Un duro golpe recibió la
Universidad de La República. Y es que el 5° Juzgado Civil de Santiago decretó una orden de lanzamiento para
desalojarla de su casa central, ubicada en calle Agustinas 1818 en Santiago, por deuda de arrendamiento.Esto, tras una querella presentada por la
Inmobiliaria Logroño SpA, en la que se solicitaba que "se requiera al deudor para que, dentro del plazo de diez días corridos,
pague las rentas y las cuentas de gastos comunes y de consumo adeudadas, y las que se devenguen con posterioridad a la presentación de la presente demanda, más los intereses y costas que correspondan".
Agrega que "y, para el caso de que el demandado no pagare o no compareciere o no formulare oposición, que se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada, y
se disponga su lanzamiento y el de otros ocupantes del inmueble en el plazo no superior a diez días, contado desde que la respectiva resolución se encuentre firme y ejecutoriada o cause ejecutoria".
El Juzgado acogió y ordenó el desalojo del inmueble. Incluso, emitió un oficio a "
Carabineros de Chile a fin de que faciliten el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento en caso estrictamente necesario y que se asesore al Ministro de Fe encargado de efectuar la diligencia de lanzamiento decretada en autos".
La demanda fue presentada el año pasado, y los abogados de la inmobiliaria alegaban que "en consecuencia, considerando las deudas correspondientes a los años 2020, 2021 y lo que va del 2022, hasta la fecha el arrendatario adeuda a mi representada un total de 2,115.05 UF (dos mil ciento quince coma cero cinco Unidades de Fomento) equivalentes al día de hoy a la suma de
$73.976.010 (setenta y tres millones novecientos setenta y seis mil diez pesos)".
El futuro de la Universidad actualmente es materia de evaluación por parte de la Superintendencia de Educación Superior, entidad que abrió una nueva investigación en contra de la casa de estudios, en base a nuevos antecedentes recabados producto de distintas acciones de fiscalización en terreno y que se suma al rechazo del plan de recuperación presentado por las autoridades de la casa de estudios.
