Nuevos antecedentes se dieron a conocer el fin de semana en el marco del "Caso Convenios", que involucra al Ministerio de Vivienda (Minvu) y a la fundación Democracia Viva de Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Por lo mismo, diputados de oposición han sugerido que la situación de investigue en todas las regiones del país.
En concreto, el Minvu detalló que, una vez conocida la información al respecto, se asumieron "las responsabilidades políticas" -entre lo que se incluyó la salida de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas-, y se inició una investigación sumaria "que llevó adelante un equipo multidisciplinario del nivel central", detectando una serie de irregularidades.
Entre ellas, según reveló la cartera, estaba la de "un número de funcionarios contratados por esta fundación, que al parecer prestaban servicios en la Seremi, hecho que condenamos y por el que buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas, como penales".
"Lo que está sucediendo en el Minvu es una situación totalmente fuera de control. No es posible que el actuar de los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta pasara desapercibido por las autoridades correspondientes del nivel central. Ya costó el cargo a la subsecretaría, y no debe quedar solo hasta ahí. Es necesario una investigación de carácter judicial e incluso auditorías externas, ya que la institucionalidad al interior del Minvu está severamente vulnerada y ni el ministro está dando las garantías de poder llevar a cabo las reparaciones correspondientes. Es tal el grado de corrupción, que se deberían revisar de la misma manera todas las Seremi del Minvu en el país", dijo a Emol el diputado Víctor Pino (Avancemos Chile).
Una valoración similar hizo el diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada de Evópoli, quien enfatizó en que "no basta con la renuncia de la subsecretaria. Contraloría, Fiscalía y el Minvu deben investigar las platas transferidas a este tipo de fundaciones en todas las regiones del país. Sobre todo, aquellas con Seremis de Revolución Democrática".
"Pasamos de un supuesto 'error de criterio político', a descubrir una compleja trama de corrupción que involucra a importantes actores políticos cercanos al Presidente y a su círculo de hierro. Y ahora, personas que, siendo contratados por la fundación del Frente Amplio, Democracia Viva, recibían un sueldo en la misma Seremi de Vivienda", agregó.
Lo anterior, pese a que en el comunicado emitido por el ministerio, se precisó que "no es efectivo que funcionarios del Serviu o Seremi recibieran un sueldo adicional desde la fundación o que tuviesen doble contrataciones (...) Del levantamiento, podemos deducir que existían personas de la fundación que colaboraban en las instancias regionales del Minvu, situación que esperamos pueda esclarecer la justicia".
Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) aseveró que "sin duda alguna estamos frente a una maquinaria para defraudar al fisco" y por ello, lo calificó como "de la máxima gravedad". "Como en un plazo tan breve se han podido estructurar para robarle al Estado, es decir, a todos los chilenos toda esta cantidad de millones que, además, iban destinados a las personas que más lo necesitan, que son precisamente quienes no tienen su casa propia".
"Yo espero que el ministro de Vivienda tome las más drásticas decisiones en este tema que, gracias a la nueva legislación, también aporte para que quiénes estaban implicados cumplan las penas de cárcel que correspondan, porque aquí no solamente basta con aceptar renuncias de la subsecretaria o de algunos de los funcionarios de carácter regional, sino que aquí se tiene que escalar mucho más allá de tan solo la responsabilidad administrativa o política, aquí también se tiene que hacer valer la responsabilidad penal", puntualizó.
Además, advirtió que "el ministro está en una encrucijada importante, pues él va a tener que demostrar que efectivamente, primero, no estaba involucrado, que no tenía conocimiento como ha trascendido, sino que también que él no va a tolerar ni aceptar situaciones como estas, y para eso va a tener que realizar acciones concretas".
La diputada Flor Weisse (UDI) apuntó a que este es "otro elemento que agudiza el problema, que por lo que hemos tenido la posibilidad de conocer, es un desfalco, una situación que aparentemente reviste carácter de delito, por la manera de actuar".
"Es grave, porque las personas que se desempeñan en las fundaciones y también lo hacen en Serviu, tienen acceso a la información privilegiada, tráfico de influencia, están en condiciones de ejercer presión, afecta la imparcialidad y pueden, desde adentro en concomitancia y coordinación, 'armar las artimañas', que son las que precisamente hoy tienen en un gran problema de probidad al Gobierno. Por eso, es tan importante que la función pública sea relevada a su lugar, y que quienes entren a desempeñar alguna labor, estén dispuestos a servir y no a servirse", manifestó.
La jefa de bancada del PDG, Karen Medina, reiteró su mención al titular Carlos Montes: "Todos están hablando y condenando, porque se destapó la olla. Aquí la responsabilidad del ministro Montes está pasando jabonada al sacar la subsecretaria. Él es cabeza de este ministerio y es un político de trayectoria y de muchos años de experiencia. Él sabe que esta figura que existe, para liberar platas a través de fundaciones, se ha ocupado por mucho tiempo y distintos Gobiernos lo hacen. ¿Dónde está la fiscalización? Si los funcionarios aquí no anuncian este problema y no lo sacan a la luz, hubiese sido muy difícil detectar, por lo tanto, la figura que se ocupa por partidos políticos por distintos Gobiernos es el problema".
Por el contrario, desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría expuso que respalda "las acciones del ministro Montes. Hay que poner todos los antecedentes en manos de la justicia y, en paralelo, es necesario avanzar en una legislación que sea más rigurosa en este tipo de situaciones".
Ya desde la vereda oficialista, la diputada Camila Musante (IND pro PPD) comunicó que "los antecedentes que cada día surgen en el caso de aportes a fundaciones son cada vez más reprochables y vulneran completamente la confianza ciudadana. El ministro Montes debe investigar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y la denuncia que realizará mañana es un avance, pero es insuficiente".
Por último, el diputado Matías Ramírez (PC) expresó que "sin duda, lo acertado en este tipo de situaciones en que se vinculan los hechos de la fundación Democracia Viva, es que se inicien todas las acciones, sean administrativos o judiciales, para el esclarecimiento de los hechos".
"Administrativamente, lo que corresponde son los sumarios que debe liderar en este caso el Ministerio de de Vivienda y, por su parte, creo que lo importante es que el Ministerio Público haga de manera rápida y efectiva todas aquellas diligencias que permitan determinar o no la existencia de delitos imputados a esta transferencia directa a la fundación. Creo que acá no se puede tener ni un doble estándar ante potenciales hechos de corrupción y, en ese sentido, creo que lo que ha hecho el Gobierno de poner a disposición todos los antecedentes, me parece que es sin duda es el camino correcto", concluyó.
El ministro decidió viajar este martes hasta la región de Antofagasta para entregar personalmente a la Fiscalía los datos recabados en la indagatoria.
