La ENU, el proyecto de la UP que buscaba construir “una sociedad socialista humanista”

Corría marzo de 1973, y el ministro de Educación del Gobierno de la Unidad Popular, Jorge Tapia, se mostraba tajante: “La decisión está tomada: no es el momento de dudar un segundo que la reforma va y que el año 1973 es el año de la Escuela Nacional Unificada”.

No era una afirmación cualquiera. La ENU, como se le conocía, era quizás la principal política que pretendía impulsar el gobierno de Salvador Allende durante ese año. Se trataba de una reforma sustancial al sistema educacional vigente, que encontraba su origen en el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, en el que se hablaba de “un sistema educacional radicalmente transformado”.

En la parte relativa a cultura y educación, el documento planteaba que “las profundas transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo”.

Para ello, continuaba el texto, “el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada”.

En numerosos discursos Allende había mencionado a la educación como uno de los pilares fundamentales del proyecto de la Unidad Popular. Por ello mismo fue un tema que estuvo presente en el Pacto de Garantías Constitucionales que el Mandatario debió suscribir para que la Democracia Cristiana apoyara con sus votos en el Congreso la elección del líder socialista como Presidente, tras haber obtenido solo una mayoría relativa en los comicios del 4 de septiembre de 1970.

El compromiso firmado establecía, entre otros aspectos, que “la educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización (...) La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática, y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial”.

El gobierno quiso revestir a la ENU como una política que surgiría tras una amplia participación. Así lo describe el historiador Alejandro San Francisco en el libro “Historia de Chile 1960-2010”: “La UP organizó desde marzo de 1971 una serie de congresos locales y provinciales, que culminarían en el Congreso Nacional de Educación, efectuado entre el 13 y 16 de diciembre de 1971, y cuyas conclusiones serían el soporte político y técnico de los cambios pedagógicos (...) Sin embargo, a pesar de este ánimo plural, el espacio estaba dominado por delegados de la Central Única de Trabajadores y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (...) Estas entidades estaban alineadas con el Ejecutivo y promovían la Escuela Nacional Unificada”.

Y esto quedó reflejado en la síntesis de los informes de las comisiones que participaron en este Congreso. En ellas se habla que “el sistema educacional estará sustentado en los valores del humanismo socialista” y que “el equilibrio entre el individuo y la sociedad ha de favorecer el máximo desarrollo de la personalidad y la supresión del individualismo en el contexto en que el valor de la persona debe expresarse fundamentalmente en función de los valores sociales”.

Sin embargo no fue hasta marzo de 1973 que se desató un amplio debate a nivel nacional en torno a la ENU, luego que el Ministerio de Educación presentara lo que se conoció como el “Informe sobre Escuela Nacional Unificada”, documento que dotaba de contenido al proyecto educacional del gobierno, y que se planteaba como uno de sus objetivos específicos el “contribuir al desarrollo armónico de la personalidad de los jóvenes en los valores del humanismo socialista”.

Entre otros aspectos el texto señalaba que “la perspectiva estratégica que ilumina la nueva política educacional presupone la construcción de una sociedad socialista humanista, basada en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, en la superación de la dependencia económica, tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas relaciones de propiedad y en una auténtica democracia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo del poder por el pueblo”.

La ENU apuntaría a la instauración de una “educación permanente”, la que se entendía “como una educación de masas, por las masas y para las masas, en una sociedad como la socialista, en que la comunidad va progresivamente organizándose para asumir colectivamente la responsabilidad de educar a sus miembros, mientras que las instituciones regulares de enseñanza que hasta ahora han mantenido una especie de monopolio educacional muy caro a las minorías dominantes, van paulatinamente suprimiendo las barreras que las separan de la vida social concreta e integrándose realmente a ella (...) La educación permanente constituye, por lo demás, la única respuesta viable a los requerimientos de una sociedad en tránsito revolucionario”.

En cuanto a la educación particular reconocida por el Estado, se señalaba que esta mantendría “su organización administrativa actual y todos sus deberes y obligaciones. En virtud de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, deberá adoptar los contenidos y la estructura curricular de la ENU”.

