El duro informe de Contraloría, que frustró la compra de la ex clínica Sierra Bella, es la más reciente polémica en la que se ha visto envuelta la administración de
Irací Hassler (PC) en la Municipalidad de Santiago. Aunque se trataría del golpe más complejo que ha recibido su gestión, no es el único caso por el que ha recibido cuestionamientos.
Son varios los flancos que se han abierto durante la gestión de la alcaldesa de Santiago, una comuna que sufrió una serie de embates durante el estallido social y que, tras la pandemia, vio agudizada la crisis de seguridad en su casco histórico y en distintos barrios.
Los esfuerzos, planes, programas e intervenciones no han sido pocas, sin embargo, Santiago de todos modos fue escogida como la primera zona a intervenir de las 46 que forman parte del plan "Calles sin Violencia" del Gobierno, donde el principal criterio de selección apunta a los homicidios.
A ello, se suman los episodios de violencia registrados en el contexto de las manifestaciones estudiantiles, marcada principalmente por las demandas de los llamados "liceos emblemáticos", y las críticas que recibió Hassler por la forma de enfrentar tal problemática, lo que incluyó un requerimiento ante Contraloría por parte de personeros de oposición.
Así las cosas, los frentes de Hassler la han llevado a estar varias oportunidades en una situación incómoda, con peticiones de renuncia o incluso de una eventual destitución de su cargo. Sin embargo, la jefa comunal afirma que "no existen fundamentos" para aquello, junto con lamentar el "oportunismo político".
Fallida adquisición de ex Clínica Sierra Bella
El pasado jueves 13 de abril, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un duro fallo, al objetar la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del Municipio de Santiago, por "precio injustificado". Esto, debido a que el inmueble intentó ser adquirido por poco más de $8 mil millones.
Junto con aquello, el organismo fiscalizador anunció que realizará un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el hecho, y por "incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa". Además, el informe puntualiza que el municipio pretendía otorgar prestaciones de salud "que excederían del nivel propio de la atención primaria", cuestionando que la autoridad alcaldicia aludiera al proyecto como la "primera clínica municipal".
En respuesta a la decisión de la CGR, la administración Hassler determinó no insistir en la compra del inmueble, y de paso, anunció acciones legales contra quienes realizaron las tasaciones del mismo. Además, la jefa comunal solicitó la renuncia del director jurídico, Jean Pierre Chiffelle y del secretario de planificación del municipio, Luis Mayorga Salces, apuntando a ejercer las responsabilidades políticas y técnicas del caso.
Todo aquello, en medio de las nuevas peticiones de renuncia contra la alcaldesa e incluso la posibilidad de destitución. Ante ello, y tras ser blindada por el PC, la jefa comunal sostuvo el viernes que "no hay ningún fundamento para aquello, pero además de que lamentamos el oportunismo político de la derecha que ha estado presente no solo en éste, sino que en distintos momentos de nuestra administración".
Pero la trama no terminó ahí. Esa jornada, la Asociación de Profesionales y Técnicos de Santiago, acusaron a través de un comunicado de una "serie de irregularidades" al interior de la Municipalidad. "Lamentablemente, la situación observada por Contraloría es una más de una larga cadena de situaciones irregulares, como 'jefes' que no son jefes; 'directores' que no son directores y una serie de asesores que duplican funciones, entorpecen procedimientos y provocando una gestión paralela partidista", indicaron a través de un comunicado.
El proyecto que declaró "deficiente" su gestión
El 21 de diciembre, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una resolución que declaró como "deficiente" la gestión de la alcaldesa de Santiago, iniciativa impulsada por los diputados de las bancadas de Renovación Nacional María Luis Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey, Marcia Raphael y Juan Carlos Beltrán.
En el documento, los legisladores denunciaron que "es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal".
A ello sumaron "la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el municipio, muchos de ellos de tipo 'emblemáticos' como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de Niñas".
En el documento, los parlamentarios acusaron a Hassler de "dar pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna" y pidieron al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que interviniera para mejorar el estado de la comuna.
En respuesta, la jefa comunal afirmó que la dotación de Carabineros de la comuna era "claramente insuficiente", así como también su equipamiento. "Hay un trabajo que requiere de una presencia amplia, cuando estamos hablando de personas que están armadas y que, por tanto, eso requiere de un trabajo de quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado", respondió Hassler.
La crisis de seguridad y el comercio ambulante
La crisis de seguridad que atraviesa Santiago se profundizó tras el estallido social y la pandemia, y aunque se trata de factores externos a la administración de Hassler, distintas voces han cuestionado las acciones que ha emprendido el Municipio para hacer frente a estas crisis. En respuesta, la acaldesa apuntó a la administración anterior en algunos casos, y en otros, recalcó que el problema de la seguridad le compete al Ministerio del Interior.
En septiembre de 2021, la alcaldesa anunció su intención de otorgar más de mil permisos para que el comercio ambulante se instalara en determinados sectores de Santiago, con el fin de avanzar en un "ordenamiento democrático del territorio". Esto, pese a que ya se habían entregado 3 mil autorizaciones de este tipo.
