscalía de Chile".

Ante ello, aseguró que de ser elegido sus prioridades serán fortalecer la investigación penal para llevar casos sólidos a la justicia, además de incrementar los niveles de transparencia en su función como fiscales.

"La publicidad de nuestros actos y la motivación de nuestras actuaciones se constituyen en un requisito de funcionamiento legítimo", enfatizó Arias. Con esto, puntualizó que "nosotros somos los que tenemos que adecuarnos al delito y al fenómeno criminal, los delincuentes no se van a adecuar a nuestros límites territoriales". Arias, destacó sus 22 años en la institución.

Tras esto comenzó su exposición el abogado Rodrigo Ríos, quien también aludió al tema de seguridad como una de las principales preocupaciones, haciendo hincapié en que "el fiscal nacional debe asumir un protagonismo y un rol activo en la persecución de este tipo de criminalidad, pero para eso se requiere un trabajo mancomunado y transversal por todas las instituciones del Estado que tengan incidencia" en esto. Ante esto, propuso la creación de una unidad especial de crimen organizado en la Fiscalía con el fin de abordar estos temas.

"Quiero reperfilar el rol de fiscal nacional, quiero ser el primer fiscal del Ministerio Público, y a qué me refiero con esto, es que voy a estar disponible a asumir personalmente las investigaciones cada vez que la autonomía de la independencia del ejercicio de la investigación penal pública así lo requiera. Las expectativas y la confianza de la comunidad están puestas en la siguiente gestión del Ministerio Público, no podemos cometer errores en el siguiente periodo", sentenció Ríos. Esto pues, indicó que "el Ministerio Público hoy atraviesa la peor crisis de legitimidad y confianza de la comunidad".

Después siguió el abogado Esteban Celis, quien manifestó que "hay un sentimiento creciente de inseguridad y existe una percepción de inseguridad y eso hay que vencerlo con principios, con apego a la legalidad con respeto a los Derechos Humanos y con intervención de todos los intervinientes". A su juicio, el trabajo del fiscal nacional debe regirse por principios como la objetividad, el cuidado de los funcionarios del Ministerio Público, la igualdad ante la ley y el rechazo del populismo penal, entre otros.

Por otra parte, Celis recalcó, entre las medidas a tomar, la reestructuración de la unidad de atención de víctimas del delito. "No es un misterio que el Ministerio Público está sobrepasado, las exigencias y requerimientos son enormes, proyectivamente uno puede hablar de más de 1 millón 360 mil causas al año que se enfrentan con 783 fiscales y 3.560 funcionarios de la fiscalía. Resolver esto solo tiene dos caminos, porque esto no es un misterio ni es magia, duplicamos la cantidad de funcionarios o fiscales por un lado, o bien aliviamos la carga de trabajo", añadiendo que ambas alternativas requieren grandes esfuerzos.

En quinto lugar expuso la abogada penalista y experta en Derechos Humanos, Karinna Fernández, quien junto con destacar su experiencia a nivel nacional como internacional, así como también en la institución a la que postula.

"Mi principal motivación para postular a este cargo es restaurar la figura del Fiscal Nacional como una autoridad que inspire confianza, que garantice el acceso a la justicia penal sin discriminación y con enfoque diferenciados y que sea capaz de crear puentes para escuchar los daños que la criminalidad provoca en la sociedad. Aspiro a lograr que la figura del Fiscal Nacional recupere la última ratio del derecho penal", sostuvo.

Fernández habló de desfinanciar la macrocriminalidad como uno de sus objetivos, persiguiendo los flujos financieros ilícitos de los delitos, así como una persecución penal que tenga en el centro a las víctimas.

Posteriormente fue el turno de la abogada Erika Maira, quien ejerce actualmente como la gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Para la jurista, "nunca antes había sido tan urgente una verdadera reestructuración del Ministerio Público y de sus prioridades". En materia de seguridad, aseveró que "no podemos supeditar como hemos hecho durante todos estos años la investigación del crimen organizado al tráfico de drogas, porque es solo uno de los mercados del crimen organizado".

Además, Maira puso énfasis en las víctimas, afirmando que "la Fiscalía puede y debe atender al 100% de las víctimas que lo soliciten, contemplando además alto estándares de satisfacción y quien no esté dispuesto a atender a una víctima de delincuencia no tiene lugar en el Ministerio Público". "Estos son tiempos complejos que requieren cambios estructurales con sentido de urgencia (...) al término del periodo quisiera entregar una Fiscalía mucho más cercana a las personas, con mejores indicadores", sentenció.

Tras esto, fue el turno de la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, quien señaló que ante la delincuencia "el órgano persecutor debe adecuarse y aunque valoro enormemente el alto grado de especialización que hemos adquirido, creo que debemos dar un paso más allá, debemos integrar todo ese conocimiento y no encasillarnos en especialidades, debemos despersonalizar las investigaciones, y hacer carne de una vez eso de hacer una sola Fiscalía".

