La discusión sobre el uso de cannabis medicinal en el Congreso enredó la tramitación de un proyecto de ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. Esta tarde, el grueso de la moción logró el apoyo unánime de los diputados, pero se irá a Comisión Mixta para buscar una última oportunidad en la regulación que tiene que ver con los pacientes que usan esta droga con fines médicos.
El proyecto ya estaba en su tercer trámite y casi todo fue respaldado por 139 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, pero varios de sus artículos fueron rechazados con el objetivo de forzar una última instancia de acuerdo para reponer una parte que, si bien fue aprobada por la Cámara un par de semanas atrás, fue rechazada por el Senado a principios de noviembre.
El artículo en discusión es uno que modifica la ley 20.000 -que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas-, y planteaba que
"se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante".
Esta "deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado".
Este se aprobó en la Cámara pero no logró los votos en el Senado, donde se declaró inadmisible, y ahora volverá a la Mixta para su revisión, tras el rechazo por parte de los diputados a la supresión del artículo. Quienes votaron en contra de la supresión fueron 66, a favor 59 y 13 abstenciones.
Entre quienes apoyaron que este vaya a Mixta estuvieron diputados de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, hubo abstenciones de la DC y la oposición votó en contra.
"Aquí logramos un gran consenso en que había que proteger el uso medicinal. Desgraciadamente, en el Senado con ausencia de senadores oficialistas y concurriendo cierta confusión generada por mala información del Ministerio del Interior, se generó que se declarara inadmisible por un voto y nos hizo retroceder tremendamente que era una conquista muy sentida por las comunidades de pacientes", aseguró la diputada Ana María Gazmuri (Ind. Apruebo Dignidad).
"Repondremos esta indicación que no es la regulación integral del cannabis que merecen pacientes y usuarios, es un pequeño parche para evitar que estas personas sean allanadas con violencia y sometidas a procesos judiciales traumáticos de dos años", explicó.
En el Senado, uno de los artículos para oponerse a la admisibilidad tenía relación con que no tendría relación con la matriz del proyecto. En esa línea, en la sala de la Cámara, el diputado Bernardo Berger (RN), uno de los que se opuso a este artículo, aseguró que "las modificaciones que se propusieron no me parecían las más adecuadas. La discusión del uso recreativo o despenalización es una discusión válida, pero debe ser de forma más transparente. Concuerdo con la eliminación de las disposiciones relativas al uso del cannabis".
El contenido del proyecto
Sobre el resto del proyecto no hubo mayores reparos, como se observó con la contundente aprobación del grueso de su contenido. Este busca regular el destino de los bienes incautados, el comiso de ganancias o bienes ilícitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Entre algunas modificaciones a la ley que hace, está el aumentar las penas para quienes le den armas a niños o personas exentas de responsabilidad penal para alcanzar fines delictivos.
También busca fortalecer política de decomisos y establece que se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en la ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente.
Asimismo, establece la "enajenación temprana de especies", que permite, a solicitud del Ministerio Público, que el juez de garantía pueda disponer la enajenación temprana de los bienes incautados.
