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Organizaciones sociales se reactivan para incidir en la propuesta de Constitución

Al ser minoría en el Consejo, el oficialismo se ha desplegado para que movimientos ciudadanos impulsen el debate de sus temas de interés ante el órgano.

16 de Junio de 2023 | 08:41 | Por Rocío Villalobos, Crónica Constitucional
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Distintas casas de estudios, como la Universidad de los Andes, están realizando actividades para incentivar la participación.

“Hay que presionar desde todos los lados”, decía una consejera en cupo oficialista el día lunes en el patio del ex-Congreso luego de que el pleno del Consejo Constitucional recibiera a la Secretaría de participación ciudadana. Esto, pues el 7 de junio inició no solo el trabajo de los consejeros, sino también el llamado “Mes de la participación ciudadana”.

Durante este período se abrieron cuatro mecanismos de participación: consultas digitales, diálogos ciudadanos, audiencias públicas e iniciativas populares de norma. Todos estos, según el reglamento, tienen por finalidad “recoger y facilitar oportunamente el proceso de participación de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que esta sea considerada en el debate constitucional”.

La consulta ciudadana corresponde a un mecanismo de participación virtual a través del cual la ciudadanía puede expresar su opinión sobre el anteproyecto. Por su parte, los diálogos —convocados o autoconvocados— consideran espacios de debate sobre el texto, tanto presenciales como de forma telemática. Ambos mecanismos se deben efectuar durante los primeros treinta días de instalado el Consejo, para que luego la Secretaría realice un informe que será entregado a los consejeros.

Además, a través de las audiencias públicas, los ciudadanos tendrán la posibilidad de llegar al ex-Congreso y ser escuchados, durante diez minutos, por los consejeros. Si bien originalmente se podían solicitar hasta este miércoles 14 de junio, esta semana se aprobó en el Congreso la petición realizada por el Consejo para ampliar el plazo una semana más, es decir, hasta el 21 de junio.

Hasta ese día también se podrán ingresar iniciativas populares de norma, que son propuestas de enmiendas al anteproyecto de los expertos redactadas por la ciudadanía. Luego estas se publicarán y entre el 23 de junio y el 7 de julio los interesados podrán firmar por aquellas que quieran apoyar. Las que consigan 10 mil firmas de al menos cuatro regiones del país, deberán ser debatidas por el Consejo.

En este escenario, distintas organizaciones ciudadanas se encuentran redactando e ingresando sus iniciativas populares de norma. Y si bien estas no se darán a conocer hasta la próxima semana, ya se han adelantado algunas temáticas, las cuales coinciden con los puntos donde la Comisión Experta no logró acuerdos.

Una de ellas es sobre los fondos previsionales. Al igual como lo hicieron durante el proceso de participación de la Convención Constitucional, la organización de “Con mi plata no” volvió a ingresar una iniciativa popular con la finalidad de incidir en el artículo sobre el derecho a la seguridad social, para “garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales”.

En el proceso anterior esta propuesta ciudadana fue la que consiguió más firmas (más de 60 mil y el requisito eran 15 mil), pero su planteamiento no fue acogido por los convencionales.

Por otro lado, la fundación Derecho y Defensa Animal —quienes cuentan con respaldo de algunos consejeros oficialistas— ingresó una iniciativa que propone: “Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación”.

Paridad, derecho al cuidado y derechos sexuales y reproductivos son temas que la izquierda impulsaba en la Comisión Experta, pero que no quedaron en el anteproyecto. Estos coinciden con temas que están promoviendo organizaciones como la Corporación Humanas y Nada sin Nosotras, las cuales lanzaron la campaña “Dejémoslo por escrito” y se encuentran trabajando en iniciativas populares para ser ingresadas durante el fin de semana a la plataforma de la Secretaría de participación.

Finalmente, otros temas que buscarán el apoyo ciudadano se relacionan al derecho a la vida, y la enmienda de oposición que no logró apoyo en la Comisión Experta. Allí, organizaciones como Familia, Fe y Vida buscarán incidir en el Consejo para consagrar la protección de “la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable”.