Para ella, "urgentemente debemos priorizar ciertas categorías delictivas como las que ya he mencionado y otras con víctimas vulnerables (...) y también debemos diversificar la respuesta que el sistema es capaz de dar". "Estoy consciente de lo tremendo del desafío , pero creo humildemente que tengo la trayectoria, la experiencia y las competencias para hacerme cargo del mismo, he dedicado mi vida al servicio público", explicó.

Le siguió el actual subrogante de Abbott, el abogado Juan Meléndez, quien asumió como Fiscal Regional de Los Ríos en 2015. "El Ministerio Público enfrenta tiempos difíciles, quizás los más complejos de su corta historia, al término de una administración que dejó descontentos no sólo en la opinión pública sino que también a quienes hemos forjado una vida al servicio de la sociedad, como también lo ha sido con los funcionarios del Ministerio Público", partió señalando Meléndez.

Y agregó que de llegar al puesto, el sello que le imprimirá "será de una institución que acoge y escucha a las víctimas, con una profunda preocupación por los Derechos Humanos, lo primero y más importante de una sociedad son las personas y los resultados estadísticos no pueden ser los únicos pilares de nuestro trabajo cómo lo ha sido hasta ahora (...) debemos actuar con empatía, las víctimas quieren condenas, quieren protección, pero también quieren ser escuchadas y sentir en los huesos que no nos da lo mismo lo que nos pasa".

Más tarde siguió el abogado penalista y docente, Ángel Valencia, quien aludió a que "existe un diagnóstico compartido respecto al rumbo que el Ministerio Público y su Fiscalía han seguido en los últimos años (...) conocemos la evaluación que la ciudadanía ha hecho del Ministerio Público que está reflejado en las encuestas" y las malas cifras".

Por ello, afirmó que "esperamos conducir una Fiscalía que cambie de rumbo y retome el camino y el destino para el cuál fue creada. Para ello, resulta obvio que necesitamos hacer cambios profundos, cambios que deben hacerse con los fiscales, profesionales y funcionarios del Ministerio Público y no sin ellos, que impliquen una genuina reestructuración de sus equipos dentro del marco de lo que hoy la ley permita, con sentido de urgencia, perspectiva ciudadana y de servicio público".

La actual Fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, compartió la idea de que "la institución ha transitado tiempos difíciles en una sociedad que exige a sus autoridades celeridad y transparencia, y en que la seguridad es una preocupación fundamental. En ese contexto, la o él Fiscal Nacional debe tomar la responsabilidad, modernizar y gestionar la Fiscalía de Chile, liderando la investigación y persecución de los delitos y otorgando medidas oportunas de persecución a víctimas y testigos".

Al finalizar su exposición, Mansilla destacó que "soy una mujer de 50 años, con 20 dedicada al servicio público" y su experiencia al interior del organismo en distintas áreas como la instalación de la Fiscalía en Ñuble: "Soy fiscal de trincheras, tengo experiencia liderando equipos y conozco la realidad de las fiscalías grandes y pequeñas, no tengo vínculos políticos ni con organizaciones de facto que puedan afectar mi independencia, estoy consiente de los avances de la Fiscalía en 20 años, pero también soy crítica de nuestra labor".

Luego de un receso fue el turno del abogado Iván Pavlov, quien propuso la idea recorrer "en un corto periodo de 45 días, sí es posible en 30, pero en la medida que no implique detrimento, a fin de concretar un catástro presencial de cómo se están cumpliendo las tareas a nivel regional y local, despejar si estamos atendiendo óptimamente a los ciudadanos y si la función se está cumpliendo por personas capacitadas e idóneas".

En esa línea, Pavlov expresó , quede "ese catastro del recorrido por el país, lo más seguro que se arroje es la necesidad de ser Fiscal Nacional en terreno, sin perjuicio de utilizar los medios digitales pero que sepa la ciudadanía que tienen de Fiscal Nacional a una persona que los escuchará en sus territorios y oír y dialogar con autoridades locales," y otros actores.

Junto con esto, apunta a "instar en los respectivos niveles inversión justificada en la protección de la ciudadanía, especialmente en medio digitales modernos y accesibles como drones y cámaras y seguridad, pero advirtiendo a la ciudadanía, que tiene que por su parte", entre otros insumos.

El abogado José Morales, quien cuenta con una extensa trayectoria en la Fiscalía, manifestó que "la falta de resultados en la persecución penal de los delitos más graves ha afectado la legitimidad y la valoración social de la Fiscalía, por lo que ésta necesita reformas profundas, la magnitud de esta tarea requiere el conocimiento de la institución, de un liderazgo innovador, así como la capacidad y la voluntad de hacer los cambios que la institución requiere. En otras palabras, necesitamos un Fiscal Nacional que no sea sólo nominal".

