Los resultados de la última prueba Simce vinieron a engrosar los motivos que aduce la oposición para levantar una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Las evaluaciones realizadas en noviembre del año pasado a estudiantes de 4° básico y 2° medio arrojaron una baja considerable en Matemáticas y un aumento en las brechas de género que concitaron las críticas, ya levantadas por la demora en la entrega de estos resultados.
Tras una serie de reconsideraciones sobre el contenido de la misma, la acusación será presentada este lunes 19 de junio. El documento se ordenaría en tres capítulos relativos al incumplimiento del deber ministerial; sexualidad y afectividad, y el presunto mal manejo de recursos públicos. La iniciativa cuenta hoy con el respaldado de la bancada Republicanos, los partidos de Chile Vamos y las dos diputadas de Socialismo Cristiano.
Con esa base, el líbelo parte con un piso de 64 de los 78 votos que requiere para prosperar en la Cámara. A eso hay que sumar la adhesión de parlamentarios como Yovana Ahumada, representante de Avancemos Chile, quien el 9 de junio dijo a Emol que apoyará la acusación, o la jefa de la bancada del Partido de la Gente, Karen Medina, quien aseguró haber estado participando en la elaboración del escrito.
Para prepararse ante la arremetida en la Cámara, el ministro y su equipo han contado con las orientaciones del jurista, político e histórico militante del PS, José Antonio Viera-Gallo. El abogado, que entre otros cargos fue ministro de la Segpres en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, desembarcó en el Mineduc el pasado mes de abril como asesor legislativo de Ávila.
Quienes conocen del rol de Viera-Gallo indican que su labor ha radicado en la revisión de distintos proyectos de ley, aconsejar al secretario de Estado sobre los mismos y tener apertura hacia los organismos que intervienen en las distintas mociones legislativas.
Sobre la acusación constitucional, la convicción el jurista es que no se darán las causales que establece la Constitución para visar el líbelo. En su opinión, el juicio político se inclinará hacia el mérito del desempeño del ministro, cuestión que a su parecer no corresponde bajo un régimen presidencial.
Lo anterior es una apreciación compartida en las bancadas oficialistas. Si bien desconocen el contenido del documento que prepara la oposición y por tanto, se ajustan a lo que se ha anunciado de la acusación, consideran que ella carecería de sustento jurídico.
"La principal estrategia es la argumentación del contenido de la misma acusación constitucional", sostiene un integrante de la comisión de Educación de la Cámara, aseverando que "el ministro ha sido objeto permanente de críticas infundadas y poco justas". Yendo más lejos, la misma fuente asegura que la acusación constitucional ha perdido fuerza antes de presentarse.
Desde la oposición en tanto, cuestionaron la existencia de un plan para defender a Ávila. De hecho, un parlamentario del Senado dice ver al ministro solo en la contención de las urgencias en Educación. "Los flancos en gestión se abren por muchos lados porque no hay esa fluidez para que él (Ávila) pueda ir solucionando los problemas", señaló, apuntando a que el secretario de Estado "no tiene llegada con el Presidente o con Hacienda" para resolver las dificultades.
Los refuerzos de Ávila
Cabe destacar que en un contexto de permanente cuestionamiento, ha sido el propio titular del Mineduc quien ha aplicado un rebaraje en su equipo en vías de mejorar la gestión. En diciembre de 2022, Ávila fichó al entonces director ejecutivo de Elige Educar, Joaquín Walker, como secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa Seamos Comunidad. Con él, incorporó a Andrea Osorio, quien fue directora de Aprendizaje para el Futuro en Fundación Chile, como jefa de la División de Educación General.
Dicho recambio también contempló el ingreso de otro socialista al circulo de hierro del ministro. El entonces jefe de gabinete de Ávila, Cristian Miquel (RD) fue reemplazado por Rodrigo Mora (PS), ex asesor legislativo de la senadora Isabel Allende entre 2011 y 2014 y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Segpres durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Por lo demás, Javiera Madrigal, quien antes integraba el equipo territorial de la subsecretaría de Educación, asumió un rol en el piso 7 del edificio ministerial como jefa de asesores del Mineduc.
