Daniela Dresdner, delegada presidencial del Biobío.
DPR Biobío.
Una nueva arista al interior de Revolución Democrática sumó en estas últimas horas la polémica por la asignación de recursos millonarios a la
fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, quien es pareja de la diputada
Catalina Pérez. Esta vez, las miradas apuntan a la delegada presidencial del Bío Bío,
Daniela Dresdner, quien milita en la misma colectividad.
Esto, porque Dredsner fue jefa de gabinete de la diputada Pérez entre 2018 y 2020, pero también porque la actual delegada -y su ex jefe de gabinete, Vicente Guzmán-, desempeñaron labores en la
fundación Urbanismo Social,
otra de las que resultan cuestionadas y están ligadas a miembros de RD.
Según trascendió, en el Bíobío hubo un trato directo que realizó el Serviu con la mencionada fundación, por un monto de 4.098 UF, es decir, por aproximadamente $148 millones. Dichos montos, estaban destinados a asesoras legalmente a 712 personas afectadas por los incendios forestales y que presentaban problemas como los documentos de sus terrenos o viviendas.
Dredsner descarta vínculos desde 2017
Consultada sobre este tema, la delegada Dresdner dijo esta mañana que "en los casos donde haya sospecha hay que investigar y poner todos los antecedentes sobre la mesa para que se pueda investigar y no existan dudas respecto de esto. Y cuando existan personas que son encontradas culpables de hacer cualquiera de estas cosas, también esas personas tienen que ser inmediatamente apartadas del Gobierno y llevar adelante los distintos proceso dentro de los partidos, porque esto no es aceptable".
"Quiero dar un mensaje a propósito de los parlamentarios que han referido este tema en la región, pedirles que ya que están tan interesados en los temas de la corrupción, que estamos todos tan interesados en la corrupción, para que también las personas que son encontradas culpables, no puedan estar en cargos públicos, ni siquiera elegidos popularmente, y creo que esos son proyectos que están en el Congreso y podrían avanzar de buena manera", agregó.
Consultada sobre su nexo con la Fundación Urbanismo Social, Dredsner comentó que "yo trabajé para la fundación Urbanismo Social, eso es algo que está en mi currículum, es algo que jamás se haya ocultado, pero nunca fui parte ni de los directorios ni de la dirección de ninguna manera, fui contratada para proyectos específicos en dos periodos y no mantuve ninguna relación con ella, desde que salí en 2017".
Respecto a los contratos de Urbanismo Social con el Minvu, la delegada precisó que esta fundación "está trabajando con distintas instituciones del Estado desde 2014, eso quiere decir, en varios gobiernos anteriores, incluido el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, donde existen contratos firmados a esta fundación por parte de los seremi de Vivienda anteriores y efectivamente durante este proceso también hay contratos firmados".
En esa línea, subrayó que "yo no he tenido nada que ver con esos contratos y está todo de manera regular y como se debe según la ley en la consecución de esos contratos por parte del Ministerio de Vivienda".
Fundación Urbanismo Social
Urbanismo Social, tuvo como director jurídico durante seis años, y hasta el 2022, al militante de RD, Rodrigo Hernández. El correligionario de Contreras y Andrade es actualmente seremi de Vivienda del Maule. Según reportó Meganoticias, la organización recibió $941,5 millones entre 2021 y 2022, sumando convenios, fondos concursables y subsidios.
Ahora bien, el 91% de estos recursos correspondieron a dineros entregados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta -que antes comandaba Contreras-, recibiendo un total de $804 millones en 14 meses. El medio consigna que el 85% de las transferencias recibidas por Urbanismo Social corresponde a convenios con el Serviu de Antofagasta, aún cuando la organización trabaja en siete regiones.
