La tarde del 21 de octubre de 2019, en el marco del estallido social, Danitza Araya, detective, llegó hasta un supermercado en Pudahuel para contener un saqueo. Allí fue atropellada y baleada, quedando con graves lesiones que hasta hoy aún no se recupera. Por orden "verbal" del director general de la institución, Araya vive desde hace tres años en la Escuela de Investigaciones Arturo Alessandri Palma, dada la facilidad que le otorgaba para asistir a sus terapias. No obstante, a finales de mayo presentó un recurso de protección contra la PDI acusando, entre otras cosas, hostigamiento por parte de la institución. En un informe presentado por la institución, solicitado por la Corte de Apelaciones, explicaron que ella y su familia residen hace tres años. Se cuestionó que la detective y su familia haría mal uso de las instalaciones y se indicó que a la fecha se han efectuado reembolsos y pagos de prestaciones médicas a su favor por más de $198 millones. En el recurso se señala que en reiteradas oportunidades "han concurrido al dormitorio de mi representada grupos de policías" donde habría sido "intimidada".
