Un total de
46 comunas serán intervenidas por el Gobierno durante los próximos meses, como parte de su nuevo plan
"Calles sin Violencia", que busca enfrentar la crisis de inseguridad y delincuencia que afecta al país.
De ellas, 22 pertenecen a la Región Metropolitana, mientras que las 24 restantes son de distintas regiones a fin de generar un programa nacional de lucha contra la criminalidad.
El objetivo es disminuir los asesinatos y delitos violentos, diseñando una estrategia de "intervención específica" para cada territorio en base a un trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Criterios de selección y líneas de acción
Desde el Gobierno explicaron que las comunas que serán parte del plan se han seleccionado por sus altas tasas de delincuencia y asesinatos, según cifras oficiales del Observatorio de Homicidios, en el cual participan las policías, Servicio Médico Legal y el Ministerio Público, entre otros.
A ello se han sumado todas las capitales regionales, alcanzando así el número final de comunas que formarán parte del programa inicial del plan.
De acuerdo al Ejecutivo, la metodología de intervención se diseñó sobre la base de los factores que habitualmente afectan a los territorios donde se producen más delitos violentos, como la presencia de pandillas, crimen organizado y tráfico de drogas; la impunidad penal (delitos graves donde no se han encontrado los responsables o están fugados); tráfico y presencia de armas; y deterioro barrial, tráfico de drogas y consumo problemático de alcohol.
Junto con esto, el Gobierno indicó que el plan "Calles sin Violencia" contempla tres líneas de acción.
La primera es implementar un eje para tener persecución penal efectiva, el cual tiene como objetivo esclarecer los homicidios y delitos asociados a ellos. Para ello se establecerá un grupo de primera respuesta de homicidios, que partirá en la Región Metropolitana, y que tiene como propósito generar información de manera ágil, levantando fuentes de información directas y con presencia en el sitio del suceso.
El equipo de primera respuesta estará a cargo de un fiscal especializado y preferente, coordinado desde la Fiscalía Nacional (Unidad especializada de Crimen Organizado y DIVEST) y estará compuesto por fiscales, analistas, abogados/as asistentes, analistas URAVIT y personal de apoyo administrativo. Además, la Policía de Investigaciones (PDI) dispondrá de un grupo de investigación especializado dedicado a esta labor, conformado por funcionarios altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales, con experiencia en el área y en delitos violentos.
La segunda línea de acción es la "actividad policial": Carabineros realizará un patrullaje policial efectivo para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos, a su vez de visibilizar mayor presencia policial en sectores con alta ocurrencia de delitos.
Este patrullaje implicará un aumento de la presencia de Carabineros en sectores altamente conflictivos para disminuir la percepción de inseguridad e impunidad, priorizando zonas y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas en las comunas a intervenir.
Por último, se realizará una fiscalización de infracción e incivilidades. La idea es realizar controles para asegurar la tenencia responsable de las armas legalmente inscritas y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares.
Asimismo, Carabineros realizará rondas focalizadas de fiscalización cuyo objetivo es poder dar captura a personas que cuenten con órdenes de detención pendientes, a través de la implementación de Checkpoints policiales en zonas de alto flujo, donde se realizarán controles vehiculares y de identidad.
