Tres personas fallecidas y tres lesionadas fue el saldo que dejó una pelea al interior de un predio en un sector rural de la comuna de Teodoro Schmidt, en la Región de La Araucanía, lo que reabrió el debate por el proyecto de ley para aumentar las penas por usurpaciones -para poder sancionar con penas de cárcel- y las dudas sobre su estado de avance en el Parlamento.
El hecho se registró el sábado, luego que dos grupos de personas comenzara una riña por la ocupación de un terreno. Según versiones de vecinos, la zona en cuestión era motivo de conflicto entre ambas partes, e incluso, se habían realizado denuncias previas por presuntas amenazas y agresiones. Según detalló El Mercurio, la disputa se produjo entre la anterior propietaria del terreno y una comunidad mapuche aledaña, y luego que la justicia determinara que ésta era la dueña legítima, ésta decidió venderla a un particular.
Según narraron los vecinos, el nuevo propietario habría llegado a instalar un cierre perimetral de madera, causando la molestia de los comuneros, lo que desató la fatal riña que dejó al nuevo dueño y a comuneros fallecidos.
El hecho provocó una serie de reacciones entre los parlamentarios de la zona, quienes ayer afirmaron a Emol que el problema de usurpaciones es frecuente en La Araucanía y llamaron al Ejecutivo a poner "suma urgencia" a la iniciativa.
Este lunes, consultado por lo ocurrido y por un eventual intento de usurpación, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, sostuvo este lunes que se trata de un proceso en investigación a cargo del Ministerio Público y descartó entregar declaraciones en la materia.
Sin embargo, respecto a la ley de usurpación, sostuvo que "como Gobierno hemos sido muy claros. Aquí no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado. Tan así que el Presidente, cuando viene a la región, solicita al senador José García Ruminot (RN) y al senador Jaime Quintana (PPD), que lleguen a un acuerdo para legislar al respecto".
"Ese trabajo se hizo, se está haciendo, y creemos que en los próximos días ya va a estar abordándose donde se debe, que es en el Parlamento", complementó Montalva. Consultado por un plazo para que el texto avance, el delegado sostuvo que "imagino que será la fecha y el plazo necesario para que tenga un gran acuerdo; lo que no puede pasar es presentar este tipo de proyectos sin acuerdos, o para hacer una consigna política pero que después esos proyectos queden ahí, durmiendo".
"El trabajo termina cuando sale publicada la ley, y para eso es necesario un acuerdo transversal del Parlamento, que cuente con los apoyos necesarios y en eso se ha trabajado, y espero que en los próximos días ya eso dé resultados".
Diferencia entre "tomas" y "usurpación"
En diciembre, senadores del oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo para destrabar la discusión del proyecto de ley que busca aumentar las sanciones frente a la usurpación de tierras. Desde esa fecha, se esperaba que el Ejecutivo presentara las indicaciones concordadas para que se activara su tramitación en el Senado.
Dichas indicaciones se centraban en distinguir las usurpaciones violentas y no violentas, con sus respectivas penalidades y establecer la flagrancia como una condición permanente para este tipo de ilícitos.
En conversación con Emol, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos), quien es una de las impulsoras de la iniciativa, comenta que "en diciembre, el senador José Miguel Insulza (PS), en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, que faltaría hacer una incorporación de una redacción vinculada a las tomas de terreno del norte, que tienen un carácter distinto, los llamados 'loteos brujos'".
En ese contexto, comenta la senadora, "esperamos todo ese mes que aquello se incorporara pero nunca llegó una redacción definitiva por parte del Ejecutivo. Sin embargo, en enero, hubo una redacción que si bien se hacía cargo de la preocupación del senador Insulza, que nosotros estamos de acuerdo, volvía a retroceder en torno a la usurpación no violenta, y no le otorga penas de cárcel, sino que sólo multas y en ese caso, no es un delito".
En febrero, la senadora, junto al senador José García Ruminot (RN) se reunieron con el subsecretario Manuel Monsalve, "no sólo como autores, sino como senadores de una región en donde hoy se evidencia que, probablemente este tema generó un conflicto con resultado de muerte, y estábamos angustiados, porque esta promesa para el país, no la estábamos cumpliendo. Él se compromete a presentarnos una nueva redacción que retome penas de cárcel para cualquier tipo de usurpación, en la primera semana de marzo. En eso estamos", comentó.
"Han habido dudas (...) respecto a lo que se hace con las tomas, cuando la gente anda buscando un lugar para vivir. Parece un poco fuerte, cosa que ha sido tradicional en Chile, que se confunda con la usurpación con fines lucrativos, entonces estamos buscando una forma de seleccionar estas tomas y tratar de excluirlas (de la propuesta)".
José Miguel Insulza, senador (PS)
Por su parte, el senador Quintana comenta a este medio que efectivamente en su rol de negociador lograron, junto al senador García, consensuar un texto "hace ya casi tres meses, pero luego vino el problema con la mesa de seguridad y se complicaron las cosas". Agrega que próximamete, será el presidente de la comisión, el senador Insulza, quien con la venia del Ejecutivo, quien debiera ponerlo en votación.
Consultado por el tema, el senador Insulza plantea que efectivamente "ha existido un número importante de usurpaciones, provocadas por el tema de razones políticas o de especulación", y según afirma, el proyecto "está listo para sancionar esto fuertemente y para preocuparse, sobre todo, de la gente que usurpa terrenos, sin tener que esperar la orden de juez".
Lo que ha pasado hasta ahora, según comenta, es que "han habido dudas" entre parlamentarios tanto oficialistas como de oposición, y de personeros del propio Gobierno, "respecto a lo que se hace con las tomas, cuando la gente anda buscando un lugar para vivir. Parece un poco fuerte, cosa que ha sido tradicional en Chile, que se confunda con la usurpación con fines lucrativos, entonces estamos buscando una forma de seleccionar estas tomas y tratar de excluirlas (de la propuesta)".
En cuanto a las sanciones, Insulza afirmó éstas "no aumentan sustantivamente, en la mayor parte de los casos son simplemente multas y en casos muy especiales está la idea de la comisión de algún delito, pero en general son sanciones bastante bajas, probablemente nadie va a estar preso por un periodo largo por eso". Esto, porque lo que se busca es que "más que a las penas, el proyecto apunta a la posibilidad de aumentar la flagrancia y permitir que el juez ordene la devolución del inmueble antes que termine el juicio".
De todas formas, el parlamentario afirma que esta semana se comunicó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le comunicó que "ya tenía una solución" sobre este último punto, y que se lo haría llegar al senador.
