El tribunal no acogió la solicitud porque no entregaba medios de prueba de las supuestas faltas de la fiscal.
El Mercurio
El pleno de la Corte Suprema declaró inadmisible la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, presentada el pasado 20 de abril por un grupo de diputados.
En una decisión adoptada con el voto en contra de ocho ministros que estuvieron por acogerlo a tramitación, el máximo tribunal consideró que el requerimiento no entrega medios de prueba de las supuestas inconductas de la fiscal, por lo que no puede ser admitido a tramitación, ya que éste es un requisito esencial para que la fiscal pueda ejercer su derecho a defensa.
"Una revisión formal del libelo permite evidenciar que la parte requirente no acompañó, ni ofreció en su presentación, los medios de prueba de que se valdrá para demostrar los hechos en que se funda la causal de remoción invocada", señala la resolución.
Agrega que esta "anomalía tiene trascendencia en lo que aquí se revisa, por cuanto tal exigencia debía necesariamente cumplirse con la presentación del requerimiento de remoción", entre otras razones porque el proceso contempla la citación "a una audiencia de prueba donde deberá rendirse aquélla que se hubiere ofrecido" y, además, "tales antecedentes probatorios deben ser conocidos por la recurrida al momento de evacuar el traslado y ofrecer su propia prueba, para resguardar el correcto ejercicio de su derecho a defensa".
"Por las razones expuestas, el libelo de remoción incumple los requisitos legales para ser declarado admisible", concluye el máximo tribunal.
La solicitud de remover a la fiscal Marcela Cartagena de su cargo fue presentada por 15 diputados –de Chile Vamos, el Partido Republicano y el PDG–, que cuestionan su labor en la resolución de dos mediáticos casos en esa región: el del menor Tomás Bravo, en el cual aún no se ha determinado culpables; y el caso de Sergio Mardoff, joven que tras pasar 13 años desaparecido fue encontrado en el Servicio Médico Legal.
