Fuertes críticas surgieron a raíz de las modificaciones en los protocolos internos respecto a las solicitudes de refugio de personas migrantes.
Esto porque el escrito elaborado por el Servicio Nacional de Migraciones señala que independiente de si la condición de la persona es de ingreso o residencia regular o irregular, podrá realizar la solicitud.
El manual establece que una vez formalizada la solicitud, el Departamento otorgará una residencia temporal por ocho meses al solicitante y su familia, visa que se podrá prorrogar por periodos "iguales y sucesivos hasta que se resuelva la solicitud de refugio".
La elaboración de este documento se da porque la Corte Suprema le ordenó a Migraciones la elaboración de un manual sobre refugiados.
Al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, indicó que existe "una preocupación que es muy importante que tiene que ver con que el instrumento del refugio, la Ley de Refugio y todo el sistema de protección, está orientada para las personas que están siendo perseguidas en sus países por motivos políticos, religiosos, etcétera. Entonces, nos parece súper importante poder regular, que las personas que no están en esas situaciones o que tienen solicitudes, por decirlo así, infundadas o manifiestamente infundadas, no sobrecarguen el procedimiento de refugio".
Agregó que "hay acuerdo transversal en el sentido de que el refugio no es un instrumento de regularización para cualquier persona (...) Quienes puedan solicitar el refugio, sean personas que efectivamente están en una situación que requieren de atención internacional. El mensaje es claro. Este protocolo no viene a modificar este principio y este criterio que nosotros aplicaremos".
Jaime Araya (IND-PPD), señaló que "a nosotros nos parece un error grave, que nos puede llevar al absurdo de que hasta miembros del Tren de Aragua puedan tener una visa temporal de ocho meses".
En esa línea, anunció que "hemos solicitado que se deje sin efecto el manual y también, presentamos un proyecto de ley para poder márgenes".
Por su parte, el diputado socialista Tomás de Rementería respondió a las críticas que "esto es un cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, que ordena el Servicio Nacional de Migraciones de adecuar sus protocolos. Si al diputado Jaime Araya no le gustan los protocolos tendrá que cambiar la ley o generar un cambio en la constitución porque esto fue señalado por la Corte Suprema".
"Hoy día el Gobierno se dedica a cumplir un fallo de la justicia, adecua el protocolo y no vengamos en caricaturas, sabemos que el Tren de Aragua entró en el Gobierno del presidente Piñera, sin esta norma de la Corte Suprema y pidieron responsabilidad democrática. Acá lo que tenemos es una norma que genera la necesidad de autodenuncia, las personas siempre han podido pedir refugio, las personas que entraron por situación irregular, porque el refugio sabemos es un derecho que está establecido por el derecho internacional", agregó.
Cuestionamientos desde la oposición
Renzo Trisotti (UDI) planteó que "con este funesto manual, el Gobierno nos sigue demostrando que sus supuestos esfuerzos por combatir la migración irregular y devolverle, en parte, la tranquilidad a los vecinos del norte de Chile, son absolutamente falsos".
"Con esta resolución se le está abriendo la puerta a que en nuestro país se refugien criminales, delincuentes y narcotraficantes, se le está dando manga ancha a las organizaciones de trata de personas, a los traficantes, y todo con la total y absoluta complacencia de este gobierno", precisó.
Asimismo, el diputado republicano Johannes Kaiser señaló que "esta es una operación de Migraciones para hacerle un sabotaje a la política que está siendo impulsada en este Congreso de manera transversal para regularizar y controlar nuestra frontera".
