Diputados de Renovación Nacional liderados por José Miguel Castro, oficiaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Ojeda, tras conocerse por una investigación de CIPER que esta última autoridad cerró un contrato por trato directo, un chárter Santiago-Caracas, para concretar la expulsión de 60 ciudadanos venezolanos. Vuelo que tuvo un costo para el Estado de Chile de US$237.218 (poco más de $190 millones).
En el documento enviado a través del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, se señala que de acuerdo a una resolución exenta del 19 de abril del año en curso, el Servicio Nacional de Migraciones afirma que "actualmente solo es posible materializar expulsiones de ciudadanos venezolanos en vuelos comerciales, para lo cual se debe solicitar autorización a cada aerolínea y con la restricción de dos expulsados por cada vuelo comercial, situación que limita el número de expulsiones diarias que se pueden materializar de ciudadanos de dicha nacionalidad".
El Servicio Nacional de Migraciones argumenta en la RE que la empresa "Estelar Agencia de Viajes SPA otorga la seguridad y confianza necesaria para la ejecución de la presente contratación". Y agrega que tiene la capacidad "para otorgar la correcta entrega del servicio de traslado de 60 ciudadanos de nacionalidad venezolana a su país de origen, junto a los escoltas de la Policía de Investigaciones (...) Asegurando el aterrizaje del avión en dicho país".
En el oficio se pide a la ministra Tohá, al subsecretario Monsalve y a Thayer Ojeda, "que puedan informar de la realización de otras compras de chárter (...) y que tengan como finalidad llevar a cabo las órdenes de expulsiones administrativas y judiciales emitidas".
Asimismo, se solicita la "copia de los actos administrativos que llevaron a su ejecución e incorporar un listado en donde se especifique: proveedor; monto de compra; fecha de realización del vuelo; especificaciones técnicas solicitadas al proveedor y el número de pasajeros, detallando el número de expulsados y el número de escoltas de la Policía de Investigaciones que efectúa el viaje".
Se pide también las copias de "las estimaciones de cálculo financiero que se efectuaron para llevar a cabo la realización del trato directo". A eso se suma la demanda de un informe "respecto a las conversaciones que ha llevado el Estado de Chile con el gobierno de Venezuela, con el propósito de poder emplear aviones institucionales de la Fuerza Aérea de Chile u otra institución gubernamental".
Otra solicitud en el documento tiene que ver con la transparencia en el sentido de conocer la "existencia de convenio o cualquier contrato celebrado entre órganos o servicios gubernamentales con aerolínea Sky, cuyo objetivo fuere realizar vuelos para ejecutar órdenes de expulsión a otros países de Sudamérica vigente al 11 de marzo del año 2022. Ejecución de vuelos en virtud de dicho convenio o contrato".
El oficio también va suscrito por los diputados Sofía Cid Versalovic, Andrés Longton Herrera, Frank Sauerbaum Muñoz, Marcia Raphael Mora, Jorge Durán Espinoza, Miguel Mellado Suazo, Catalina del Real Mihovilovic, Andrés Celis Montt y Jorge Rathgeb Schifferli.
