El caso de la lactante fallecida en el Hospital Base de San Antonio por virus sincicial continúa abriendo flancos para la cartera de Salud. Esto, porque no sólo generó polémica la frase de la ministra Ximena Aguilera al señalar que aunque hubiera existido posibilidad de traslado, "era difícil" que la menor hubiera sobrevivido, sino porque también reconoció que no se llamó a la Clínica Las Condes (CLC) para consultar por disponibilidad de camas críticas.
"Con respecto al tema de la Clínica Las Condes, también averigüé y
sucede que hay un fallo de Contraloría que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes. Ahora, ciertamente por Ley de Urgencias se están usando esos servicios y entiendo que efectivamente no fue llamada la clínica", indicó ayer la secretaria de Estado en Mesa Central.
En esa línea, Aguilera sostuvo que "ahora, en situación de alerta (sanitaria) vamos a ver qué se puede hacer para utilizar esos recursos", y no quiso profundizar si lo ocurrido entonces sería un error de la cartera. "Depende, porque como están siguiendo la indicación que ha dado Contraloría, justamente voy a revisar ese tema y si la alerta sanitaria permite salvar esa situación".
Los dichos expusieron contradicciones. Y es que el propio subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, había dicho el jueves a CNN que pese a la sanción que tiene la Clínica Las Condes, "dada la situación de alerta sanitaria y por ley de urgencia, hemos derivado pacientes a dicha clínica".
No obstante, el viernes, el director médico de dicho recinto asistencial, Diego Mardones, dijo a Tele13 que "no hemos recibido pacientes del servicio público, a pesar de lo que dijo el subsecretario", y que sí tenían camas disponibles.
Es más, sobre este tema, el actual ministro de justicia, Luis Cordero, habría señalado en el pasado que "no hay nada más poderoso que el código sanitario", lo que implicaría, tomando como base sus palabras, que en el caso de una alerta sanitaria, sería factible haber llamado, en este caso, a la Clínica Las Condes.
Respuesta de Contraloría y la "confusión involuntaria" del Minsal
Esa misma jornada, la propia Contraloría salió al paso de las declaraciones de Aguilera, y a través de una publicación en redes sociales, señalaron que "en relación a lo expresado por la ministra de Salud, la Contraloría General de la República aclara que no ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados".
Más tarde, y en atención a lo señalado por el ente contralor, desde la cartera de Salud emitieron un comunicado donde se excusaron al señalar que hubo una una "confusión involuntaria".
"Lamentamos la confusión involuntaria, efectivamente la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años, es resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores", aseveró el Minsal también mediante Twitter.
Tohá dice que fue un "error" no haber contactado a CLC
Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que fue un "error" no haber contactado a la Clínica Las Condes por el caso de la lactante fallecida en San Antonio.
En conversación con Radio ADN, la secretaria de Estado sostuvo que "lo que se refiere a la mención de Contraloría, fue simplemente un error de mención, y no amerita más análisis. Fue un fallo del Tribunal Constitucional y la ministra cometió un error en la mención".
Posteriormente, la titular de Interior indicó que se "incurrió en un error" al no contactar con la Clínica Las Condes. "Cuando se hicieron los contactos con las distintas clínicas, según la información que manejamos, se incurrió en un error, en el sentido de no haber llamado a la Clínica Las Condes, porque si bien hay un fallo del TC, cuando hay emergencias, ese tipo de restricciones se pueden pasar por alto", sostuvo. Y agregó que "aquí aparentemente hay un error, pero se debe investigar bien, y si alguien se equivocó, saber quién fue y si corresponde, que sea sancionado".
"Cuando el subsecretario dijo que sí se estaban ocupando las camas de la Clínica Las Condes, es porque se supone que se debería haber estado ocupando, pero alguien cometió un error y no llamó por el fallo. Esto hay que aclararlo y se debe investigar", añadió.
¿Qué implica la alerta sanitaria?