En búsqueda de apoyo


En el proceso de la Convención, las iniciativas populares se presentaron después de que los constituyentes habían ingresado sus propuestas de normas y las comisiones ya estaban trabajando en sus textos que serían votados en el pleno.

Ahora, estos insumos se entregarán antes de que termine el plazo de 40 días que tienen los consejeros desde que recibieron el anteproyecto para presentar sus enmiendas, por lo que podrían tener mayor incidencia en el texto.

Pero además, y especialmente desde la izquierda, el sector minoritario en el Consejo Constitucional, ven con especial atención estos mecanismos, sobre todo las iniciativas populares, porque estiman que estas podrían ser una forma de presionar por normas afines a sus ideas pero que ellos no tienen los votos para plasmarlas en el texto por sí solos.

El consejero Fernando Viveros (PC) sostuvo estar “convencido de que la posibilidad del éxito del proceso depende, en gran medida, de la fase participativa”. A su juicio, “este es un texto que se puede mejorar, pero si la derecha, republicanos, le mete manos y profundiza más en desigualdad social pone en riesgo con mucha fuerza el futuro positivo de este Consejo Constitucional”. Así, enfatizó en la importancia de las iniciativas populares de norma para su sector, pues “son la única forma que hoy tenemos de volver a instalar estos temas en tabla, independientemente de que incluso puedan ser rechazados, es poder dar una discusión social de cara al país”.

En la misma línea su par María Pardo (CS), en el pleno de este lunes, llamó “a las organizaciones sociales a entrar al diálogo en este proceso”. Agregó que “tan valiosas instancias como estas debieran también contemplarse en el borrador que presentemos a la ciudadanía a fin de año”.

Desde sectores de la oposición también han resaltado la participación, pero con un énfasis distinto. El consejero del Partido Republicano Sebastián Figueroa expuso ante el pleno su preocupación sobre “qué viene después”, instando a evaluar propuestas para “poder darle una continuidad a este trabajo y que no termine con el mes de la participación en julio, y en agosto demos despachado el ejercicio de participación”.

Finalizado el “Mes de la participación ciudadana”, la Secretaría elaborará su informe con la sistematización y análisis de los mecanismos, el cual será entregado el 21 de julio al Consejo Constitucional.

Universidades impulsan diálogos


El proceso de participación ciudadana está a cargo de la U. de Chile y la U. Católica, las que además de coordinar la realización de los cuatro mecanismos, están efectuando talleres, seminarios y diálogos.

Pero el reglamento del proceso constitucional establece que todos los planteles acreditados podrán colaborar. Es así como, por ejemplo, en la U. de los Andes tienen abierta la inscripción para ser parte de los 1.000 ciudadanos que podrán participar en los diálogos convocados, además de organizar diálogos autoconvocados hasta el próximo 28 de junio. En estos, además de reunir a la comunidad académica, están participando grupos de personas mayores, escolares de más de 100 establecimientos de distintas comunas, entre otros. Por otro lado, el plantel está realizando charlas y talleres.

Por su parte, en la U. Finis Terrae buscan participar del proceso a través de audiencias públicas con exposiciones del decano de la Facultad de Derecho, Ignacio Covarrubias, quien se referirá al alcance de la inviolabilidad de la dignidad humana, y con el académico Rodrigo Poyanco, quien expondrá sobre la relación entre la no discriminación y la igualdad de trato del Estado respecto de particulares y entre particulares. Asimismo, están organizando un seminario para analizar el anteproyecto y aspectos como Estado social, su relación con el principio de subsidiariedad, el principio de igualdad sustantiva y la no discriminación, el concepto de bien común, entre otros.

En tanto, la U. Diego Portales ha realizado distintos foros donde integrantes de la Comisión Experta han expuesto sus ideas en torno al anteproyecto elaborado. Además, la institución convocó a sus estudiantes, académicos y funcionarios a una jornada de diálogos el próximo viernes.

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