En menos de una semana, la polémica por millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva tomó por asalto el debate público, mantiene en el foco al partido Revolución Democrática (RD) del Frente Amplio y ha puesto los ojos sobre la asignación de recursos públicos a organizaciones como fundaciones y ONG, entre otras.
Lo que comenzó con la revelación de la firma de tres convenios con la fundación Democracia Viva —cuyo representante legal es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez— por $426 millones, ha derivado, hasta ahora, en una investigación del Ministerio Público, la presentación de querellas y que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenara detener la toma de razón de convenios y contratos que signifiquen traspaso de fondos fiscales a dichas entidades.
Lo ocurrido ha sido tema de discusión obligada y ha puesto en la palestra la probidad, el buen uso de los recursos públicos, la fiscalización a entidades públicas y privadas, y la lucha contra la corrupción.
Por ello no es extraño que esta semana en los pasillos del ex-Congreso se dieran apasionados debates entre comisionados, consejeros y asesores respecto del tema.
Algunos intercambios incluso han recordado que, entre las cosas a rescatar de la Convención pasada, estuvo el diagnóstico de elevar los estándares sobre probidad.
El texto rechazado el 4-S proponía el capítulo “Buen gobierno y función pública”, que declaraba que “el principio de probidad consiste en observar una conducta funcionaria responsable e intachable”, escrito calcado al de la ley orgánica de la administración del Estado. Además establecía: “Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción”.
El principio de probidad ya existe en la Carta Fundamental desde las reformas de 2005. La actual Constitución dice que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
Ahora, en aspectos formales, el texto de los expertos nombra 15 veces “transparencia”, 13 “probidad”, tres “buen uso de recursos públicos” y dos “corrupción”. Por ejemplo, el artículo 10 de los llamados “Fundamentos del orden constitucional” indica que “es deber del Estado garantizar la integridad pública. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, observando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. La corrupción es contraria al bien común y su erradicación es un especial objetivo de los órganos del Estado”.
Además plantea que la Contraloría revisará “la probidad en el ejercicio de la función administrativa”, énfasis que no existe en la Constitución vigente.
Las bancadas del Consejo ven con buenos ojos lo planteado por los expertos, pero hay consenso en que esto se puede mejorar, tesis que tomó fuerza tras conocerse el caso de Democracia Viva.
Contra el abuso de la fe pública
El consejero republicano Luis Silva valora que los comisionados establecieran el deber del Estado de garantizar la integridad y transparencia pública, y que se declare la necesidad de regular conflictos de interés, entre otros puntos, pero ve “espacios para ir más allá, redactando al menos un párrafo que sancione como inconstitucional el abuso de la fe pública. Una sociedad sana se sostiene en los vínculos de confianza que existe entre sus miembros, y cuando esa confianza se daña, es el entramado social en su conjunto el que se afecta”.
Su par republicano Antonio Barchiesi, presidente de la comisión de Función jurisdiccional y órganos autónomos, piensa que junto con la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad de carácter supraterritorial que propone el anteproyecto, es importante “considerar también la creación de tribunales especializados en delitos complejos, como la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Lo ocurrido con Democracia Viva ha impactado a los militantes de RD, entre ellos a consejeros como Julio Ñanco y Kinturay Melin. El primero, delegado de la bancada de su partido e independientes, cuenta que preparan enmiendas “que fortalezcan la probidad, la transparencia y que incluyan normas anticorrupción en la función pública. Estamos observando con atención y realizando un seguimiento de todas las enmiendas que ingresen por iniciativa popular de norma y que contribuyan en este sentido”.
Una de ellas, bajo el nombre de “Por un Estado sin pitutos” y que al cierre de esta edición sumaba casi 8 mil apoyos (necesita 10 mil para ser debatida en el Consejo), tiene entre sus fundamentos “crear una Agencia de Calidad de Políticas, Servicios y Programas Públicos que evalúe la efectividad y eficiencia de servicios, programas y políticas públicas”.
Para Melin, la probidad debe reflejarse en el seguimiento y fiscalización del gasto público. Y agrega: “Contraloría necesita mayores facultades administrativas para lograr cumplir el cometido, entendiendo que es la integridad publica la que está en juego. A nivel constitucional, ya sean instituciones públicas o privados, es importante considerar que la corrupción es un problema de carácter general, y afrontarlo implica tomar en cuenta que los dineros públicos que se gasten deben tener un peso mayor por su importancia política y ética”.
Primeros consensos
El debate por la probidad podría transformarse en el primer gran acuerdo transversal entre los consejeros. Así lo ve Yerko Ljubetic (Convergencia Social) quien opina que “aquí hay una oportunidad de generar una transversalidad en el Consejo en el sentido de mejorar y fortalecer y profundizar incluso los avances que en esta materia (probidad) ya tiene el anteproyecto”.
Explica que buscará socializar que se otorguen herramientas a Contraloría para fiscalizar a “las corporaciones que generan municipios como el caso de Vitacura”. El exalcalde de dicha comuna Raúl Torrealba está imputado por supuestamente haber desviado fondos públicos usando las corporaciones “Vita”.
El compañero de bancada de Ljubetic, Fernando Viveros (PC), cree relevante que los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas vayan más allá de las instituciones públicas y recaigan en “aquellas instituciones privadas que administren recursos públicos, pero también en las empresas privadas”.
Marcela Araya, consejera socialista, resalta que como bancada celebran que el borrador consagre el derecho de acceder a la información pública, en especial, la constitucionalización del Consejo para la Transparencia (CPLT). “Sin embargo, lamentamos que este derecho y el mandato fiscalizador del CPLT hayan quedado enmarcado solo en los órganos del Estado, y no en todo órgano que reciba fondos públicos”, por lo cual preparan una enmienda.
La norma que no fue
Ivonne Mangelsdorff, consejera de la bancada RN-Evópoli, argumenta que serán dos las aristas que propondrán: el combate “al mal uso de los recursos públicos, donde efectivamente tiene que haber mayores sanciones, pero mayor control en el uso, y que sean todos licitados; como también mejorar los requisitos para ingresar a la administración pública”.
La consejera Ivón Guerra (UDI) relata que como una regla general su bancada pedirá “que los recursos públicos se asignen vía concurso y, en seguida, pedir transparencia respecto de las fundaciones, corporaciones y demás organismos sin fines de lucros, respecto de quienes son sus directivos, objetivos y los recursos públicos que percibe. Todo esto con la modernización del Estado”.
Además, desde los republicanos y Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli) han considerado reponer una redacción propuesta en la subcomisión de Principios por el comisionado Jaime Arancibia que no llegó al texto final de los expertos. El escrito establecía que la Constitución garantizará “la concursabilidad en el acceso a los cargos, contratos y bienes públicos, así como los principios de estricta sujeción a la normativa,
igualdad, imparcialidad, transparencia y probidad que la rigen”.
Desde fuera del Consejo, Guillermo Jiménez, académico de Derecho Público de la U. Adolfo Ibáñez, opina que “una manera de mejorar las posibilidades de prevención y correcciones de estos casos (como podría ser el de Democracia Viva) es vinculando la idea de probidad o integridad al cumplimiento de una función pública o el empleo de recursos públicos, con independencia de la naturaleza privada del órgano”.
