Comisión de Salud del Senado.
Aton
Luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos de aclaración presentados por el Gobierno y cuatro isapres, respecto a los polémicos dichos de la ministra Ángela Vivanco, quien abrió el debate sobre quiénes recibirían la restitución de los cobros en excesos por parte de las aseguradores, el Congreso se dividió.
"Se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados para los casos en que se dictaron", dijo el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez.
Por una parte, parlamentarios aseguraron que la decisión de no pronunciarse al respecto, esclarece que hay que remitirse al fallo original, por lo que excedentes deberán ser devueltos a todos los afiliados, de manera universal.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), indicó que "la resolución ratifica el fallo original en todas sus partes (...) el criterio original se mantiene y la ley corta se seguirá tramitando en estos meses para que esté resuelta antes del 30 de noviembre. Por ende, el episodio de la exvocera ha quedado al margen".
El senador Juan Ignacio Latorre (RD), señaló que "me parece muy contundente la respuesta de la Corte Suprema (…) el proyecto de ley corta que estamos tramitando el la comisión de Salud sigue siendo pertinente. El fallo es muy claro, entonces durante estos seis meses que nos dieron para tramitar el proyecto y generar la condiciones para el cumplimiento del fallo, acá corresponde que no existan perdonazos e interpretaciones distintas (…) es de carácter general y no particular".
En esa línea, el diputado Tomás Lagomarsino (IND), argumentó que "es muy positivo para nuestro estado de derecho que la tercera sala de la Corte Suprema haya descartado tener que aclarar su fallo respecto a las isapres".
"Esto demuestra que efectivamente se cayó en deshacimiento el poner el duda por parte de la ministra Vivanco dicho fallo. Espero que esto haya sido un impasse y que no sea necesario perseverar más en afirmar dicho fallo, que por cierto es claro que las isapres deben devolver los recursos cobrados en exceso a todos los afiliados", agregó.
Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) señaló que "me parece una resolución sensata por parte de la Corte Suprema y esperamos que ahora el lobby de la isapres se concentre en restituir los dineros a sus afiliados y no tratar de seguir con salvatajes como lo hicieron a través del Senado con proyectos que buscan desconocer la situación o como fue a través de la polémica tras las declaraciones de la exvocera".
"Espero que los esfuerzos de las isapres vayan en torno a la restitución de los dineros mal cobrados a sus usuarios", agregó.
Por otro lado, desde Chile Vamos y el Partido Republica, lamentan que el Máximo Tribunal no se haya pronunciado.
"Se ha agregado un nuevo elemento para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores. Los fallos de los recursos de aclaración presentados por la superintendencia y algunas isapres nos van a permitir dar certeza jurídica a los beneficiarios del sistema privado de salud", señaló el presidente de RN, senador Francisco Chahuán.
Agregó que "le hemos pedido a nuestros equipos jurídicos que logren dilucidar cuál es el alcance de estos fallos para poder dar certeza jurídica, pero hacemos un llamado al Gobierno a darle una solución definitiva a los nudos críticos que tiene el seguro privado de salud y esto implica ponerle urgencia al proyecto de ley que establece un plan garantizado universal espejo para los afiliados de Fonasa y de las isapres. Y también, coetáneamente, fortalecer Fonasa, separando del proyecto de ley corta aquellos elementos que nos permitan dotar al Estado de herramientas para administrar más rápidamente la lista de espera de aquellas personas que hoy día están en Fonasa. Resolver una reforma integral al sistema de salud es una urgencia ética, necesaria y urgente".
La diputada Marta Bravo (UDI), integrante de la comisión de Salud, señaló que dada la envergadura de esta sentencia, lo que uno hubiese esperado es que la Corte Suprema saliera efectivamente a aclarar las distintas interpretaciones que se generaron a partir de las declaraciones de una de sus integrantes, y no que sencillamente rechazaran los recursos sin emitir mayores comentarios".
De todas formas, dijo que "lo que uno puede interpretar es que volvemos al punto inicial, en el que el fallo sí tiene carácter de general y que involucra a todos los usuarios de Isapres que se les aplicó las tablas de factores".
Por su parte el diputado Agustín Romero (republicano) dijo que "la verdad es que el fallo ya existe y eso hay que tenerlo claro, pero es lamentable la resolución, porque yo creo que no nos va a quedar otra como poderes del Estado en que cada uno tenga que hacer lo que tiene que hacer. En ese sentido, el fallo de los tribunales tampoco nos obliga a nosotros como parlamentarios a tener que implementar una mala política pública".
"No me siento particularmente obligado a dictar una ley en un plazo que imponga la Corte. Por tanto, dado que la Corte Suprema, en este caso La Tercera Sala no quiere aclarar su fallo, es un fallo que naturalmente es oscuro, poco claro para la mayoría de los chilenos, es oscuro para el Gobierno, los parlamentarios, para las mismas industrias, no nos queda otra que dictar una ley que se viable y con la autonomía que le corresponde al poder legislativo no más", agregó.
En tanto, el senador Sergio Gahona (UDI), planteó que "los mandatados expresamente por la Corte al cumplimiento del fallo son la Superintendencia y las isapres recurridas. Las acciones que ellos adopten para el cumplimiento son algo que corresponde evaluar a los tribunales que dictaron esas resoluciones, ya que corresponde a una parte de su función jurisdiccional".
Por otro lado, Gahona sostuvo que "la ley corta genera más problemas que los que pretende resolver, y es en realidad un "fortalecimiento" de Fonasa encubierto. La Superintendencia ya ha implementado fallos de la Corte, sin una ley habilitante (basta ver lo que pasó con el fallo anterior de precios base). Además, el contenido de la ley no se condice con las intenciones declaradas del Gobierno, que es asegurar el equilibrio del sistema y resguardar a los afiliados, ya que ninguna de sus normas garantiza eso".
