Frontis Municipalidad de Las Condes.
Aton
La auditoría encargada por la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), a la firma AZ, para revisar el proceso de compra de inmuebles para la construcción de un Cesfam, reconoce que existen problemas administrativos en el proceso, pero descarta la existencia de delitos.
La investigación penal se inició en marzo de este año a raíz de una denuncia que hicieron los concejales Catalina Sann Martín (EVO), Sergio Melnik (IND- Republicano), Leonardo Prat (IND-Republicano) y Patricio Bopp (IND), quienes denunciaron irregularidades en la compra debido a que la entidad comunal adquirió el inmueble por $852 millones.
Esto, mientras que
un mes antes de la transacción, la propiedad había sido vendida por $422 millones, pagando más del doble ($430 millones).
En el texto de la auditoría, se concluye que, producto de la investigación, se detectaron problemas administrativos en la compra de algunos de estos inmuebles. Esto implica que podría existir cierta responsabilidad administrativa para las personas que se encuentran involucradas en este caso.
Sobre las falencias del proceso, resaltan los problemas de coordinación entre las unidades del organismo vecinal, además de la insuficiencia en torno a la licitación pública y la inconsistencia entre las fechas de las cartas de oferta de ventas y del contrato de corretaje.
En el estudio, también se señala que no existiría un delito de falsificación de documento por quienes participaron de la redacción del acta del Concejo Municipal
En fin, finalmente se entregan siete recomendaciones finales a la entidad comunal.
