Por casi siete horas se extendió este jueves, la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de los miembros de una organización dedicada al robo de madera en La Araucanía, entre cuyos detenidos se encuentra el vocero de Temucuicui, Mijael Carvones.
Al término de la instancia, la magistrada del Juzgado de Garantía de Loncoche, acogió la solicitud de la fiscalía y
ordenó prisión preventiva para Mijael Carvones, Felipe Barrios, Mario Poblete y para Daniel Salgado.
Según detalló la jueza, se configuró la figura de hurto, el delito de asociación ilícita y existen antecedentes "para presumir la participación de los imputados en calidad de autores". En tanto, se fijó un plazo de investigación de 70 días.
Durante su exposición, la Fiscalía les imputó los delitos de asociación ilícita para cometer delito de hurto sobre 400 UTM; y realización de maniobras maliciosas destinadas a aumentar el verdadero monto de los créditos fiscales del IVA amparado en facturas falsas, esto último, se agrega sólo al imputado Daniel Salgado.
Modus operandi según Fiscalía
Según narró en la audiencia el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Enrique Vásquez, desde al menos 2020 a la fecha, los imputados, Mijael Carvones, Daniel Salgado, Felipe Barrios, Elías Muñoz, Humberto Aranibar y Mario Poblete, "integran una agrupación liderada por Mijael Carvones, cuyo plan delictual es hurtar madera" en distintos fundos, todos predios colindantes y de propiedad de Forestal Arauco, la que era posteriormente vendida a diferentes aserraderos de La Araucanía y el Bíobío.
Para concretar la venta de la madera, los imputados distribuían sus funciones y para encubrir el origen ilícito de la misma, "aducen que la madera extraída y vendida a los aserraderos proviene en su totalidad desde el Fundo Alaska, de la comuna de Ercilla, perteneciente a la comunidad indígena Ignacio Queipul", sostuvo el fiscal.
El persecutor también detalló que imputados mantenían faenas de extracción al interior de los predios de Forestal Arauco, tarea encomendada a Humberto Aranibar Queipul, hermano de Mijael Carvones Queipul. Luego de extraer la madera, Elías Muñoz era el encargado de transportarla, cuyo conductor era Mario Poblete.
Asimismo, "para asegurar su impunidad, los imputados mantienen control territorial de los predios, vigilando los camiones de ingreso para evitar ser detenidos", sostuvo Vásquez.
Tras relatar una serie de actividades realizadas por la organización desde 2020 a la fecha, el fiscal sostuvo que los imputados han sustraído, a lo menos, 76.490 metro cúbicos de madera pino radiata, lo que equivale a $2.677.184.230.
Defensa de Carvones
Por su parte, la abogada de Carvones, Manuela Royo, acusó de una "estrategia procesal" por parte de la Fiscalía, explicando que "mi representado ha estado en fiscalía, al lado de Carabineros y nunca ha sido detenido. Pero hoy, en diciembre de 2022, aparece una querella del SII que no dice relación con mi representado. Aquí hay una estrategia procesal, se están imputando delitos tributarios de una persona (Salgado) y, en un salto cuántico aparecen tres personas más (imputadas)", replicó.
"Hay que separar las aguas; no tiene nada que ver los hechos que están imputando hace dos años atrás, con la querella que presenta el SII", agregó. Asimismo, al igual que el resto de las defensas, refutó el planteamiento de la fiscalía de considerar al grupo como una "organización o asociación ilícita", puesto que a su juicio no estaría acreditada la "permanencia en el tiempo" de los delitos que se imputan.
Querellantes adhirieron a solicitud de prisión preventiva
Por su parte el abogado querellante, en representación de Forestal Arauco, planteó que "ciertamente se configura la necesidad de cautela que debe servir de base, para todos los imputados, de una cautelar de prisión preventiva". Asimismo, sostuvo que el hecho de haber actuado de manera organizada, "nos parece que es absolutamente proporcionada la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público".
En tanto, el abogado querellante por la
Delegación Presidencial de La Araucanía, también adhirió a la petición de cautelar del Ministerio Público, e incluso remarcó que la eventual libertad de los imputados "podría poner en peligro algunas diligencias investigativas".
En tanto, expuso que "dentro de los antecedentes que expone el Ministerio Público se dan cuenta de los roles, de la jerarquía que existía en esta organización delictual, lo que da cuenta que cada uno de los imputados tenía una función específica y necesaria. En ese sentido, estas organizaciones delictuales alcanzaron nivel de trascendencia pública, lo que llevó al legislador a crear un nuevo tipo penal sobre la sustracción de madera".
En tanto, Luis Moya, querellante por el Servicio de Impuestos Internos (SII), quien también adhirió a la solicitud de prisión preventiva, sostuvo que "en el delito tributario de aumento de crédito fiscal, se perfecciona en este caso, donde el imputado Daniel Salgado declara 130 facturas falsas, provenientes de supuestos ocho proveedores, y curiosamente que provienen de empresas donde sus trabajadores, me atrevería a decir, son de escasos recursos".
En resumen, "sólo por este delito tributario reiterado, tendríamos una pena superior a los 5 años y un día, sumado a que el perjuicio fiscal es sumamente alto, prácticamente $240 millones".
En tanto, explicó que cuanto al delito de comercio irregular y comercio clandestino, "la multa está establecida en UTM, porque el bien jurídico protegido es el orden público económico". Por lo tanto, al sumar ambos delitos tributarios, "con creces excederían una pena mayor a cinco años", remarcó.
