Durante esta jornada se dio a conocer el resultado de una investigación que desarticuló una organización criminal que mantenía un polígono de tiro sin los permisos y autorizaciones. El procedimiento dejó a seis personas, de las cuales cuatros tienen nacionalidad chilena y otros dos venezolanos, quienes cuentan con su documentación al día y permanencia definitiva.
En ese sentido, los imputados fueron formalizados por los delitos de infracción a la Ley de armas y asociación ilícita.
Según informaron desde la PDI, en el marco de la investigación se estableció que la estructura criminal publicitaba a través de redes sociales cursos de tiro. Esto bajo el nombre de "V-Raptor", y que obtenía armas y municiones para impartir las clases.
El operativo, que tuvo lugar el pasado sábado, se concretaron 10 órdenes de entrada y registro en nueve domicilios, además del polígono de tiro clandestino. Además, se incautó un fusil convencional; tres fusiles de airsoft; dos rifles convencionales; un rifle de airsoft; cuatro escopetas; 16 pistolas; una pistola de aire comprimido y una de airsoft.
Sumado a lo anterior, munición balística de diversos calibres; cargadores; cascos balísticos; chalecos antibalas; un drone; blancos de tiro; antiparras; y protectores balísticos, entre otras especies.
El jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado (s) prefecto Guillermo Gálvez, indicó en un punto de prensa que "una investigación que se lleva en conjunto con la Fiscalía Centro Norte hace aproximadamente 9 y10 meses con la finalidad de poder establecer los antecedentes que habían de un polígono clandestino en el sector de Quilicura, donde se producía trafico de armas y municiones".
Además, relató que "habían tres funcionarios de la PDI, también habían funciones de Carabineros" que participaban de esta instancia y que quedaron en calidad de testigos de la investigación.
"Hace poco tiempo salió un instructivo en el cual prohíbe participar en estos polígonos clandestinos o algún lugar donde no esté permitido disparar, ya que la institución tiene todas las condiciones anualmente para poder desarrollar estas prácticas de tiro y capacitación de funcionarios", agregó.
Asimismo, señaló sobre que el armamento que había piezas "debidamente inscritas" y que "quien lo ofrecía, se los arrendaba a estas personas venezolanas para practicar en los polígonos", agregando que "fueron parte de la policía militar".
La fiscal Tania Sironvalle, jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Centro Norte, sostuvo que "estas personas ya fueron formalizadas. Cuatro de ellas se encuentran en prisión preventiva, otra se encuentra en arresto domiciliario total y otra persona, que fue detenida en flagrancia y con munición, con otro tipo de cautelares".
"Ayer, uno de los instructores de nacionalidad venezolana se entregó voluntariamente a la policía respecto de que existía una orden de detención vigente y el día de hoy va a ser formalizado por formar parte de esta estructura criminal", precisó.
"En esta investigación pudimos establecer que existían dos empresas legalmente inscritas en nuestro país con el rubro de seguridad (…) ellos organizaban la convocatoria a los cursos de tiro que eran básico y avanzado", indicó.
Las personas que eran parte del polígono les arrendaban por $25.000 armas de fuego a los asistentes.
