Ante el pleno de la Comisión Experta, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso este lunes respecto al funcionamiento del organismo que encabeza, planteando que su regulación constitucional debe ser "precisa y sin ambigüedades" para evitar cuestionamientos a este órgano autónomo.
Junto con valor que la reforma que posibilitó el nuevo proceso constitucional, los reconozca como un "órgano autónomo" en sus bases institucionales, Bermúdez resaltó que "la Contraloría es una institución Republicana, históricamente ha sido crucial para la estabilidad y el progreso de nuestro sistema democrático de gobierno".
En ese contexto, recalcó que "ella está asociado al ideal Republicano que busca someter la acción del gobierno a las leyes, es decir, que quien ejerza el poder lo haga de acuerdo a las normas. La Contraloría ha sido un crucial contrapeso al Poder Ejecutivo, fiscalizando desde las grandes decisiones del Presidente de la República, hasta las más cotidianas actuaciones de servicios públicos y municipios".
Asimismo, destacó su autonomía y la independencia del órgano de los otros poderes del Estado, les facilita su función.
Según el contralor, "no podemos esperar que la Constitución regule los detalles de la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República. Por el contrario, una regulación institucional demasiado detallada, nos haría correr el riesgo de rigidizar un ámbito crucial para actuación eficaz de la administración del Estado como lo es el del control externo".
A su juicio, "es necesario modernizar la regulación actual, pero esa es una tarea primordialmente del legislador".
"En ese mismo sentido, nos atrevemos a proponer humildemente que la regulación constitucional en esta materia respecto de la Contraloría debe ser precisa y sin ambigüedades, que pudieran propiciar posteriores cuestionamientos a este órgano autónomo de fiscalización", sostuvo.
Y acotó que "por eso, parece desaconsejable establecer a nivel constitucional, términos poco precisos como evaluación de mérito o de competencia".
Sugerencias
Bermúdez además planteó algunos temas que cree que deben estar en la nueva Constitución y que ya habían sido incluidos en la fallida propuesta constitucional del 2022.
En primer lugar, afirmó que, "un cambio destacable del texto de nueva Constitución propuesto (...) fue incorporar esta función dentro de la esfera de competencias de la Contraloría. Me permito aquí sugerir respetuosamente la necesidad de consagrar el principio de integridad", añadiendo que debe ir acompañado "de un sistema de integridad pública que facilite que las instituciones reconocidas por la ley con competencia en la materia, actúen de forma coordinada y progresiva en la lucha de la corrupción".
Asimismo, Bermúdez hizo una segunda propuesta a la Comisión, también planteada en el proceso anterior, sobre la creación de "una suerte de Consejo Técnico de la Contraloría General de la República. Éste sería un órgano que colabore en las funciones esenciales de la institución a modo de incluir un elemento de deliberación en aquella decisiones que así lo requieran. Este nuevo órgano puede contribuir especialmente en los grandes lineamientos para la acción estratégica de la Contraloría General, por su parte las funciones cotidianas deben mantenerse en una conducción única que posibilite su actuación eficaz y diligente".
Al mismo tiempo, se mostró partidario de que se mantenga la posibilidad de acusar constitucionalmente al contralor general por parte del Congreso.
Finalmente, Bermúdez planteó que es necesario que "la nueva Constitución contenga y refuerce los pilares centrales de la Contraloría General, éstos son: Mantener su carácter unipersonal; robustecer su misión institucional, reconociendo las funciones que efectivamente desempeña; preservar su capacidad técnica, encarnada en sus funcionarios y funcionarias y proteger su autonomía, especialmente respecto Poder Ejecutivo, reafirmando su responsabilidad constitucional frente al Congreso y su sometimiento a la tutela judicial".
El contralor además se refirió a la alta cantidad de dictámenes que suelen emitir, expresando que el órgano "pareciera que está siempre atrasado, pero respecto de qué", preguntó, aludiendo a qué si todo ello se transformara en temas judiciales, sería una gran carga para los tribunales. También se mostró a favor del sistema de designación del cargo.
