Un terremoto político sacude al oficialismo, tras revelarse el caso de los millonarios convenios suscritos entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD). A menos de dos semanas de que se destapara la trama y a medida que se van conociendo nuevos antecedentes, la situación ha ido escalando al punto que algunos ya lo asocian a lo que fue el "caso Caval" para el Gobierno de Michelle Bachelet.
Ya hay varias investigaciones en curso, tanto en la Cámara de Diputados como en Contraloría y el Ministerio Público; se produjo la renuncia del seremi de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), e incluso la oposición evalúa interpelar al ministro de la cartera, Carlos Montes (PS).
Repasemos los principales hitos que han marcado el caso hasta ahora:
La situación sale a luz y renuncia el seremi de Antofagasta
La primera señal de alerta saltó el 7 de junio, cuando la diputada Yovana Ahumada (independiente, ex PDG) envió un oficio a la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta solicitando mayor información sobre tres trasferencias de dinero –por un total de $426 millones– que dicha repartición realizó a la fundación Democracia Viva. En concreto, pidió saber por qué se eligió a una fundación con sede en la Región Metropolitana, sin experiencia en el área de Vivienda y cuáles habían sido los beneficios para la población.
Lo que luego salió a la luz es ya conocido: que Democracia Viva estaba vinculada a miembros de RD. El presidente de la fundación, Daniel Andrade, era militante de ese partido y pareja de la diputada Catalina Pérez (también RD), que a su vez había trabajado con el ahora ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras (RD), quien fue su asesor. También que Andrade era, al mismo tiempo, asesor del Ministerio de Defensa.
El caso se hizo más público cuando, el 16 de junio, el seremi Carlos Contreras salió a defender, en "El Diario de Antofagasta", los convenios firmados con Democracia Viva y explicó que el objetivo era implementar mejoras en los campamentos de la región. Al día siguiente, el seremi renunció al cargo, mientras que Andrade también hizo lo mismo en el Ministerio de Defensa.
La arremetida de la oposición contra la diputada Catalina Pérez
La situación escaló rápidamente a nivel político y el lunes 19 de junio la UDI anunció que presentaría una moción de censura de la mesa directiva de la Cámara de Diputados si es que la diputada Catalina Pérez no renunciaba a la segunda vicepresidencia.
Si bien en un primer momento la parlamentaria descartó dimitir, al día siguiente dio un punto de prensa en el Congreso, donde anunció que suspendía de facto su participación como vicepresidenta de la Cámara, aunque acusó un "aprovechamiento político" de la situación. Tras esto, la UDI retiró la censura contra la mesa directiva, y Vlado Mirosevic (PL) se mantuvo en la presidencia de la Corporación.
Poco después, el Consejo Político de RD solicitó al Tribunal Supremo del partido expulsar de sus filas a Daniel Andrade y al ex seremi Carlos Contreras. Posteriormente, pidió suspender la militancia a la diputada Catalina Pérez y presentar una querella contra quienes resulten responsables. El partido, que en un principio habló de un "error político", terminó endureciendo el tono.
Fiscalía y Contraloría abren investigaciones
El caso trascendió el terreno político y el Ministerio Público abrió una investigación de oficio, a cargo del fiscal regional de Antofagasta, Christian Aguilar, para indagar tres posibles delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Con esto, de comprobarse su culpabilidad, los involucrados arriesgan penas de hasta 10 años de cárcel.
Como parte de esta investigación, el viernes la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realizó allanamientos simultáneos, en la seremi de Vivienda de Antofagasta y en las oficinas de Democracia Viva, ubicadas en un departamento de la calle Exequiel Fernández, en la comuna Ñuñoa. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, en la fundación no se pudo incautar ningún elemento, ya que no había computadores, una secretaria o personal que trabajara en la entidad, lo que refuerza la posibilidad de que la fundación se trate de una "fachada".
Por su parte, la Contraloría General de la República también inició una investigación por posibles irregularidades administrativas o ilegalidades en el traspaso de recursos públicos, a través de contratos directos, desde la seremi a la fundación, e instruyó al Ministerio de Vivienda para que entregue los antecedentes.
La "responsabilidad política" la subsecretaria de Vivienda
El 22 de junio se abrió una nueva arista en el caso, luego de que "El Mercurio" revelara que el 2 de mayo funcionarios del Serviu de Antofagasta habían alertado de la situación a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también militante de RD), a través de un correo electrónico. Sin embargo, no se habrían tomado medidas.
Tras conocerse este dato, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, defendió a la subsecretaria y afirmó que cuando ella recibió la información lo conversó "con el ministerio, el ministro y también con todo su gabinete".
Además, le pidió información al respecto al seremi de Antofagasta: "El problema es que la información que le fue entregando el seremi (a la subsecretaria) fue como parcial, fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio", explicó.
Con estas declaraciones, Latorre involucró al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), al dar a entender que éste estaba al tanto de la denuncia.
Sin embargo, esto fue rotundamente negado por el ministro Montes, quien aseguró que "el presidente de Revolución Democrática se equivocó". Finalmente, fue la propia subsecretaria quien, el sábado 24 de junio, salió a aclarar que sí tuvo conocimiento del caso Democracia Viva y que "no alcanzó" a advertir a Montes antes de que explotara el caso. Tras esto, el mismo día el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia.
Pese a ello, el caso igualmente ha salpicado al ministro. Diputados de RN solicitaron a la Contraloría que se pronuncie sobre la eventual responsabilidad que le cabe al secretario de Estado en el caso, mientras que la UDI junto al PDG evalúan interpelarlo, acusándolo de "falta de liderazgo" para manejar el tema. Tampoco descartan presentar más adelante una acusación constitucional en su contra, si se llega a comprobar alguna responsabilidad de su parte.
Funcionarios de la fundación que prestaban servicios en la seremi
El último capítulo de este caso se abrió este domingo, cuando el Ministerio de Vivienda informó que, en el sumario interno, se detectó que hay "un número de funcionarios contratados por esta fundación (Democracia Viva), que al parecer prestaban servicios en la seremi" de Vivienda. "Existían personas de la fundación que colaboraban en las instancias regionales del Minvu, situación que esperamos pueda esclarecer la justicia", señaló la cartera en un comunicado.
Junto con "condenar" el hecho, el Minvu afirmó "buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas, como penales". Aunque subrayó que "no es efectivo que funcionarios del Serviu o seremi recibieran un sueldo adicional desde la fundación o que tuviesen dobles contrataciones".
Tras estos hallazgos, la cartera informó que solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinar el curso judicial a seguir.
Lo que viene: Montes viaja a Antofagasta y se cumple plazo de Contraloría
Esta semana también se espera que ocurran distintos eventos relacionadas con el caso. Este martes, el ministro Carlos Montes viajará hasta Antofagasta, para entregar personalmente a Fiscalía los antecedentes recabados en el sumario interno que se realizó en el Minvu.
En tanto, el día jueves se cumple el plazo de 5 días que dio el contralor Jorge Bermúdez a esa cartera para que rinda cuentas sobre el traspaso de fondos a Democracia Viva y a todas las fundaciones sin fines de lucro, entre 2022 y 2023.
Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra recopilando los antecedentes para decidir si se querella por el caso. Ya recibió la información de la Fiscalía Regional de Antofagasta y el Ministerio de Justicia se comprometió a hacerles llegar aquellos que están en su poder. A esto se suman los antecedentes que les entregará el Minvu.
En paralelo, se espera que continúen las diligencias en el marco de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta.
