Este domingo, se cumplen tres meses desde que se produjo el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de salida del proceso constituyente, resultado que empujó al Gobierno a convocar a todos los sectores políticos para construir un acuerdo que permitiera crear un nuevo mecanismo para redactar una nueva Constitución.
Dos días después del referéndum realizado el 4 de septiembre, y después de realizar un profundo cambio a su gabinete ministerial, el Presidente Gabriel Boric citó a todas las colectividades a un encuentro en el Palacio de La Moneda, en el cual se constató la voluntad de todas las partes de dialogar para conseguir ese objetivo.
Para apuntalar las negociaciones, el jefe de Estado mandató a la ministra Secretaria General de la Presidencia,
Ana Lya Uriarte, jugar un rol de acompañamiento a las conversaciones, lo cual fue criticado desde Chile Vamos por considerar que se trataba de un acto de intervencionismo por parte del Ejecutivo.
Esas criticas se intensificaron tras los comentarios que realizó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien apenas se iniciaron los contactos entre los partidos adelantó la posibilidad de que el nuevo proceso fuera paritario, y que contaría con la participación de independientes y escaños reservados para los pueblos originarios.
Ante ello, tanto Uriarte como Vallejo tuvieron que retroceder, dejando el protagonismo en el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y su entonces par de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), quienes convocaron a los partidos políticos a una primera reunión formal para el lunes 12 de septiembre en la sede del Congreso en Valparaíso.
Al llegar a esa cita, varias colectividades ya habían expresado sus posturas. Mientras en el oficialismo apostaban por una nueva Convención con sus miembros 100% electos, en la oposición empujaban la idea de que esta fuera mixta, con la inclusión de expertos escogidos por el Parlamento, debate que se extiende hasta hoy.
Antes de ese encuentro también se produjeron los primeros consensos, como
mantener la paridad, convocar a un plebiscito de salida, establecer el voto obligatorio y la creación de un documento en el que se establecieran ciertas bases constitucionales, eliminado la posibilidad de crear un nuevo texto desde una hoja en blanco.
En ese contexto, en el Ejecutivo existía optimismo sobre el resultado de los diálogos, donde todas las partes coincidían en no repetir los errores de la experiencia anterior. Tanto así, que la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a afirmar que "me gustaría bailar cueca con el acuerdo cerrado", apostando a que ello ocurriría antes del "18".
En contrapartida, desde Chile Vamos pedían "no apresurarse", emplazando a La Moneda a enfocarse en la crisis de seguridad y económica que atraviesa el país. La frase de Tohá llevó al sector a golpear la mesa y restarse de la segunda reunión convocada para el jueves 14 de septiembre, introduciendo el primer factor de incertidumbre al proceso.
El 23 de septiembre, tras conocer la posición del bloque, Boric respondió que "nosotros como Gobierno tenemos absolutamente claro que nuestra prioridad es hoy enfrentar más urgencias de los chilenos", junto con subrayar que ante el debate constitucional "espero que ojalá lleguemos a buen puerto pronto, porque Chile necesita certidumbre".
El vaivén de la negociación
Pocos días después, se presentó la primera propuesta. Luego de tres jornadas de trabajo, los líderes del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, más la DC, dieron cuenta de un documento que incluyó la idea de un Estado unitario, tres poderes independientes, convención 100% electa e integración de expertos en sus principios.
En paralelo, Chile Vamos también trabajó en un texto en el que establecieron sus bordes. El 7 de octubre, tras ocho horas de reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las propuestas, en medio de los llamados del oficialismo a acelerar las tratativas para contar con un acuerdo antes de la conmemoración del 18-O.
Esa semana se produjo la primera baja en la mesa negociadora: El Partido Republicano decidió restarse del debate, en línea con su postura de no convocar a una Convención y tratar de modificar la actual Constitución a través del Parlamento. Asimismo, dicha colectividad anunció la creación de una instancia paralela de conversación.
Dicho espacio fue escenario de un bochorno, luego de que se visara la participación del, ex líder de la Garra Blanca y vocero del Team Patriota, Francisco Muñoz, alias Pancho Malo, quien ha protagonizado varias funas en contra de parlamentarios de todos los sectores. También se produjo un exabrupto del diputado Gaspar Rivas.
Ya a mediados de octubre, desde el oficialismo comenzaron a acusar que el diálogo estaba en punto muerto. De hecho, en esos días se suspendieron varias reuniones, pese a que se logró acordar 12 puntos en las bases constitucionales y se avanzó en el debate de un árbitro que custodiara esos bordes.
En las primeras semanas de noviembre se reactivaron los contactos, incluyendo una activa participación de los sectores de centroizquierda que apoyaron el Rechazo, como Amarillos y el partido en formación denominado Demócratas. Desde las dos instancias apuntaron su desacuerdo con un órgano 100% electo.
El 11 de noviembre, se produjo un nuevo encuentro, en el que se intentó avanzar en ese punto,
el cual aún genera controversia. Mientras quienes estuvieron por el Rechazo planteaban una nueva Convención mixta y con una reducción de escaños, en el oficialismo se mantuvieron firmes en elegir representantes en votación popular.
El número de integrantes también tensionó las conversaciones, ya que Chile Vamos apuntó a 50 miembros, entre electos y expertos escogidos por el Congreso Nacional, en el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad apostaron por el doble e incluyendo a escaños reservados y un comité de 32 expertos, sin participación vinculante.
En tanto, los Demócratas propusieron un órgano de 60 integrantes, elegidos 28 en elección uninominal en representación de los actuales distritos de diputados y 32 en elección proporcional en listas nacionales cerradas por partidos, y Amarillos planteó la creación de un "Consejo Constituyente" electo por el Congreso Nacional.
Al cerrar el mes se encendieron las alarmas por los plazos, ya que para poder generar las reformas necesarias para dar curso al proceso se debía cerrar el acuerdo a fines de noviembre. En ese contexto, los partidos del Socialismo Democrático y parte de la oposición acudió a Boric para que intercediera en el asunto, lo cual ocurrió esta semana.
El Presidente sostuvo una reunión con Macaya para consensuar un pacto y otra con el oficialismo donde estableció las líneas rojas para el sector. Todo apuntaba a que este viernes se cerraría el trato, pero no hubo novedades, quedando todo en pausa hasta este lunes 5 de diciembre, jornada en la que todos esperan anunciar un acuerdo.
