Ángela Vivanco, Gabriel Boric, Carolina Tohá y Luis Cordero.
Aton.
Fue la ministra –ahora ex vocera- de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien a través de declaraciones vertidas en una entrevista abrió el debate sobre la efectiva interpretación del fallo del máximo tribunal alusiva a la devolución de cobros en exceso que deben hacer las isapres.
"Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron", fueron las palabras de la magistrada hace una semana que generaron incertidumbre en todos los incumbentes, teniendo en cuenta que el Gobierno ya se encuentra tramitando en el Congreso una ley corta para abordar la crisis de las prestadoras privadas de salud.
Ante este escenario, fueron seis los recursos de aclaración que recibió la Tercera Sala de la Corte Suprema –la cual había deliberado la sentencia- para así tener la respuesta definitiva sobre quienes deberían ser los beneficiarios de las devoluciones. Estos fueron enviados por el Ejecutivo, por cuatro isapres y un privado.
La polémica escaló hasta el Presidente Gabriel Boric, quien confesó que "sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco", pero que "los jueces hablan a través de sus fallos y no de sus entrevistas".
Debido a la tensión que se generó con otros poderes del Estado, la ministra Vivanco decidió este miércoles renunciar a la vocería de la Corte Suprema. "He presentado mi renuncia al cargo fundamentalmente porque, por el periodo de agitación posterior a una entrevista mía, que no di en mi calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo dejé en libertad de acción al pleno desde el punto de vista comunicacional. Esta renuncia se hace valer desde esta fecha", dijo la magistrada, luego que el mismo lunes el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, asegurara que sus palabras se trataban solo de "declaraciones personales".
Sin embargo, la controversia terminó de una forma sorpresiva luego de que, el viernes, la Tercera Sala del máximo tribunal –con ausencia de Vivanco-
rechazara todos los recursos, asegurando que "no hay nada que aclarar", lo que supuso que la interpretación que ya le había dado el Gobierno al fallo, plasmada en la ley corta, era la correcta.
O por lo menos así lo dieron a entender los diferentes ministros de Estado que abordaron la situación. Por un lado, fue el titular de Justicia, Luis Cordero, quien mencionó que "la Corte al rechazar todas las solicitudes de aclaración ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella".
El sábado, ya superada la polémica, la ministra del Interior Carolina Tohá tocó el tema, calificándolo como un "ruido innecesario". "Muchas personas estuvieron muy inquietas y finalmente al final de la semana terminamos en el mismo punto en que estábamos antes de esto. Es decir, la interpretación que había tenido el Poder Legislativo, el Gobierno, los actores de la sociedad que han estado encima de este tema fue la que ratificó la tercera sala la que siempre se entendió y la que del tenor del fallo sugería naturalmente", sostuvo.
Así, llamó a trabajar para buscar una salida que haga efectiva la sentencia: "
Que no se busquen soluciones que signifiquen eludir el fallo o hacer inviable su cumplimiento y nuestra labor como Gobierno es encontrar acuerdo en el Parlamento para que la solución sea viable".
En esa misma se refirió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien expresó que "lo que corresponde es avanzar en el plano legislativo, después de esta etapa en donde surgió esta duda en relación a la magnitud de las compensaciones".
Este lunes se retoma la discusión de la ley corta que se encuentra actualmente en la Comisión de Salud del Senado.