En entrevista a la revista Punto Final, Iván Núñez, superintendente de Educación, y quien aparecía como la cabeza del equipo técnico que elaboró el proyecto, afirmaba que el informe sobre la ENU se lanzó “para motivar un debate público sobre la crisis educacional y sus posibles soluciones. No se trata de un decreto ni de una decisión completamente elaborada. Es un material para la discusión”.

Sin embargo las críticas a lo que implicaba la ENU no tardaron en asomar. Y la primera en reaccionar no fue la oposición política al gobierno de la Unidad Popular, sino la sociedad civil, comenzando por la Facultad de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC): “Detrás de una hueca afirmación de ‘pluralismo’, el informe en referencia pretende convertir a la educación chilena en un instrumento de concientización política al servicio del marxismo. Todo su texto demuestra confundir el concepto de ‘educación’ con el de ‘adoctrinamiento’. Se reconoce la pretensión de ‘moldear nuevas generaciones de chilenos’, subordinados en lo político al ‘proceso de transición al socialismo’, y sometidos en lo personal ‘a los valores del humanismo socialista’”.

En tanto, la Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados de los Liceos Fiscales de Chile expresó que el proyecto era “atentatorio a la libertad de educación y pensamiento de nuestros hijos”.

Según reconocería posteriormente el cardenal Raúl Silva Henríquez, la ENU significó “el peor problema que la UP enfrentara con la Iglesia”.

Es que tras conocerse el Informe, en una declaración pública en representación de la Conferencia Episcopal el cardenal reconoció que “la reforma educacional es indispensable porque el actual sistema está en crisis”, y valoró algunos aspectos, como “la incorporación de todos los chilenos a un proceso educativo que no discrimina a nadie por su capacidad económica, su condición social o su posición ideológica, y ofrece a todos las mismas opciones de acuerdo a sus diversas capacidades”.

Sin embargo luego expresaba preocupación por lo que significaría el proyecto: “Por muy pluralista que se proclame el informe, no vemos destacados en parte alguna los valores humanos y cristianos, que forman parte del patrimonio espiritual de Chile y al que se adhieren un altísimo porcentaje de los estudiantes y de los padres de familia”.

Advertía que, “en cambio, se da por establecido que el país acepta, en forma mayoritaria, un planteamiento que se declara ‘socialista, humanista, pluralista’, y revolucionario, en circunstancias de que una parte considerable del país se manifiesta en desacuerdo, con este planteamiento en sí mismo, o con la forma como se le quiere llevar a la práctica”.

Pese a las críticas, el gobierno seguía mostrándose firme e incluso no descartaba “saltarse” el Congreso: “El gobierno anterior hizo su reforma educacional por simple decreto, ¿por qué nosotros no?”, señaló el 29 de marzo el ministro Jorge Tapia. “Nadie que sea honesto y capaz puede afirmar que la ENU atenta contra la libertad de enseñanza y la educación particular. En lo primero, no se afectan en nada las normas constitucionales y legales, conservando cada persona o comunidad el derecho a fundar la educación que le plazca o a complementar los planes oficiales de estudio con las disciplinas que estime necesarias”, agregaba el secretario de Estado.

Por su parte, Camilo Escalona, uno de los presidentes (ver recuadro) de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (Feses) argumentaba que la ENU “es una nueva concepción de la educación que concibe la formación del alumno como un proceso permanente, que se materializa en la unificación de las diversas ramas de educación, que actualmente están irracionalmente divididas en industrial, humanista, comercial, técnica, etcétera, lo que ha significado desperdigar esfuerzos y desperdiciar recursos (...) Este es el paso más importante que se ha dado hasta la fecha para resolver la crisis educacional, que perfeccionándose e integrándose con la sociedad encontrará en ella la fuente fundamental de apoyo y de recursos para seguir adelante”.

En el mundo político, la Democracia Cristiana, de la voz del entonces senador Patricio Aylwin, también reconocía la necesidad de una reforma educacional, pero no de una “manifiestamente destinada a servir de instrumento al objetivo político-partidista de concientizar a los niños y jóvenes chilenos dentro del ideario marxista-leninista que inspira a los partidos gobernantes”.

