“Hablemos el 8 de mayo”, es una de las frases que más se repetía esta semana en el ex-Congreso, donde la Comisión Experta trabaja en el anteproyecto de nueva Constitución.
A dos días de la elección de los consejeros constitucionales, al interior de la Comisión Experta reconocen que el tema ha estado sobre la mesa, que mirarán los resultados con detención y que creen que la elección marcará un antes y un después para el proceso constitucional. Así lo resume la comisionada Magaly Fuenzalida (Ind.-FRVS): “Mentiría si dijera que no lo hemos hablado, pero no ha sido una preocupación permanente”.
Y los aspectos que están mirando van desde
cómo los resultados podrían influir en la actitud y decisiones que tomen los comisionados durante las próximas semanas hasta el apoyo ciudadano al nuevo proceso.
Consensos en juego
Distintos actores del proceso, comisionados, asesores o espectadores entendidos en materia constitucional, han resaltado el ánimo de llegar a acuerdos de los comisionados, que se ha traducido en un texto de 192 artículos aprobado en general por unanimidad.
Sin embargo, actualmente las cuatro subcomisiones debaten las cerca de 900 enmiendas que recibió dicho texto y en esta etapa comenzaron a acentuarse las diferencias.
Planificado o no, la votación de esas indicaciones comenzará los próximos días, es decir, cuando ya se conozca la composición del futuro Consejo Constitucional, por lo que podrán estimar si es mejor insistir con algunas normas en esta etapa o dejarlas para la próxima, cuando sean los consejeros quienes estén redactando.
Sectores del oficialismo —grupo que distintas encuestas prevén que podría tener menor representación que la derecha y la centroderecha— esperan que la Comisión Experta, donde las fuerzas políticas están equilibradas, logre un anteproyecto con un 80% de consenso. Hasta ahora, dicen, “el porcentaje de acuerdo aún es bajo”.
En la centroizquierda se postula que este consenso tiene relevancia estratégica: una vez instalado el Consejo (el 7 de junio), los expertos, que ya deberán haber entregado su anteproyecto, podrán participar de las sesiones con voz, pero sin voto, y se reducirá su influencia. Cuando el Consejo tenga su texto listo, los expertos podrán recomendar cambios, los cuales los consejeros podrán aprobar (por tres quintos de sus miembros) o rechazar (por dos tercios). Si no se alcanza ninguno de los quorum, se conformará una comisión mixta. Por ello se esgrime que algo planteado por expertos “del PC a la UDI” tendrá más peso político para cuestionar una eventual decisión de los consejeros que vaya en una línea contraria.
El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES),
Claudio Alvarado, cree que un anteproyecto con amplio respaldo de los expertos “ayudaría a transmitir que el proceso puede ser exitoso, que se aprendieron las lecciones del fracaso de la Convención. Sería un estímulo para los consejeros comprometidos con el buen término de esto”.
Magdalena Ortega, investigadora del CEP, opina que los expertos lograrán más acuerdos que desacuerdos, pero hay temas que no quedarían zanjados y podrían abordarse en el Consejo con equilibrios políticos distintos. “Pareciera que en la Comisión hay una fricción, una distinción de si debe quedar constitucionalmente consagrado un principio de libertad de elección entre sistemas públicos y privados, así como hay dos visiones bien contrapuestas sobre qué herramientas o diseño institucional aplicar para solucionar los problemas de fragmentación que vemos en el Congreso”, dice.
Efectos colaterales
En la derecha y centroderecha están expectantes respecto de qué sector de la oposición tendrá mejores resultados: si Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli) o el Partido Republicano. Y a eso se suma el factor del Partido de la Gente (PDG), que también podría conseguir consejeros.
Ni el P. Republicano ni el PDG firmaron el Acuerdo por Chile que posibilitó el nuevo proceso. En el ex-Congreso se reflexiona que si ambos logran un número de consejeros relevante que les permita, junto con la centroderecha, aprobar o rechazar normas, esto podría influir, como efecto colateral, en que sectores de centro y de izquierda evalúen votar en contra del texto final.