En marzo de este año, el Minsal prorrogó la alerta sanitaria en el país hasta el 31 de agosto, y según detalló la ministra Aguilera, junto al covid-19, se incluyeron otras enfermedades respiratorias, precisamente aquellas que en este periodo circulan con mayor intensidad.
La alerta sanitaria permite que las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, Seremis, Servicios de Salud, ISP, Cenabast, entre otros organismos competentes, tengan facultades extraordinarias para, según se requiera: contratar personal sanitario, adquirir bienes, o equipamiento para el manejo de la urgencia, disponer de trabajo extraordinario para el personal, y contratar estudiantes de sexto año en adelante de la carrera de Medicina o a funcionarios acogidos al incentivo al retiro, etc.
El decreto además obliga a que los servicios públicos y demás organismos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, y otras entidades públicas o privadas, proporcionen colaboración y ejecuten las acciones que les sean requeridas por los órganos antes señalados.
En conversación con Emol, Luis Palacios, abogado constitucionalista de la USS sede Valdivia, explica que "la alerta sanitaria, es una institución extraordinaria, que facilita el actuar de las autoridades sanitarias. Por esa razón durante su vigencia pueden contratar personal adicional o acordar su traslado. También se incluye la contratación de aquellos bienes y servicios que se estimen necesarios".
"El caso concreto, está relacionado con una inhabilitación a la CLC para contratar con el Estado, derivada de un fallo judicial. Sin embargo, se puede estimar que dado el especial contexto de necesidad, en el cual además se comprometen vidas, está facultada la autoridad por el periodo extraordinario a omitir reglas que resultan válidas en tiempos de normalidad. Pero que deben admitir excepciones en tiempos igualmente excepcionales", comenta.
El abogado pone como ejemplo lo que ocurre bajo los estados de excepción constitucional, donde, "aunque los derechos están consagrados, se impone sobre ellos una suspensión o restricción, para resguardar un buen público mayor. Entonces, parece que este caso, lo razonable era resguardar como derecho fundamental, la salud y la vida de un menor de edad; y para ello tomar todas las medidas necesarias aunque puedan contradecir otros mandatos normativos".
¿Se podían solicitar camas a la CLC?
En conversación con este medio, la ex ministra y jefa de la unidad de salud pública de la Universidad Autónoma de Chile, Karla Rubilar, plantea que al momento en que la ministra Aguilera habla de una "prohibición de Contraloría", en realidad apunta a la restricción que tiene el Estado de contratar con la CLC en razón del Artículo 4 de la ley 19.886.
"Esta prórroga fue firmada por la actual ministra de salud, por lo que, a la luz de la normativa vigente, tenían todas las herramientas para contactar a todas la clínicas y hospitales, incluso si existiesen prohibiciones sobre estas, para disponer todas las camas UTI pediátricas disponibles".
Karla Rubilar, ex ministra y jefa Unidad Salud Pública U. Autónoma
La normativa señala que "podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal".
Rubilar recuerda que el martes 8 de noviembre de 2022, el Tribunal constitucional ratificó un fallo que dejaba a la Clínica Las Condes en "Dicom Laboral" por despido de trabajadores amparados en medio de la pandemia. Esto implica entonces que, por 2 años, CLC no podía firmar contratos con el Estado.
"Sin embargo, lo que la Ministra olvidó, es que en el inciso final del artículo 4 de la ley antes citada, existe una excepción a esta prohibición, donde se señala que, 'sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados'".
"En este caso, la excepción debía ser conocida por el Minsal ya que obedece a la prórroga de Alerta Sanitaria que rige desde el 23 de marzo (...) Esta prórroga fue firmada por la actual ministra de salud, por lo que, a la luz de la normativa vigente, tenían todas las herramientas para contactar a todas la clínicas y hospitales, incluso si existiesen prohibiciones sobre estas, para disponer todas las camas UTI pediátricas disponibles. Si no fuera por esta negligencia, tal vez Mia hubiese tenido una oportunidad", cerró.