Por su parte, el Frente de Educación Media de la Juventud del Partido de Izquierda Radical calificaba al proyecto como “la improvisación misma, inconstitucional y significa avanzar peligrosamente por el camino de la dictadura”. Mientras, el Partido Nacional expresaba que la ENU implicaba “instrumentalizar a los niños de Chile, transformándolos en objetos al servicio de una ideología extranjera e inhumana”.

En su libro de memorias, Silva Henríquez relata que el arzobispo de Valparaíso Emilio Tagle lo fue a visitar. “Raúl, tú tienes que ir a hablar con el Presidente para detener esto. ¡Tienes que hacerlo, cuanto antes!”. Y así ocurrió. El cardenal acudió a La Moneda a expresarle al Mandatario que “el asunto de la ENU había tocado una de las fibras más sensibles de la Iglesia” y que el proyecto no garantizaba ni ofreció el pluralismo propio que debía regir a la educación. El cardenal habría solicitado la postergación de la puesta en práctica de la ENU —contemplada para el 1 de junio— con el fin de permitir un amplio debate nacional, en que participen plenamente los padres de familia y también los directores, profesores de colegios fiscales y particulares, los alumnos según su edad, y “todos los organismos nacionales preocupados del destino de Chile”.

Allende habría culpado al ministro Tapia por la precipitación en presentar el Informe de la ENU, y se comprometió a postergar la reforma, señaló el cardenal.

Sin embargo pasaban las semanas y el ministro continuaba promoviendo el proyecto. “Nosotros sabíamos que en la idea general había tenido especial importancia el PS, para lo cual se había inspirado en el modelo aplicado por la República Democrática Alemana, una de las más rígidas dictaduras del bloque soviético. Los radicales que mandaban en el Ministerio de Educación habían hecho suya la ENU, y ahora la defendían con particular obstinación”, señaló Silva Henríquez en su libro.

Pero las intenciones del gobierno sufren un duro revés el 11 de abril cuando, en los que algunos consideran un paso en falso, el ministro de Educación se reúne con unos 150 oficiales de las Fuerzas Armadas para exponer el proyecto. En la ocasión, los uniformados le hicieron presente su malestar al secretario de Estado, y ese mismo día los obispos de la Iglesia Católica emitieron una segunda declaración en la que reiteraban su oposición al “fondo del proyecto”.

Los caminos se le cerraban para la ENU. Al día siguiente el ministro Tapia envió una carta a Silva Henríquez aceptando la propuesta de postergar el proyecto, lo que fue explicitado por el Presidente Allende en su mensaje del 21 de mayo:

“Los propósitos de la Escuela Nacional Unificada fueron distorsionados por algunos y objetados por otros con razones respetables. Frente a esto último, el gobierno adoptó la decisión de postergar su implantación, a fin de asegurar el diálogo, al cual siempre está abierto”... Así, la ENU llegaba a su fin.

Una de las primeras organizaciones civiles en expresar su rechazo a la ENU fue la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES). Se trataba de una entidad que representaba a unos 120 mil estudiantes de unos 70 liceos fiscales. De ahí su interés por dirigirla, lo que quedó en evidencia en las reñidas elecciones de noviembre de 1972.

En estas se presentaron cinco listas, entre ellas, una de la JDC, que llevaba como candidato a Miguel Salazar; una de la Unidad Popular, que encabezaba el socialista Camilo Escalona, y otra de la Juventud Nacional, con algunos aliados menores, que llevó a Andrés Allamand.

Sin embargo, se dio una peculiaridad, dos listas se atribuyeron el triunfo: la de Camilo Escalona y la de Miguel Salazar. “Arrasa la DC”, tituló La Prensa, mientras Puro Chile señalaba “Ganó Escalona”.

Las cifras oficiales del Tribunal Calificador de Elecciones fueron impugnadas por la izquierda. Oficialmente, de los 15 cargos del órgano ejecutivo de la FESES, nueve recayeron en la DC, cuatro en la UP y dos quedaron en manos de la Juventud Nacional. Sin embargo esta resolución se dio cuando los representantes de la lista de la UP ya se habían retirado de la sede.

Finalmente, Escalona y Salazar se autoproclamaron simultáneamente ganadores de la elección y, con ello, hubo públicamente dos presidentes de la FESES.