En la Comisión Experta ambos sectores están representados: Carlos Frontaura (por el P. Republicano) y Marcela Peredo (ex miembros del PDG). Los dos han participado de los acuerdos transversales y han tenido una actitud propositiva.
En sectores de Unidad para Chile (Apruebo Dignidad, PS y PL), si bien afirman que trabajarán por un texto que sea aprobado al fin del proceso, en privado comentan que se hará una primera evaluación en agosto para delinear los pasos a seguir y si continuarán apoyando el texto que se redacte.
Gabriel Negretto, académico del Instituto de Ciencia Política de la U. Católica, cree que si el balance de fuerzas del Consejo es similar al de la Comisión, “(el texto) en general no va a tener mayores problemas en ser aprobado”. Cosa distinta cree si la distribución es diferente: “Puede traer cierto ruido si la derecha más extrema, es decir, los republicanos, resultan muy bien posicionados en el Consejo respecto de la derecha tradicional como la UDI y Renovación Nacional, lo mismo si hay un apoyo relevante al PDG, porque ambos se han opuesto al proceso”, explica. Agrega que si la composición política es muy distinta, “se puede generar un proceso constituyente con dos cabezas. Es el peor de los casos, lo que no se buscaba tener”.
El académico de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile Marcel Aubry considera importante observar el “grado de polarización que haya en el Consejo. La Comisión tiene una alta representación del centro político: centroizquierda y centroderecha, mientras que los extremos tienen muy poca representación. Por lo que se ve, es probable que el Consejo termine con un peso importante de los extremos. Eso puede aumentar la polarización y dificultar los acuerdos”.
Asimismo, en el oficialismo están atentos a qué fuerza política de centroizquierda consigue más consejeros: Unidad para Chile (Apruebo Dignidad, PS y liberales) o Todo por Chile (PPD, Partido Radical y Democracia Cristiana). Igualmente, Negretto piensa que más allá de la decisión de competir en listas separadas, “van a tender a votar de manera similar”.
El llamado a anular
Según datos del Servel, en el plebiscito de entrada de 2020, con sufragio voluntario, hubo 27.381 votos nulos, es decir, el 0,36%. En el plebiscito de salida de septiembre pasado, con voto obligatorio, esas cifras crecieron y los nulos sumaron 200.664, representando el 1,55% de los sufragios.
Son cifras que estarán sobre la mesa este domingo debido al llamado de intelectuales, políticos y movimientos sociales de izquierda a anular. Gabriel Salazar (historiador), Rodrigo Karmy (filósofo), Marcel Claude (economista), Dauno Tótoro (activista) están entre quienes piden no marcar preferencia porque consideran a este proceso “antidemocrático” y un “fraude constitucional”.
A juicio de Aubry, la experiencia demuestra que con votación obligatoria los sufragios nulos y en blanco tienden a aumentar. Pero opina que si el domingo existe un alza de nulos, “va a producir una merma en la legitimidad que se le atribuye al proceso constitucional que se está iniciando”.
Los pueblos originarios
Dos candidatos, ambos mapuches, compiten por un cupo para pueblos originarios en la elección de consejeros. “Lo mas probable es que no salga electo ningún candidato, toda vez que el diseño electoral establece ciertos requisitos que en esta oportunidad resultan difícil de cumplir”, afirma Richard Caifal, presidente del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam.
Según la Constitución, dependerá de la cantidad de votos que obtengan los representantes indígenas si consiguen algún cupo. Por ejemplo, si la suma de los candidatos indígenas supera el 1,5% del total de votos válidamente emitidos en las 16 circunscripciones no indígenas, quien haya tenido más votos de los pueblos originarios podrá optar a un escaño dentro de los 50 consejeros.
“Lo anterior representa un escenario que será altamente cuestionado por diversos líderes indígenas y abrirá un flanco que se suma a otros como el reconocimiento constitucional y el proceso de consulta”, señala Caifal, quien apoyó la opción Rechazo el 4-S.
En la Comisión Experta tampoco hay representantes de pueblos originarios, aunque sí algunos más cercanos, pues la comisionada Antonia Rivas (FA) asesoró a la entonces convencional Tiare Aguilera (rapanuí) durante el proceso de la Convención.
