El ministro de Desarrollo Social
, Giorgio Jackson, calificó como "inaceptable" el caso de los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, el cual involucra a militantes de Revolución Democrática, asegurando que el partido ha tomado
"todas las medidas", incluso más graves.
A casi una semana que estallara la polémica, el ministro y fundador del partido abordó por primera vez el conflicto recalcando que "esta situación que se ha denunciado es una situación inaceptable, que obviamente en estos momentos está siendo investigada por la Fiscalía, y que requiere que como Gobierno, como todos los actores responsables, el partido y todos los que puedan colaborar colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y sancionar a quien sea, sin importar que color político tenga".
Según el ministro, "más allá de los resultados de la legalidad respecto a estos hechos, es evidente que para quienes hemos estado durante tanto tiempo, tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y trasparencia esta es una situación doblemente grave. Por tanto, a nivel partidario que requiere al órgano en particular en el cual yo no participo, porque estoy en mi calidad de ministro, debe tomar medidas que sean ejemplares tal como lo ha dicho el Presidente".
Según el ministro, "ya están en el Tribunal Supremo (de RD) ambas personas involucradas en este caso, están con una suspensión temporal mientras dure el procedimiento y el Consejo político nacional ha solicitado la expulsión de ambos militantes, que es la máxima sanción que tiene el partido político, el resto lo verá la justicia, la Contraloría y los órganos pertinentes".
Consultado por las acusaciones de que se trataría de una práctica generalizada que involucra a otras fundaciones, el ministro dijo que "hoy tenemos conocimiento de un caso que es gravísimo y que nosotros hemos puesto todas las medidas e incluso las más graves que contempla nuestro estatuto partidario para poder sancionar, y en eso se está trabajado".
Sin embargo, afirmó que "no me parece sano para el trabajo que requiere la sociedad el que se intente a partir de un caso, tratar de que todos los casos ahora serían como cuestionables. Cuando tengamos pruebas de que algo se está haciendo mal que se investigue y se sancione, pero no me parece que ONG que han trabajado por décadas con distintos gobiernos de todos los colores políticos (...) hoy por ese hecho sean puestos en tela de juicio".