Su propuesta se basa en tres ejes políticas de persecución penal, tecnología y rendición de cuentas, sobre este último punto, acotó, que la Fiscalía "debe exponer siempre sus resultados y explicar siempre los fundamentos de su política criminal a la comunidad, ésta rendición de cuentas no debe extenderse sólo a la persecución penal, sino que además es relevante para los efectos de los recursos y gastos institucionales, respeto de los cuales debemos tener siempre el más alto nivel de transparencia. Esta demanda de mayor control de ninguna manera significa y debe ser interpretada como contraria a la autonomía".

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, expresó que se trata de "una elección especialmente crítica respecto de una institución que debe liderarse, porque se ha quedado dormida y porque esas consecuencias impactan y siguen impactando a las víctimas de delitos en el país". A su juicio, los focos del Ministerio Público deben estar en el aumento de crímenes violentos, de homicidios, violencia de género y de corrupción, entre otros.

Aludiendo a la necesidad de autonomía para la Fiscalía, Muñoz cree que el Fiscal Nacional debe "crear una política criminal clara, participativa y con enfoque territorial y diferencial (...) segundo, debe liderarla, consolidándola y validándola no solo en la interna de la institución, sino que también en los órganos auxiliares". Asimismo, cree que "debe hacerse responsable del cumplimiento de esa política criminal"; junto con incidir legislativamente en el tema.

Además, cree que es un deber "interactuar con víctimas y querellantes". "Quizás antes se requería otro perfil para este cargo, pero estoy segura que hoy el país y el Ministerio Público necesitan una conducción potente que dé garantías de independencia", expresó.

El abogado y ex subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, planteó que "lo fundamental de la tarea del Ministerio Público es perseguir a quienes cometen delitos. Las instituciones como la Fiscalía se desprestigian y deslegitiman ante la ciudadanía, sino actúan realmente persiguiendo a quienes cometen delitos hasta las últimas consecuencias, guiados por el principio de igualdad ante la ley, hay que investigar y perseguir a quienes cometen delitos sin importar los involucrados". Algo que cree, requiere diálogo y coordinación con otras instituciones.

"Frente al desafío de crimen organizado la experiencia muestra que lo primero es contar con una investigación criminal altamente profesional que pueda esclarecer los delitos y llevar a los responsables a la justicia, la respuesta principal a este tipo de hechos, en un Estado de derechos será siempre el proceso y la pena (...) el trabajo de la Fiscalía es buscar las pruebas necesarias para construir una acusación. Nuestro sistema de investigación requiere fortalecimiento e inversión", adelantó.

Según Vargas, "la última vez que se hizo este nombramiento el resultado no fue el adecuado", aludiendo a temas como investigaciones relacionadas con la política.

El abogado Ricardo Peña, quien actualmente ejerce como fiscal adjunto en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, manifestó que quienes lo conocen "saben que soy un crítico absoluto de la gestión de los últimos siete años en el Ministerio Público", dando cuenta de varios problemas. "Hay una ausencia notable de una política sustentable de recurso humano en el tiempo", dijo, a modo de ejemplo.

Además, Peña acusó "un uso indiscriminado de recurso humano y financiero para la persecusión de determinados delitos que sólo han significado un resultado numérico y un cero impacto en seguridad pública y en gestión de recursos".

En caso de ser elegido, Peña buscará "realizar un estudio profundo en el más corto plazo de la estructura actual del Ministerio Público en lo que se refiere a la Fiscalía Nacional y regional", agregando que toda la estructura debe estar "en función de la persecución penal".

El penúltimo en tomar la palabra fue Carlos Palma, fiscal Regional de Aysén, quien dijo que "he sido testigo directo de cómo de a poco hemos ido perdiendo el contacto con el sentido mismo de la Fiscalía de Chile, de la persecución penal", lo cual cree fue mermando también en los funcionarios.

Con ello, consideró que "necesitamos de forma urgente poder caminar tranquilos por las calles con seguridad, y en seguridad y persecución penal el Ministerio Público tiene mucho que decir. Pero es hoy, estamos en un momento de inflexión, es ahora cuando hay que actuar con convicción y determinación. Teniendo claro el rol que la ley y la comunidad demanda de nosotros y complementariamente ejercer el liderazgo que permita ejercer el cambio, producir el cambio de paradigma".

"Hay que hacer cambios al interior del Ministerio Publico (...) pero no cualquiera, tenemos que tomar la historia, la cultura del Ministerio Público, su estructura organizacional", recalcó.

El último en intervenir fue el actual Fiscal Regional de Magallanes y la Antártica, Eugenio Campos, quien coincidió en que "hoy estamos en un momento complejo en materia de criminalidad y la Fiscalía es un actor relevante, así lo siente y entiende la ciudadanía".

Por ello, cree que "no podemos seguir haciendo más de lo mismo, debemos con urgencia hacer cambios para generar una mayor credibilidad en la ciudadanía y niveles de confianza ante la comunidad".

Según Campos, "se debe hacer carne viva que no hay grupos ni personas privilegiadas, no hay nadie, y debe primar la igualdad ante la ley, daré señales claras de una persecución penal acorde con este tipo de criminalidad que daña la confianza nacional en las instituciones y estimulará coordinaciones con otras instituciones públicas".