"Estamos hablando del Estado organizado para pelear contra el crimen", destacó este martes el Presidente Gabriel Boric, al presentar los detalles del compromiso transversal por la seguridad, el cual fue suscrito esta jornada en el Palacio de La Moneda por el Gobierno, los gobernadores regionales y las asociaciones de alcaldes.
Durante la ceremonia realizada en el Patio de las Camelias de la sede del Ejecutivo, el Mandatario destacó el respaldo que obtuvo la iniciativa liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en autoridades de distinto signo político, la cual concluyó con un texto con 92 medidas que permitirán mejorar la lucha contra la delincuencia.
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Quiero destacar esta transversalidad, que a veces en política resulta esquiva, pero qué importante que tener la visión de ponernos de acuerdo en torno a un bien compartido, independiente de que en otras áreas podamos tener legitimas diferencias", agregó el Mandatario durante su discurso en la actividad.
Entre los aspectos más importantes, el jefe de Estado remarcó la entrega de mayores competencias a los gobiernos regionales en materia de prevención del delito, así como de protección y apoyo a víctimas, y el fortalecimiento del rol de los municipios, a través de la modificación de su ley orgánica constitucional.
El documento se divide en cinco ejes: prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad; y policías. En el primero de ellos, se harán cambios legales para que los gobernadores puedan diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en prevención del delito y asistencia a víctimas.
También podrán otorgar apoyo en el ámbito social, legal y de salud mental a las personas que han sido víctimas de delitos violentos y participar en instancias de coordinación como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, su versión regional y en el Comité Operativo de Prevención y los Consejos Comunales de Seguridad Pública.
Asimismo, se creará un proyecto de ley para
darle a los gobernadores la facultad para crear una división o departamento de Prevención del Delito y de Atención y Asistencia a Víctimas, mientras que las regiones con áreas metropolitanas podrán desarrollar planes y programas unificados de prevención del delito.
En cuanto a los municipios, los alcaldes podrán incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial, reformar los Consejos Comunales de Seguridad para que incorporen más activamente a la ciudadanía y a los juzgados de policía local. También podrán ejecutar programas de protección a víctimas.
El acuerdo incluye además la posibilidad de crear una nueva categoría funcionaria para seguridad y fiscalización, con requisitos e inhabilidades específicas, más el fortalecimiento de las funciones y atribuciones de los inspectores municipales de seguridad.
Con ello, podrán participar en la verificación del cumplimiento de medidas cautelares y de protección, retener personas sorprendidas en delitos flagrantes y ponerlos a disposición de las policías. La agresión a estos funcionarios quedará establecida como un delito agravado.
Adicionalmente, podrán recibir denuncias y coordinar acciones de seguridad con las autoridades, gestionar colaborativamente las acciones del Consejo Comunal de Seguridad, colaborar en la fiscalización del territorio comunal, en tareas como patrullajes preventivos y mixtos con las policías, rescate de animales y tareas de vigilancia.
