De "catastrófico" tildó la ministra del Interior, Carolina Tohá, los resultados de la ley Aula Segura, dictada en 2018 por el gobierno de Sebastián Piñera. Según la secretaria de Estado, "cuando esa legislación se ocupó tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios".
Así demuestra el rechazo que tiene el actual Gobierno sobre Aula Segura, esto luego de que el director del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, acusara públicamente a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, mandatara la no aplicación de esta ley, mientras que la suspendida rectora del Liceo Darío Salas aseguró que la edil "persigue" a quienes la utilizan.
Como ex ministro de Educación,
Raúl Figueroa, en conversación con Radio Pauta, comentó lo contrario que es a los dichos de Tohá. Comenta que Aula Segura surgió en un momento de mucha violencia, recordando cuando alumnos del IN rociaron con bencina a profesores.
"En ese contexto se tramitó el proyecto de ley y que se aprobó con amplias mayorías, que hace algo muy simple, que es entregarle mayores atribuciones a los directores de los establecimientos para que puedan tomar medidas disciplinarias en casos graves y extremos cumpliendo con todos los procesos para ella", indicó el director del Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello.
Desde que se dictó la ley, dice Figueroa, "no hay ningún antecedente que demuestre lo que la ministra Tohá ha señalado. Lo único que existen datos concretos es que efectivamente aumentaron las expulsiones de alumnos que, por hechos violentos eran marginados de los establecimientos, pero era precisamente una medida que los directores de los colegios estaban pidiendo".
En ese sentido, el ex ministro comenta que las declaraciones le parecen "particularmente graves porque hoy día lo que los directores de los colegios necesitan es respaldo de las autoridades", algo clave, bajo su visión, para resolver el problema.
"Estamos en un ambiente en que la violencia no ha bajado, en que los directores necesitan herramientas para incorporar disciplina en sus establecimientos para defender el derecho a educarse de la gran mayoría, que para poder implementar esas herramientas necesitan respaldo de las autoridades, y van dos declaraciones de autoridades que lo que hacen es quitarles ese respaldo", puntualizó la ex autoridad.
Figueroa, sobre las acusaciones en contra de Hassler, cree que "si un director de colegio que lo único que pide es tener atribuciones, herramientas, respaldo (…) declara que no lo tenía, es raro no creerle. Por qué un director va a decir algo que no está ocurriendo que es el principal interesado en que el problema se resuelva".
La aplicación de Aula Segura
La legislación Aula Segura ha significado enfrentamientos entre oposición y oficialismo desde que se discutió en el Congreso. De hecho actualmente se tramita una 2.0, la cual también genera tensión.
En ese sentido Figueroa declaró que "es muy legítimo que se tengan diferencias con esas herramientas, pero la manera de abordar esas diferencias es otras. Si las autoridades consideran que esa ley debe ser modificada o deroga, eso se hace tramitando una ley en el Congreso, pero no apelando a la inaplicabilidad de la ley".
Y agregó que hay que dejar de cuestionar la ley: "Y si alguien cuestiona la ley lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley para modificarla, pero cuestionar la aplicación de las leyes es una cuestión muy grave. A mí me parece gravísimo".
Si bien aseguró que este es un problema complejo y que no se va a resolver en su totalidad con la legislación dictada por su predecesora, Marcela Cubillos, comentó que "cuando sistemáticamente hay hechos de violencia, se identifican a los autores de la violencia, se cumple un proceso adecuado para identificar esos hechores, y se toman medidas, la comunidad lo respalda. Las comunidades educativas están agotadas de ver interrumpidas sus actividades, de tanta violencia, el estrés para los profesores, para los alumnos, para los asistentes de la educación, es brutal".
Y, en ese sentido, terminó diciendo que además de algunos aspectos en donde puede incidir la política educativa, "todo lo demás son aspectos que exceden con mucho al Ministerio de Educación, tienen que ver con trabajos derechamente policiales, de identificar quienes son los que están detrás de esta organización que se produce para generar violencia, de aislarlos, de tomar medidas para anticipar estos hechos, de tener un trabajo de inteligencia adecuado que el ministerio de educación no tiene atribuciones ni tampoco su foco".
