Antes de que la Comisión Experta comenzara la redacción del anteproyecto de Constitución, los entonces designados comisionados y miembros del Comité Técnico de Admisibilidad preveían que una de las materias que más debate generarían era la base institucional relacionada con el Estado social y democrático de derecho.
Es el quinto de los 12 puntos a los cuales la propuesta de Carta Fundamental se debe ceñir y estipula: "Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y a través de instituciones estatales y privadas".
Si bien tanto en la izquierda como en la derecha habían valorado que se incluyera el Estado social, la última frase —"a través de instituciones estatales y privadas"—
ha motivado intensas discusiones dentro y fuera de la Comisión Experta y se ha instalado como uno de los temas que más desencuentros generan.
Prueba de ello son las enmiendas presentadas, especialmente en la subcomisión de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El texto aprobado en general por unanimidad de los expertos dice en relación con el derecho a la protección de la salud física, mental y social que "la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado".
Expertos DC y PS propusieron modificar dicha redacción y sustituirla por "la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el prestador de salud sea este estatal o privado, de conformidad a la ley"; es decir, eliminar la palabra "régimen" y mencionando a los privados en cuanto a prestadores.
Por su parte, comisionados en cupo del Frente Amplio, PC y PPD propusieron reemplazarlo por "la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias", sin hacer alusión al papel de los privados.
Mientras, los expertos nominados por los partidos de derecha y centroderecha no incluyeron indicaciones para modificar ese numeral, sino que postulan adicionar otro nuevo, que diga: "Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley".
Una situación similar se dio en el artículo sobre seguridad social. El texto ya aprobado dice: "El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley". Comisionados del FA, PC y PPD sugieren una nueva redacción: "El Estado adoptará progresivamente y conforme lo permita la capacidad fiscal todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales". Por su parte, la oposición impulsa la idea de dejar por escrito que las prestaciones sean otorgadas “a través de instituciones públicas o privadas".
Las diferencias se repiten en el derecho a vivir en un entorno seguro, materia que no se incluyó en el texto aprobado en general y fue abordado en las enmiendas. Ninguna de ellas explicita un papel para los privados, pero sí una del oficialismo propone que "las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos (...)".
Según el comisionado Alexis Cortés (cupo PC), las enmiendas presentadas por su sector "no buscan restringir el rol de los privados, lo que se busca es resaltar el rol del Estado en la responsabilidad que tiene de garantizar los derechos sociales. Y eso, particularmente en algunos derechos, es fundamental". Añade que "no se les puede exigir a los privados que procuren la reducción de las desigualdades, pero sí se lo puedo exigir al Estado. Ahora, los privados pueden coparticipar de ese esfuerzo de proporcionar estas garantías públicas para la entrega de los derechos".
Pero desde la oposición lo ven de manera distinta. Este lunes el comisionado Máximo Pavez (cupo UDI), quien preside la subcomisión de Principios, derechos civiles y políticos, donde también se está abordando el alcance del Estado social, manifestó: "Qué importante es que hagamos esta reflexión en torno a lo que nos convoca, que es el Estado social, y poner el incentivo específico donde tiene que estar, que es que el Estado impulse, fiscalice, fije reglas, pero que, en ningún caso, signifique que los organismos colaboradores, teniendo una buena subvención, puedan realizar, sino, el mejor trabajo posible. Y eso yo lo voy a impulsar en toda la discusión constitucional".
"No es contradictorio"
De acuerdo con el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y profesor de Derecho Constitucional de la UC, Claudio Alvarado, esto se relaciona con "cómo se articula la cláusula de Estado social con el principio de subsidiariedad. Es evidente que hay un debate en desarrollo, donde sí hay una tensión".
A su juicio, "tanto los comisionados expertos como después los consejeros van a terminar articulando los temas de forma consistente y de acuerdo a las bases constitucionales". Y es que, según el académico, "aquí no hay una sola receta posible, estos principios orientadores admiten distintas lecturas y aterrizajes".
Para la consejera del Colegio de Abogados y socia de Sarmiento y Walker Asociados,
Elisa Walker, "el principio de subsidiariedad neoliberal es contradictorio con el Estado social y democrático de derecho, pero el Estado social y democrático de derecho no es contradictorio con la participación de entidades privadas, en la medida en que ellas colaboran para el desarrollo del bien común". La abogada agrega que en la propuesta de texto aprobado en general "se establece el Estado social y democrático de derecho, pero se mantienen las normas más tradicionales del principio de subsidiariedad en algunos ámbitos relativos a que a los grupos intermedios, estipulados como 'instituciones sociales', se les resguarda su libertad para que cumplan sus fines propios para sus propósitos".
¿A arbitraje?
El proceso constitucional considera un órgano, el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), que debe velar por el cumplimiento de las bases y resolver los requerimientos que pueden presentar dos quintos de los comisionados después de que se apruebe una norma o enmienda que, a su juicio, vulnere alguna de ellas.
"Nuestra tarea principal, lo dicen la Constitución y el auto acordado, es resolver los conflictos que se manifiestan en la Comisión Experta, en las subcomisiones o el Consejo Consultivo", explicó Julia Urquieta (integrante del CTA en cupo PC). Su par Josefina Soto (cupo Chile Vamos) recalcó que “conforme al procedimiento nos tenemos que sujetar, porque además, nosotros somos un órgano jurisdiccional".
Por ahora, en los pasillos del ex-Congreso ven que, aunque no haya acuerdo en cómo abordar el tema, sería difícil que se llegue hasta el CTA con el tema, porque
ninguna de las enmiendas presentadas estaría alcanzando los tres quintos para su aprobación.
En la misma línea, Alvarado dice no ver "un escenario de viabilidad política en que se vaya a aprobar dentro de la Comisión Experta algún tipo de enmienda que genere esa impresión”. Mientras, Walker sostiene que “la Comisión Experta está haciendo un trabajo interesante y creo que tienen muy presente que no sería positivo que haya normas que se tensionen y se lleven al Comité de Admisibilidad. Yo creo que tienen las capacidades para resolverlo".