El anuncio generó duras críticas entre vecinos, el comercio establecido y las pymes del sector, quienes tildaron la decisión como una "cachetada". Consultada sobre el tema, la jefa comunal respondió que la administración anterior de Felipe Alessandri (RN) era "de solamente prohibición o mirar para el lado", por lo que, a su juicio, era necesario aumentar las patentes destinadas para regular el comercio informal.
De todas formas, en la cuenta pública por sus primeros 100 días, la jefa comunal volvió a abordar las críticas, aclaró que desde que asumió,
sólo había entregado seis permisos y llamó al Estado a hacerse "parte de la solución".
Pero más allá del número de autorizaciones que se haya entregado o no, lo cierto es que los problemas asociados a la gran cantidad de comercio ambulante en las calles de Santiago persistió. Uno de los puntos de inflexión ocurrió a fines de noviembre, luego que se viralizara un video donde dos menores de edad amenazaban a una mujer con un cuchillo en el sector de Paseo Ahumada.
El hecho generó una oleada de críticas y
la carta "Santiago Agonizante" que ocho ex alcaldes -entre ellos, Raúl Alcaíno, Felipe Alessandri, Jaime Ravinet y Pablo Zalaquett- enviaron a El Mercurio, criticando el deteriorio de plazas y espacios públicos, donde "la delincuencia y la drogadicción campean"; apuntaron al centro "atiborrado de comercio ilegal, con cocinerías insalubres, y parques y veredas repletándose de colchones y precarios alojamientos callejeros". Así las cosas, plantearon que, a su juicio, "
la principal responsabilidad de semejante debacle recae directamente en quienes administran la ciudad".
En respuesta, la alcaldesa los llamó a "buscar aportar", recalcando que ellos "no lograron resolver problemas estructurales". Incluso, recalcó que el trabajo de recuperación de la zona significaba la participación diferentes instituciones.
"Eso implica un trabajo de fiscalización con Carabineros que tienen la tarea del orden público, y por lo tanto con el Ministerio del Interior, eso implica también una muy relevante investigación en torno al crimen organizado porque eso sí ha ido variando en los últimos años en nuestro país, hemos pasado de una situación de delito, podríamos decir más 'común', a lamentablemente situaciones de bandas organizadas, de crimen organizado con uso de armas, con narcotráfico y otros aspectos que requieren sin duda de un abordaje específico, y eso necesita a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía", aseveró la alcaldesa en su defensa.
Manifestaciones en "liceos emblemáticos"
El pasado mes de marzo, la alcaldesa Hassler hizo un llamado a que los hechos de violencia asociados al inicio de clases no se replicaran. "Queremos que eso quede atrás", dijo al respecto, junto con recalcar que durante el verano se había aplicado un plan de mejoras en materia de infraestructura y las demandas de los estudiantes, especialmente de los llamados "liceos emblemáticos".
Al ser consultada por el plan de seguridad, la jefa comunal fue enfática y aclaró que "los temas de orden público no están directamente a nuestro cargo", aunque precisó que existieron reuniones con las policías y la delegación presidencial.
La forma en que la jefa comunal ha enfrentado la crisis asociada a las demandas estudiantiles y los desórdenes asociados también ha recibido críticas, especialmente desde la oposición, quienes incluso la acusaron en noviembre pasado de no aplicar la ley Aula Segura ante los hechos de violencia registrados en distintos establecimientos educacionales.
Incluso, los
parlamentarios de RN,
Diego Schalper, Hugo Rey y los concejales Juan Mena y Santiago Mekis, junto a la Agrupación Santiago Seguro,
presentaron un requerimiento ante la Contraloría sobre este tema, basándose en las acusaciones del ex rector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, quien aseguró que desde que asumió la nueva administración en junio de 2021, se le dio una orden de no aplicar la ley de Aula Segura de 2018, de la cual Hassler –y el actual Gobierno- fue siempre contraria.
En respuesta, Hassler afirmó que "jamás he instruido no utilizar la normativa vigente", y que dicha herramienta legal está disponible "en los establecimientos de Santiago, particularmente desde los directoras y directores".
En ese sentido, la alcaldesa aclaró que el Municipio buscaba implementar una política que separase los actos delictuales de la comunidad educativa. "Hay una política, una lógica que está cambiando en la comuna de Santiago, que es no entender a toda una comunidad educativa desde la criminalización, sino que de separar muy bien aquellos hechos que son constitutivo de delito, de violencia, que requieren de la persecución del Estado, particularmente de las policías y Fiscalía, de lo que es el diálogo con la comunidad educativa", precisó en aquella oportunidad.
En febrero de este año, la Contraloría desestimó el requerimiento, y señaló que "no se advierte la irregularidad denunciada". Además, indicaron que "los antecedentes a que aluden los recurrentes, en su mayoría, corresponden a una fecha anterior a aquella en que la actual alcaldesa de la Municipalidad de Santiago asumió su cargo".
