El contralor general de la República, Jorge Bermudez, señaló este lunes que los beneficios intrapenitenciarios que otorga Gendarmería de Chile, como los concebidos a tres reclusos de la cárcel de Angol en agosto pasado, corresponden a una facultad exclusiva de esa institución y no del Ministerio de Justicia.
En su participación durante la Comisión Investigadora especial de la Cámara Baja para investigar los beneficios intracarcelario, Bermúdez señaló: "Desde el punto de vista de la súper vigilancia de la ministra Marcela Ríos sobre Gendarmería, efectivamente Gendarmería de Chile se vincula con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, es decir, con el Presidente de la República. Se vincula a través de la ministra Justicia".
Pese a lo anterior, la autoridad del ente fiscalizador puntualizó que "hablando del ejercicio de dar un beneficio es de una facultad que es exclusiva de Gendarmería de Chile y por lo tanto acá el ministro de la época como la ministra actual, no podrían darle una orden formal del punto de vista de cómo se administra un recinto penitenciario".
Lo anterior incluye entrega de beneficios como salidas o traslados a otros penales.
Las palabras del contralor llegan luego que parlamentarios de Renovación Nacional, como el diputado Andrés Longton -quien integra la comisión especial- oficiara a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para que elimine beneficios a presos mapuches, advirtiendo de una posible acusación constitucional sino realiza dicha acción.
Esto tras un dictamen de Contraloría donde se cuestiona la legalidad de la resolución exenta N° 3925 de 2020, que permitió al gobierno de Sebastián Piñera y al actual administración, entregar beneficios penitenciarios a presos mapuches: "Nosotros en el dictamen como Contraloría no entramos a analizar cada uno de los beneficios otorgados, porque en realidad están estos casos, pero también podría haber otros, y tampoco fueron en realidad objeto del análisis, porque este es un análisis meramente jurídico que hace la Contraloría", sostuvo Bermúdez.
Posteriormente, y ante el oficio de los diputados RN, Bermúdez indicó: "La concesión, suspensión o revocación de permisos de salida es facultad privativa del jefe de establecimiento".
"Esto es bien importante, porque esto está establecido en el Decreto Supremo de Recinto Penitenciario, el Decreto 518.009 98 y le otorga a esa figura dentro del organigrama que es el jefe del establecimiento, esta facultad", agregó.
